Frente a la decisión adoptada por el gobierno de impedir el ingreso a la Casa Rosada a los periodistas que allí cumplen funciones, quizás valga la pena preguntarnos como sociedad si, además de este, no hay otros motivos de indignación que estamos naturalizando y acerca de los cuales no nos manifestamos. Interrogarnos también si impedir el ejercicio de la profesión perjudica solo a los periodistas y, en todo caso, si esa es la única afectación a sus derechos y calidad de vida.

Washington Uranga

La decisión del gobierno de impedir el acceso a la Casa Rosada a los periodistas acreditados no puede sorprender ni llamar la atención de quienes vienen observando las permanentes violaciones al derecho ciudadano a la comunicación que es esencial a la democracia. Solo a modo de ejemplo basta recordar la norma que dificulta el acceso a la información pública, pero también la permanente falsificación de datos que hace el presidente y sus ministros. La medida actual puede ser calificada apenas como la “frutilla del postre”.

Demás está decir que cerrar el acceso a los periodistas a la sede del gobierno es un hecho grave en sí mismo y que no existe –por más que se invoque– ningún motivo de tamaña importancia que lo justifique. Menos cuando se alude de foma imprecisa y de alguna manera incomprobable la existencia de una supuesta conspiración y el riesgo de la seguridad presidencial. En todo caso el riesgo está en otro lado: en la naturalización que como sociedad estamos haciendo de la reiterada violación de derechos en la que incurre cotidianamente el gobierno de Javier Milei que, además, pretende presentarse invariablemente como “víctima” y señalar como enemigos a quienes opinan –así sea levemente- distinto que el oficialismo.

Lo grave, en todos los casos, es el silencio o la indiferencia social frente a las arbitrariedades y a las injusticias. Un silencio sórdido que también incluye ambiguas declaraciones formales o de ocasión de gran parte de la dirigencia política.

Es grave que –en éste como en otros casos— se naturalice el atropello a los derechos que como sociedad conseguimos en democracia. Privar al periodismo de acceso a la información se suma a la larga lista que incluye negarse a la aplicación de leyes aprobadas y ratificadas por el Congreso que afectan a las personas con discapacidad o a las universidades públicas, o la abolición de políticas sociales que perjudican a los más pobres, pero se ubica en la misma línea de conducta que instala como “natural” la represión a los jubilados que reclaman por sus derechos o a quienes pretenden protagonizar sus protestas en las calles, en el espacio público, reclamando mejoras salariales.

CitaEs repudiable que el presidente repita como un mantra que “no odiamos lo suficiente a los periodistas” porque habla no solo de su intolerancia sino de su incapacidad para aceptar la diferencia como parte de la convivencia en sociedad.

Groseramente antiético es al mismo tiempo que todo eso se haga en nombre de “la libertad”. Pero no menos grave es que el avance que ahora se hace contra los trabajadores de prensa acreditados en la Rosada sea tratado de manera tan liviana –hasta el punto de parecer cómplice— por las empresas y los conglomerados mediáticos que en otro tiempo –y por mucho menos— acusaron a los gobiernos por el “abuso” de las cadenas nacionales.

Es repudiable que el presidente repita como un mantra que “no odiamos lo suficiente a los periodistas” porque habla no solo de su intolerancia sino de su incapacidad para aceptar la diferencia como parte de la convivencia en sociedad. Es el mismo presidente que califica de “basura” al 90% de los periodistas, los acusa de mentir, calumniar e injuriar y no pedir perdón ni retractarse de lo que él considera “comportamientos aberrantes”.

¿Acaso alguien ha escuchado al Sr. Presidente retractarse o pedir disculpas por la incontable cantidad de mentiras y agravios que salen de su boca o a través de sus posteos en redes sociales? ¿O debemos entender que eso también es parte de la “nueva moral” de la política que pronto Milei tratará de compartirnos en un libro ya anunciado?

La decisión que impide a los periodistas acceder a su lugar de trabajo en Casa Rosada merece la condena. Pero, en realidad, no es un ataque solo contra los periodistas. Es una violación más de los derechos democráticos que son avasallados a diario por la gestión libertaria. En consecuencia, es un nuevo avance contra la democracia misma. Sin perder de vista que también se violan los derechos de los trabajadores de la comunicación cuando las empresas que los contratan les pagan sueldos que –en muchos casos– ni siquiera alcanzan a cubrir la canasta básica.

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