Alerta: Presupuesto 2026 busca eliminar movilidad automática de la AUH

El proyecto oficial que se vota hoy en Diputados propone desvincular la AUH y las asignaciones familiares de la actualización por inflación. De aprobarse, los montos dejarán de ser un derecho indexado para quedar sujetos a la discrecionalidad del Gobierno. Es un ajuste sobre millones de niños y adolescentes.

Manuel Barrientos

El Presupuesto 2026 que se votará hoy en la Cámara de Diputados es una suerte de buscaminas en materia de recortes de derechos a los sectores populares. Una de las bombas que esconde tiene un impacto directo y devastador sobre más de ocho millones de niños, niñas y adolescentes en la Argentina: la eliminación de la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las Asignaciones Familiares (AAFF).

Lo que hoy es un derecho, un mecanismo blindado por ley que se ajusta a la inflación junto a las jubilaciones, se convertirá, si el oficialismo logra su objetivo, en una asignación discrecional, una suerte de “bono” que el Poder Ejecutivo podrá subir —o no— a voluntad. Se rompe así el sistema de seguridad social, se desprotege a los más chicos y se consolida un ajuste brutal, solicitado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La movida, oficializada sin explicaciones por el oficialismo en el texto de la Ley de Presupuesto, es clara: se busca desacoplar la AUH y las asignaciones familiares de la movilidad jubilatoria, el índice que garantiza que el valor de estas prestaciones no se licúe ante la inflación.

En la actualidad, la Ley 27.160 establece que ambas asignaciones se incrementen en el mismo porcentaje que las jubilaciones, un mecanismo que toma como guía al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. Pero si el Congreso aprueba la ley de leyes presentada por el Ejecutivo para 2026, el monto de la AUH y las AAFF dependerá de lo que el Ministerio de Capital Humano considere “apropiado”, transformando una política de Estado en una dádiva de turno.

La movida, oficializada sin explicaciones por el oficialismo en el texto de la Ley de Presupuesto, es clara: se busca desacoplar la AUH y las asignaciones familiares de la movilidad jubilatoria, el índice que garantiza que el valor de estas prestaciones no se licúe ante la inflación.

Romper el sistema de actualización automática significa que lo que hoy integra y ayuda a los niños va a terminar siendo un “beneficio” otorgado por el Gobierno cuándo quiera y cómo quiera. Ya no será un derecho garantizado, sino un aumento otorgado a dedo, afectando tanto a las familias con trabajo formal que cobran Asignaciones Familiares, como a las que no lo tienen y perciben la AUH. Se rompe así el esquema del derecho y no se prioriza lo que hay que priorizar: las infancias y las adolescencias en la Argentina.

La promesa al FMI y el ajuste a la infancia

La razón de este giro, que implica un enorme retroceso en el reconocimiento de los derechos de la infancia, no es difícil de rastrear. Detrás de la medida está una de las exigencias que el FMI le hizo al ministro de Economía, Luis Caputo, para aprobar la primera revisión del acuerdo con el organismo.

Al desenganchar la AUH de las jubilaciones, el Gobierno va hacia un esquema de recorte y pérdida de ingresos de la AUH. La caída de poder adquisitivo de estas asignaciones es el destino más probable. Como señaló la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que detectó la intención en el Presupuesto 2026, la preocupación central es que si el mecanismo de actualización se deroga, y si se subestima la inflación —algo habitual en las proyecciones oficiales—, esto podría derivar en una licuación de la prestación y una severa pérdida en la protección social.

El informe de ACIJ enciende una alerta sobre un contexto más amplio: el gasto total en servicios sociales previsto en el Presupuesto 2026 es un 15,9% más bajo que el de 2023 en términos reales. Esto es grave porque la AUH fue, junto a la Tarjeta Alimentar, la principal herramienta de asistencia social de Milei durante el primer tramo de su gestión. Incluso las incrementó de forma significativa mientras desarmaba otros programas como el Potenciar Trabajo o la urbanización de barrios populares.

El costo del acuerdo con el FMI lo pagarán, una vez más, los más vulnerables: las niñas, niños y adolescentes del país. El Presupuesto 2026, así, se convierte en la herramienta para romper el sistema de protección a la niñez en nombre de una supuesta prosperidad que nunca termina de llegar. Un tablero lleno de minas dispuestas para recortar derechos a los sectores populares.

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