Masivo reclamo de intendentes frente a Economía por fondos retenidos y obras paralizadas

Bajo la consigna de defender el federalismo y la infraestructura básica, más de 150 jefes comunales de todo el país —desde el peronismo y el radicalismo hasta el vecinalismo— se unieron en un acto de fuerte carga política ante el Ministerio de Economía. Exigen que el Gobierno nacional reactive las obras públicas paralizadas y devuelva los fondos recaudados mediante el impuesto a los combustibles, denunciando una asfixia financiera que pone en riesgo la contención social en los municipios argentinos.

Redacción 4Palabras

En una jornada que marcó un hito en la resistencia territorial contra las políticas de ajuste del gobierno nacional, un centenar de intendentes de diversos puntos del país se concentraron este martes frente al Ministerio de Economía, en las inmediaciones de la Casa Rosada. La movilización, coordinada por la Federación Argentina de Municipios (FAM) y apuntalada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, tuvo como eje central la entrega de un petitorio al ministro Luis Caputo, exigiendo la inmediata restitución de fondos para obras públicas y una revisión a la baja en el precio de los combustibles.

La columna, que reunió a representantes de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza y Tierra del Fuego, evidenció una transversalidad política poco frecuente. En la Plaza de Mayo convergieron sectores alineados con el gobernador Axel Kicillof, referentes cercanos a Máximo Kirchner, dirigentes del Frente Renovador, y una comitiva de jefes comunales de extracción radical y vecinalista. Todos coincidieron en un diagnóstico común: la asfixia financiera que sufren los distritos ante el recorte de transferencias nacionales y la paralización total de la infraestructura básica.

El foco del conflicto radica en la ejecución de los impuestos que los ciudadanos abonan en cada carga de combustible. Según un informe del Instituto Argentina Grande, en los dos años y cuatro meses de gestión de Javier Milei, el gobierno nacional ha recaudado un total de $6,1 billones a través de tributos específicos que, por ley, deben destinarse a infraestructura, pero que permanecen subejecutados. Esta cifra se integra por $3,1 billones del ya extinto impuesto PAIS y $3 billones provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).

La preocupación es total en los municipios, considerados «la primera línea de contención social». La falta de mantenimiento en rutas, la ausencia de obras hídricas, sanitarias y educativas, y el incremento del 23% en el valor de las naftas —traccionado por el conflicto en Medio Oriente y la desregulación interna— han generado un combo que los gobiernos locales califican como insostenible.

La falta de mantenimiento en rutas, la ausencia de obras hídricas, sanitarias y educativas, y el incremento del 23% en el valor de las naftas —traccionado por el conflicto en Medio Oriente y la desregulación interna— han generado un combo que los gobiernos locales califican como insostenible.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, fue uno de los principales armadores de la jornada. El funcionario fue contundente sobre la naturaleza del reclamo: “El reclamo es federal, incluye a más de 150 intendentes de todo el país, no es una provincia, es todo el país. Exigimos al Gobierno nacional que baje el litro del combustible y que además hagan las obras que con el fondo tienen la obligación y responsabilidad. Es un fraude, un robo, es un delito que se queden con la plata de todos los que cuando cargan el tanque de nafta, una parte de ese valor va a una cuenta para hacer obras”.

Katopodis también denunció la falta de interlocución por parte del Ejecutivo nacional, y señaló que, a pesar de los constantes pedidos de audiencia, no han sido recibidos por las autoridades de la cartera de Economía. En el acto, también estuvieron presentes otros integrantes del gabinete bonaerense como Carlos Bianco, Cristina Álvarez Rodríguez y Silvina Batakis.

Desde el gobierno de Kicillof destacaron que la movida no solo sirvió para visibilizar el conflicto por la obra pública, sino también para mostrar una coalición amplia que incluye a radicales y vecinalistas preocupados por la caída del 24% en la coparticipación promedio. Ante la falta de respuestas, varios de los presentes adelantaron que el próximo paso será la judicialización de los reclamos, entendiendo que la retención de fondos con asignación específica constituye un incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte del Gobierno nacional.

Luego de la entrega del petitorio en el Palacio de Hacienda —gesto que se realizó mientras el ministro Caputo disertaba en la AmCham—, la actividad se trasladó a la sede de la FAM. Allí estaba prevista la presencia del gobernador Kicillof y su par riojano Ricardo Quintela.

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