La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) se reunirá este miércoles 10 y el jueves 11 en la Ciudad de Buenos Aires. Es el organismo que aglutina a los obispos católicos de todo el país y que actualmente preside el arzobispo mendocino Marcelo Colombo. Al margen de las asambleas, la Permanente -como se suele designar a este tipo de encuentros- es un ámbito que los obispos dedican a repasar -desde su particular perspectiva pastoral- la realidad del país, además de resolver cuestiones institucionales. Asisten los presidentes de todas las comisiones episcopales especializadas y algunos delegados de las regiones electos por sus pares. 

Es una de las instancias más importantes del gobierno colectivo de la Iglesia, organizado por la Comisión Ejecutiva, un órgano encabezado por el presidente, a quien acompañan en las vicepresidencias primera y segunda, el cardenal cordobés Ángel Rossi, y el obispo de Jujuy, Daniel Fernández, respectivamente. La secretaría general está a cargo de Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro.

No pocas veces en la historia reciente la Comisión Permanente ha sido un espacio y una oportunidad para que los obispos expresaran sus puntos de vista sobre la realidad del país. Nada indica hasta el momento que ahora pueda haber un pronunciamiento de la jerarquía eclesiástica, pero también es cierto que en las filas episcopales hay inquietud por la situación social. Lo que los obispos captan en sus propios encuentros con la feligresía y organizaciones de la sociedad, y aquello que tanto los sacerdotes como los fieles le acercan sobre lo que está ocurriendo en la vida política, económica, social y cultural del país.

Durante apenas dos días de reuniones los obispos intercambiarán opiniones y puntos de vista. Pero además del diálogo interno habrá tiempo para entrevistas -bilaterales y colectivas- con representantes de la sociedad civil, del mundo sindical, de las empresas y también de otras expresiones religiosas. Todos esos intercambios servirán para sumar puntos de vista, conocer posturas y forjar también la opinión de las autoridades eclesiásticas.

Durante el año que está terminando varias voces de la Iglesia se hicieron oír sobre cuestiones que fueron parte de la agenda pública. Los obispos respaldaron en su momento a las y los trabajadores del hospital Garrahan en su lucha por salarios y presupuesto para la salud. Una carta del presidente de la Conferencia y del Secretario de la CEA fue enviada a quienes protagonizaron las luchas para señalar que el reclamo era “justo” e “impostergable”. Todo eso dicho en el mismo momento en que el gobierno de Javier Milei desestimaba la protesta. 

En abril la Comisión de Pastoral Social calificó de “injusticia” el recorte de las pensiones por discapacidad y en mayo, en el te deum por la fecha patria, el arzobispo porteño Jorge García Cuerva dijo en la catedral, ante el presidente y su gabinete, que la “Argentina sangra de inequidad”.

También en mayo la Comisión Ejecutiva de los obispos emitió un documento titulado “Si el Estado se corre entra el narcotráfico” en el que se describió la situación que se vive en muchos barrios populares donde el abandono del Estado deja lugar al avance de las organizaciones de narcotraficantes.