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Se consolida la crisis habitacional y los desalojos económicos alcanzan un récord histórico

Se consolida la crisis habitacional y los desalojos económicos alcanzan un récord histórico

Casi el 30% de los inquilinos del país está en emergencia habitacional y el desalojo económico bate récords. A medida que el costo de la vivienda se desvincula de los salarios, alquilar deja de ser una solución habitacional para convertirse en un factor estructural de empobrecimiento.

Redacción 4Palabras

Los datos revelados por la Encuesta Nacional Inquilina de junio de 2026, elaborada por Inquilinos Agrupados y la Federación de Inquilinos Nacional revela que el 29,7% de los hogares inquilinos se encuentra en situación de emergencia: sobrecarga financiera, endeudamiento, mora y mudanzas forzosas.

El relevamiento, que reúne respuestas de 808 hogares distribuidos en 16 provincias, expone las consecuencias de la desregulación sobre los sectores medios y populares. El valor mediano del alquiler a nivel nacional alcanzó los $656.500, registrando un incremento del 12% en apenas seis meses, cifra que supera holgadamente la evolución de los ingresos promedio en el mismo período.

Uno de los indicadores más críticos expuestos por el estudio es el salto en los desalojos económicos. Un 20% de los encuestados -un quinto del total- tuvo que mudarse en el último año por la imposibilidad de pagar el alquiler, marcando el registro más alto de la serie histórica. El mapa territorial refleja brechas profundas: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mantiene la media más elevada con $700.000, pero las provincias del interior ($665.000) ya superaron los costos promedios de la Provincia de Buenos Aires ($600.000). La tasa de mudanzas forzosas es más aguda fuera de la capital nacional, alcanzando el 22,6% en el interior y el 21,5% en territorio bonaerense, frente al 17,5% de CABA.

El análisis según la composición familiar evidencia la naturaleza regresiva del mercado inmobiliario. Mientras que el ingreso promedio total del hogar se estanca a partir de los dos integrantes -ronda entre $2,28 y $2,44 millones-, la necesidad de un inmueble más amplio eleva el alquiler de $583.000 a $840.000. Como resultado, un hogar de cuatro personas se queda con un ingreso disponible de apenas $367.000 por integrante tras saldar el techo, cifra que representa menos de la mitad del margen económico que conserva quien vive solo ($950.000).

El relevamiento, que reúne respuestas de 808 hogares distribuidos en 16 provincias, expone las consecuencias de la desregulación sobre los sectores medios y populares. El valor mediano del alquiler a nivel nacional alcanzó los $656.500, registrando un incremento del 12% en apenas seis meses, cifra que supera holgadamente la evolución de los ingresos promedio en el mismo período.

La sobrecarga habitacional deriva directamente en una espiral crediticio insostenible. El 72,9% de los hogares inquilinos mantiene deudas activas, alcanzando un pico del 80,5% en las provincias del interior. Lo preocupante es el destino de los créditos: el 55% se endeudó para comprar comida, el 66% refinancia saldos de tarjetas de crédito y un 37% tomó préstamos para pagar el alquiler. La mora es el desenlace de este estrangulamiento, ya que el 38% de los encuestados registra atrasos en sus compromisos financieros, porcentaje que trepa al 73% entre quienes destinan más del 70% de sus ingresos al contrato locativo.

Para intentar cerrar la brecha, los trabajadores se sobreexplotan laboralmente: la tasa de pluriempleo entre los inquilinos escaló de manera ininterrumpida en los últimos tres relevamientos, pasando del 43,1% en diciembre de 2025 al 45,8% en marzo de 2026 y tocando un 47,4% en junio de 2026. En paralelo, un 32,9% de las personas encuestadas reportó haber tenido que sumar un trabajo secundario en el último año. La fragilidad habitacional afecta además con mayor severidad a las mujeres, quienes encabezan el 74% de los hogares en situación crítica.

Frente a un escenario donde el 78% de los contratos se actualiza cada tres o cuatro meses y el 65% se ajusta mediante el Índice de Precios al Consumidor, un 96% de las familias inquilinas rechaza los aumentos atados a la inflación y exige actualizaciones vinculadas a la evolución salarial o mediante una mediación pública. Además, el 84% solicita retornar a contratos de tres años de duración, el 57% busca aumentos con frecuencia anual y un 85% sostiene que no debe abonar expensas extraordinarias ni gastos de administración. Las mediciones acumuladas confirman que ninguna variable muestra alivio y el acceso a la vivienda se consolida como uno de los focos de mayor tensión social en el país.

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