Cristina Fernández de Kirchner sabe que las instancias locales se agotaron y que incluso la ofensiva judicial puede agravarse en los próximos meses con otras causas en curso. Por eso, la ex presidenta decidió llevar la contraofensiva al terreno internacional al anunciar la presentación de su caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Lo hizo a través de una columna de opinión publicada en simultáneo en medios internacionales como El País de España y Libération de Francia: Fue un gesto que buscó impacto simbólico con el objetivo de disputar el sentido global de su condena.

El recurso ante el organismo con sede en Ginebra busca impugnar el fallo de la “Causa Vialidad”, que la inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos y le impuso una pena de seis años de prisión que actualmente cumple bajo arresto domiciliario. El departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, ha mutado en una suerte de “Puerta de Hierro” con auditoría judicial.

Para la ex mandataria, la decisión de los tribunales trasciende lo individual e impacta en las reglas del juego democrático: cuando el Poder Judicial deja de actuar como garante de derechos para convertirse en actor político, sostiene Cristina, la calidad institucional se corrompe.

En su escrito, enfatizó que no busca un privilegio, sino el restablecimiento de garantías procesales básicas: “No se trata de recurrir a una instancia internacional por mera disconformidad con decisiones judiciales. Se trata de someter al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos la actuación de quienes condujeron mi juzgamiento”.

Para respaldar esta línea argumental, calificó la inhabilitación perpetua como una vía de “proscripción” contra “la única mujer electa y reelecta para ejercer la Presidencia de la Nación Argentina”. En la carta, Cristina sostuvo que la proscripción perpetua es la “pena principal” y la privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria. “Quieren impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas”, manifestó. También inscribió en este proceso de “hostilidad política y machismo estructural” el atentado sufrido el 1 de septiembre de 2022, al que definió como “un episodio de extrema gravedad que puso en riesgo mi vida y evidenció hasta qué punto la violencia política puede amenazar la convivencia democrática”.

La internacionalización del reclamo implicó además un rediseño de su equipo técnico. Para robustecer la presentación ante las Naciones Unidas, la defensa encabezada por Alberto Beraldi incorporó al jurista brasileño Rafael Valim —pieza clave en la estrategia que permitió revocar las condenas contra Luiz Inácio Lula da Silva— y al exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Javier Borrego. La movida excede la mera búsqueda de prestigio externo: constituye una inyección de solvencia técnica y rodaje internacional orientada, también, a aplacar los cuestionamientos internos y externos que venía cosechando la estrategia de Beraldi. 

El equipo apunta a demostrar ante el Comité de la ONU que el Estado argentino vulneró el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La jugada busca replicar el precedente regional de revisión internacional del lawfare, en un escenario donde las vías internas parecen cerradas tras la ratificación del fallo por la Corte Suprema y el posterior decomiso de bienes por 684.990 millones de pesos dictado a mediados de 2026.

Mientras la estrategia formal apuesta a los tiempos pausados de los organismos de Ginebra, la discusión en el plano local transita por andariveles de mayor crudeza. En una reciente entrevista concedida a 4Palabras, el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni ofreció un diagnóstico contundente sobre el margen de acción disponible y cuestionó la eficacia de la vía estrictamente legal.

Para el jurista, la resolución del caso no provendrá del entramado judicial sino de la correlación de fuerzas políticas. “Esa situación hay que resolverla políticamente antes de la elección del año que viene”, analizó Zaffaroni. En diálogo con este medio, trazó una metáfora extrema sobre la urgencia del escenario: “Yo me ofrezco a estar, no a conducir, pero sí a estar… A estar arriba de un helicóptero y la sacamos aprovechando las dos horas de terraza, la sacamos. Esa es la única vía que encuentro”. 

Pero también agregó que, después de la elección presidencial de 2027, si se logra la mayoría necesaria, “lo primero que hay que hacer es un indulto y después una amnistía. Con el indulto se le saca la pena, se la suelta y con la amnistía se le borra el delito”.

En la entrevista, Zaffaroni descartó las alternativas parlamentarias impulsadas por dirigentes como Miguel Ángel Pichetto al señalar que provocarían la excarcelación masiva de presos comunes, e insistió en que cualquier solución estructural exige construir una mayoría legislativa sólida que remodele el sistema de juzgamiento.

“El nuevo presidente lo primero que tendría que hacer es ir a la casa, sacarse la banda presidencial, orinar e inmediatamente firmar todos los proyectos de ley para cambiar el Poder Judicial. Porque si no, no va a poder gobernar. Con este Poder Judicial no gobierna nadie. Estamos hablando de solucionar la situación de Cristina. Pero el futuro político depende de la mayoría política”, expresó..

Desde la perspectiva del ex magistrado, una amnistía general debería englobar los expedientes que, a su criterio, configuran una persecución sistemática —incluida la causa “Cuadernos”— para encuadrar conceptualmente el fenómeno del lawfare. «La amnistía tiene que ser general, no puede ser dirigida a una persona en particular. Hay que caracterizar todos esos casos, indultar a todos y amnistiar en grupo. Amnistiaría a Milagro (Sala), a Cristina, por supuesto», concluyó.

Entre la apelación a los tribunales de Ginebra y las propuestas de amnistía o indulto en el frente interno, el caso de Cristina Kirchner sigue exponiendo la fractura medular del sistema político argentino: la imposibilidad de tramitar los conflictos de poder sin que la justicia se convierta en el principal terreno de batalla.

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