De esa frustración ciudadana se alimenta en parte el fenómeno político de Abelardo de la Espriella y su movimiento Defensores de la Patria. Conocido abogado penalista, lanzó una campaña con una estética y narrativa agresivamente demagógicas, distanciándose del lenguaje de los partidos tradicionales. Su programa político, bajo la insignia de “Patria Milagro”, es un popurrí de las ideas más extremas de la derecha radical contemporánea. Propone una política de seguridad de inspiración bukelista que es, en los hechos, una vuelta de rosca a la “Seguridad Democrática” de la presidencia de Álvaro Uribe. El restyling incluye un despliegue masivo de drones e inteligencia artificial con el que promete alcanzar control territorial pleno en 90 días, la construcción de 10 megacárceles de máxima seguridad y la reanudación inmediata de la fumigación aérea de cultivos ilícitos para erradicar las más de 330.000 hectáreas de coca del país. Todo ello, tras la adopción de la que jura que será su primera medida: la cancelación definitiva de todas las mesas de diálogo de la “Paz Total”.

En materia económica, De la Espriella opta por el menú paleolibertario: motosierra a ministerios y eliminación de entidades regulatorias, y una drástica reducción de impuestos a las empresas para supuestamente alcanzar un crecimiento del PIB del 7% anual.

El ascenso de la extrema derecha —que en los sondeos de mayo de 2026 ya supera el 30% de la intención de voto, entre cinco y diez puntos porcentuales detrás de Iván Cepeda— ha dinamitado la estrategia de la derecha tradicional. El Centro Democrático, partido fundado por Uribe, curiosamente había optado por un perfil moderado, a bastante distancia del talante de su fundador y del de Iván Duque, con una candidata mujer, Paloma Valencia, que se vio rápidamente relegada a un distante tercer lugar en las encuestas (apenas por encima del 10%).

La campaña presidencial del Pacto Histórico, frente a la pérdida de popularidad del planteo petrista de la “Paz Total”, también recalibró su discurso. Aunque se propone como un proyecto de profundización y defensa del legado de Petro, lo hace con un estilo propio que es más que un matiz. Frente a la retórica de mano dura y shock fiscal, Cepeda no se limita a resistir los ataques, sino que plantea una contraofensiva ideológica basada en lo que denomina las “Tres Revoluciones” (ética, socioeconómica y política).

Uno de sus ejes es preservar el legado social del gobierno saliente, para lo que promete la creación del “Banco del Pueblo” para otorgar créditos subsidiados y combatir el flagelo del «gota a gota» (los préstamos informales de los usureros con los que están endeudados millones de colombianos). El Pacto Histórico insiste con una transición energética sin extractivismo y la defensa de Colombia como una «potencia mundial de la vida», rechazando el regreso a las fumigaciones aéreas con glifosato y la reactivación desenfrenada del sector hidrocarburífero que propone su la oposición.

Otro eje es la difícil redefinición de la seguridad. Cepeda evita volver sobre la noción de “Paz Total” y se enfoca en golpear los nodos de lavado de activos y las estructuras financieras de los carteles en las grandes ciudades, más que en la persecución al campesino cultivador: en la búsqueda de una paz con justicia social. Defiende mantener abiertos los canales de negociación con el ELN y las disidencias de las FARC, pero endureciendo la postura estatal y garantizando con la fuerza el cese de hostilidades hacia la población civil.

Finalmente, Cepeda busca movilizar a la opinión pública alertando sobre los riesgos institucionales que representa el auge de la ultraderecha populista. La campaña del Pacto Histórico se esfuerza por emparentar a De la Espriella con Nayib Bukele o Javier Milei, advirtiendo que sus propuestas económicas y de seguridad terminarán por socavar la democracia colombiana, quebrar la división de poderes (por su intención de cerrar la Justicia Especial de Paz) y sumergir al país en un régimen autoritario. Al posicionarse como el candidato de la estabilidad institucional, los derechos humanos y la justicia social, busca no solo retener el voto progresista, sino atraer a sectores de centro y centroderecha que ven con temor la radicalización punitivista de la extrema derecha.

Las elecciones presidenciales de 2026 enfrentan a Colombia a profundas contradicciones. El balance de Gustavo Petro deja un país socialmente más consciente de su deuda de igualdad y económicamente estable, pero territorialmente fragmentado, fiscalmente estresado y fatigado por una violencia que sigue sin ser erradicada.

Las dudas de parte de la ciudadanía no han propiciado el regreso de las élites políticas tradicionales, sino que han pavimentado el camino para una extrema derecha disruptiva, punitiva e ideológica que promete orden a cualquier costo. El electorado acudirá a las urnas no solo para elegir un nuevo gobernante, sino para decidir si profundiza el trabajoso tránsito hacia una democracia más igualitaria o si abraza el experimento de un autoritarismo de mercado de consecuencias institucionales impredecibles.

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