El resultado de las pruebas PISA volvió a poner a la educación argentina en el centro de la conversación pública. Entre rankings, culpables y explicaciones instantáneas, el aporte de especialistas para mirar detrás de los números, discutir qué está pasando en las escuelas y devolver al debate aquello que el ruido suele dejar afuera: docentes, políticas, recursos y tiempo.

Por Lucrecia Rodrigo y Myriam Feldfeber

El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es una evaluación trienal dirigida a jóvenes de 15 años que busca medir en qué medida pueden aplicar conocimientos y habilidades en situaciones diversas.

Las críticas a PISA son conocidas: los límites metodológicos de su escalamiento, las dificultades para comparar sistemas educativos muy diferentes, la reducción de la calidad educativa a un conjunto acotado de competencias y la influencia que un organismo económico internacional ejerce sobre las agendas educativas nacionales. Esas objeciones siguen siendo pertinentes. Pero hay otra discusión que suele recibir menos atención: qué hacemos con los resultados una vez que se publican y cómo se los convierte, casi inmediatamente, en una explicación sobre el estado de la educación.

En Argentina, PISA 2025 dejó resultados preocupantes. El país obtuvo 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias, todos por debajo de 2022. En Matemática y Lectura son los puntajes más bajos desde que existe la serie comparable. En Ciencias, área en la que se concentró esta edición, la proporción de estudiantes que no alcanza el nivel mínimo llegó a su valor más alto.

No apareció, sin embargo, un problema completamente nuevo.

En Matemática, el porcentaje de estudiantes que alcanza el nivel mínimo viene descendiendo desde hace años: fue del 36% en 2009, 34% en 2012, 31% en 2018, 27% en 2022 y 24% en 2025. Dicho de otro modo: hoy tres de cada cuatro estudiantes evaluados no alcanzan ese umbral. La serie excluye 2015, cuando los resultados argentinos no fueron considerados comparables debido a problemas con la muestra. En Ciencias, el 59% quedó por debajo del nivel mínimo en 2025, frente al 56% registrado en 2006.

La persistencia de los malos desempeños debería volvernos más cuidadosos con las explicaciones. Ocurrió lo contrario.

Apenas conocidos los resultados, el Ministerio de Capital Humano atribuyó la caída a “gestiones anteriores”, especialmente a las kirchneristas. Pero los estudiantes evaluados en 2025 tenían 15 años: su trayectoria escolar transcurrió durante gobiernos de distinto signo político y atravesó, además, la pandemia. Convertir el resultado de una prueba tomada en un momento determinado en el balance de una sola gestión exige ignorar esa historia.

Hay, además, una contradicción con la lectura que el propio Gobierno hizo meses atrás de los resultados de Aprender 2025. Entonces se adjudicó parte de la mejora al Plan Nacional de Alfabetización lanzado en 2024, aunque la cohorte evaluada prácticamente no había transitado su escolaridad bajo esa política. La vara parece moverse según el resultado: si mejora, confirma la eficacia de la gestión; si empeora, demuestra el fracaso heredado.

Las explicaciones centradas exclusivamente en las pantallas, el clima del aula o una determinada gestión tampoco alcanzan. Pueden formar parte del problema, pero no explicarlo por sí solas. La educación tiene tiempos bastante menos compatibles con la urgencia de un comunicado de prensa.

No es una particularidad argentina. PISA se presta desde hace tiempo a ese uso político. Los gobiernos celebran los puntos que suben, buscan responsables cuando bajan y los rankings ofrecen una traducción tentadora para fenómenos que requieren años para comprenderse.

La propia serie argentina debería alcanzar para desconfiar de los diagnósticos instantáneos. Entre 2022 y 2025 el país retrocedió 11 puntos en Matemática, mientras otros países de la región mostraron comportamientos diferentes en algunas áreas. Tampoco existe una caída mundial uniforme: mientras el promedio de la OCDE descendió con fuerza durante la última década, varios sistemas educativos del este asiático conservaron desempeños elevados. Es un proceso largo, complejo y desigual, bastante menos dócil que el relato que suele acompañar cada lanzamiento.

Las explicaciones centradas exclusivamente en las pantallas, el clima del aula o una determinada gestión tampoco alcanzan. Pueden formar parte del problema, pero no explicarlo por sí solas. La educación tiene tiempos bastante menos compatibles con la urgencia de un comunicado de prensa.

Eso no significa relativizar los resultados.

PISA evalúa competencias en Lectura, Matemática y Ciencias poniendo el acento en la capacidad de utilizar conocimientos y habilidades frente a distintos problemas y contextos. Sus resultados ofrecen información relevante, pero no equivalen a una medición exhaustiva de lo que se enseña ni de lo que sucede dentro de las escuelas. Tampoco registran todos los saberes que una sociedad puede considerar valiosos. Sirven para formular preguntas; bastante menos para deducir, por sí solos, qué política educativa debería aplicarse.

La discusión importante empieza justamente ahí.

Si los resultados muestran dificultades persistentes, la respuesta no puede limitarse a encontrar al gobierno responsable del último número publicado. Hace falta discutir políticas sostenidas y articuladas entre la Nación y las provincias, condiciones de enseñanza, formación docente, desigualdades sociales y recursos para las escuelas que trabajan en los contextos más difíciles.

Incluso con todos los cuestionamientos que pueden hacerse a PISA y al papel de la OCDE en la definición de la agenda educativa global, sus propios informes destacan la importancia de sostener a los docentes y fortalecer a las escuelas que concentran mayores dificultades.

Y es ahí donde la discusión sobre los resultados de 2025 se cruza inevitablemente con las decisiones que está tomando el Gobierno nacional. Mientras el oficialismo utiliza PISA como evidencia del fracaso educativo heredado, la inversión educativa nacional cayó un 40% real en 2024 y se proyecta que descienda al 0,73% del PBI en 2026. Se eliminó el FONID y el Plan Nacional de Alfabetización —presentado por el propio Gobierno como una de sus políticas educativas centrales— sufrió un recorte superior a los 35 mil millones de pesos.

Es difícil separar una discusión de la otra. Si se reclama que los resultados educativos sean evaluados con seriedad, también deben formar parte del análisis las condiciones materiales con las que las escuelas y los docentes deberán intentar modificarlos.

Porque quizás la principal contradicción no esté en PISA. Mientras se discute durante días quién tiene la culpa de un puntaje, bastante menos espacio ocupa la pregunta por las políticas capaces de modificarlo. Los resultados educativos necesitan explicaciones, pero también escuelas, docentes, recursos, continuidad y tiempo.

Ese desacople entre el escándalo por el número y el silencio sobre las políticas de desmantelamiento educativo es la anomalía que habría que explicar.

Lucrecia Rodrigo es investigadora CONICET/UNO/IICE-UBA

Myriam Feldfeber es investigadora FFyL, IICE-UBA

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