El Gobierno envió al Congreso la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y busca aprobarla antes de fin de mes. El anuncio vino envuelto en la retórica habitual del estilo «el fin de la maquinita» o «91 años de saqueo», pero el detrás de fondo es un cambio normativo concreto que merece ser explicado con precisión, porque va a regir la relación entre el Tesoro (la caja del Ministerio de Economía) y la autoridad monetaria.

La reforma cierra tres vías de financiamiento del fisco con emisión. La primera son los adelantos transitorios. La Carta Orgánica vigente permite al BCRA girar al Tesoro pesos recién emitidos, con topes calculados sobre la base monetaria y la recaudación. En la letra son «transitorios»: deben devolverse en doce meses. En la práctica argentina fueron hasta ahora un crédito rotativo que se renovaba indefinidamente.

La segunda es la transferencia de utilidades. El Banco Central presenta un balance y, como cualquier entidad, arroja resultados. El problema es que buena parte de esas «ganancias» son contables: surgen de la revaluación en pesos de sus activos en moneda extranjera cuando el tipo de cambio sube. La Carta Orgánica actual obliga a girar esas utilidades al Tesoro una vez cubiertas ciertas reservas, y el Tesoro las gasta. La reforma dispone que las ganancias no realizadas se inmovilicen en un fondo de reserva no distribuible, y que las realizadas solo puedan girarse al Tesoro para cancelar deuda pública. 

Por último, están las Letras Intransferibles, ese artefacto por el cual el Tesoro «compra» reservas entregando a cambio un papel sin mercado, sin liquidez y de valor de recupero dudoso, que engorda el activo del Central con un crédito incobrable contra su propio dueño. El proyecto las elimina y propone cancelar el stock existente contra resultados contables no distribuibles: un saneamiento patrimonial largamente pendiente.

En la comparación regional, nada de esto es extraño. Brasil y Chile prohíben el financiamiento directo al Tesoro, Colombia lo admite solo con aprobación unánime de la junta, Uruguay lo permite con tope. Argentina no está inventando nada: está llegando tarde a un consenso regional de treinta años. 

Ahora bien, y sin perjuicio de todo lo señalado, aparece la objeción más seria a la prohibición absoluta, que no viene del fervor emisionista sino de la memoria reciente.

Marzo de 2020. La pandemia cierra la economía por decreto sanitario. La recaudación se desploma junto con la actividad. El gasto, en cambio, explota: IFE, ATP, sistema de salud. El déficit no es una elección de política económica, es la consecuencia aritmética de una catástrofe. ¿Y el financiamiento? El crédito externo estaba cerrado, el país salía de un default y renegociaba su deuda, el mercado doméstico de pesos sin profundidad para absorber una demanda de esa magnitud, y subir impuestos en medio de una economía paralizada era tan inviable como recesivo. Quedaba una sola ventanilla: el Banco Central. Ese año, entre adelantos y utilidades, la asistencia monetaria al Tesoro superó los siete puntos del PIB. Con costos enormes, el desequilibrio de pasivos remunerados que todavía pagamos, la inflación reprimida que después se liberó, pero la alternativa contrafáctica no era la estabilidad: era el Estado sin caja en medio de una emergencia sanitaria.

¿Qué hace un país con esta Carta Orgánica en el próximo 2020? Porque va a haber un próximo 2020, con otro nombre y otra forma y la característica argentina estructural es que, cuando el mundo se incendia, nuestro acceso al crédito se cierra primero y más violentamente que el de nadie.

Los países desarrollados resolvieron este dilema sin tocar la prohibición formal, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo no le giran adelantos a sus tesoros, pero en 2020 compraron deuda pública en el mercado secundario en volúmenes siderales. En este caso, el banco central no financia al gobierno en la ventanilla, sino que interviene en un mercado donde los títulos ya circulan, a precios de mercado, con una decisión que formalmente le pertenece a la autoridad monetaria y no al ministro necesitado. El proyecto argentino, vale decirlo, conserva esa herramienta: la intervención en el mercado secundario sigue permitida.

Ahí está, precisamente, la ambigüedad constitutiva de la reforma. Los críticos ortodoxos señalan que el mercado secundario es la puerta trasera por la que puede volver a entrar todo lo que se echó por la puerta principal. Los críticos heterodoxos señalan que la válvula de escape existe pero quedó a discreción de un directorio inamovible, de modo que en la próxima emergencia la política contracíclica dependerá de la buena voluntad de diez funcionarios blindados que no responden ante nadie. La reforma, curiosamente, logra que la misma cláusula sea denunciada como demasiado laxa y demasiado rígida a la vez.

Del mandato múltiple al mandato único: la discusión que la desigualdad vuelve incómoda

La reforma también reescribe la primera línea de la Carta, y esa reescritura es quizás la más cargada ideológicamente. Desde 2012, el BCRA tiene un mandato múltiple: estabilidad monetaria, estabilidad financiera, empleo y desarrollo económico con equidad social. El proyecto vuelve al esquema anterior: una misión única y excluyente, preservar el valor de la moneda. Para el resto, el empleo, la producción, la equidad, la ventanilla del Central queda cerrada.

Conviene despejar primero un malentendido frecuente: el mandato dual no es el estándar mundial que Argentina estaría abandonando, sino la excepción. Nueve de cada diez bancos centrales del mundo operan con mandato único el control de precios. 

Pero el contraargumento distributivo de la heterodoxia merece respuesta. En un país con un tercio de la población bajo la línea de pobreza y cerca de la mitad del empleo en la informalidad, ordenarle al Banco Central que se desentienda del empleo no es una decisión neutra. La crítica heterodoxa señala que la reforma institucionaliza una estabilidad de precios sostenida sobre anemia de crecimiento, salario real deprimido y empleo débil, un equilibrio cuyos costos caen sobre los deciles de abajo mientras sus beneficios financieros se concentran arriba. La política monetaria tiene efectos distributivos, siempre, y fingir neutralidad técnica es la forma más elegante de no discutirlos.