La gestión de Javier Milei enfrenta su mayor crisis ante las revelaciones del crecimiento patrimonial del jefe de gabinete. Con pedidos de detención y pruebas de gastos millonarios en dólares —incluyendo reformas de lujo en su vivienda—, la narrativa de austeridad oficial se desmorona. El avance judicial deja a Adorni al borde de la cornisa y jaquea la “moral” del gobierno.

Manuel Barrientos

La administración de Javier Milei atraviesa el momento más complejo desde el 10 de diciembre de 2023. Lo que inicialmente fue concebido como una “batalla cultural” diaria desde el atril de la Casa Rosada, hoy se convirtió en un frente de conflicto que desangra minuto a minuto su capital político. Manuel Adorni, el jefe de gabinete que ascendió bajo la bandera de la transparencia, hoy es el epicentro de un terremoto judicial que derrumba la narrativa de austeridad oficial.

La situación de Manuel Adorni es crítica. En emergencia. En la cornisa. No tanto por el asedio de la oposición, sino por la naturaleza de las acusaciones que pesan sobre él. En un gobierno que llegó al poder bajo la promesa de terminar con los privilegios de la “casta”, las revelaciones sobre el crecimiento patrimonial y las presuntas irregularidades en el entorno del ministro coordinador generan un ruido que el gobierno no sabe o no puede apagar.

Sostener a Adorni en su cargo está golpeando la imagen del gobierno a un ritmo cada vez más acelerado. La contradicción entre el discurso del “no hay plata” y un estilo de vida despampanante –y hasta hace pocas semanas clandestino– del jefe de gabinete erosiona la credibilidad de la gestión.

Las complicaciones no son solo de imagen: el plano judicial avanza con una velocidad inédita. Ayer ese frente legal se agravó con la presentación de un pedido de detención inmediata ante un juez federal. Esta medida extrema se fundamenta en el presunto “riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación grave, actual e inminente”.

La periodista y diputada nacional Marcela Pagano —que asumió por La Libertad Avanza– basó su solicitud en la presunta conducta de Adorni para influir sobre el testigo Tabar el pasado 4 de mayo, buscando evitar que la estructura de poder del jefe de gabinete interfiera en el proceso.

Detalla que el funcionario habría intentado contactar a testigos clave momentos antes de que prestaran declaración bajo juramento, ofreciéndoles “ayuda” y el contacto de su “equipo”. Incluso se investiga el borrado de mensajes de WhatsApp con contratistas.

Sostener a Adorni en su cargo está golpeando la imagen del gobierno a un ritmo cada vez más acelerado. La contradicción entre el discurso del “no hay plata” y un estilo de vida despampanante –y hasta hace pocas s emanas clandestino– del jefe de gabinete erosiona la credibilidad de la gestión.

Un nuevo punto de quiebre fue el testimonio de Matías Tabar, socio del grupo Alta Arquitectura y contratista a cargo de las refacciones en la casa de Adorni en el country Indio Cuá. Su declaración ante el fiscal Gerardo Pollicita sacó la discusión del plano administrativo para llevarla al terreno de lo escandaloso.

Tabar confirmó haber recibido 245.000 dólares en efectivo para realizar obras que incluyen pisos, paredes, un quincho, una pileta y una cascada en el jardín. Solo una parrilla de lujo incorporada en el inmueble estaría valuada en 15.000 dólares. Estas reformas, realizadas en apenas diez meses, superan ampliamente el valor original de compra de la vivienda, dejando al descubierto un nivel de vida de una ostentación que el fiscal busca contrastar con los ingresos declarados del funcionario.

La justicia investiga ahora el patrimonio neto de Adorni y el uso recurrente de dólares en efectivo para transacciones de alto valor. Según el expediente, el número que se acumula en movimientos de efectivo supera los 349.000 dólares. Para la casa en Indio Cuá, entre compra, devolución de préstamos y refacciones, se movieron cerca de 295.000 dólares. El departamento en Caballito representó una operación por 230.000 dólares con una hipoteca privada y aportes iniciales en efectivo. En total, Adorni habría movido en efectivo al menos 325.000 dólares solo en propiedades, sin contar que mantiene deudas por otros 335.000 dólares. La pregunta que se abre es si puede justificar la tenencia de tales divisas, mientras el fiscal Pollicita advierte que aún no cuenta con la documentación respaldatoria.

Pese a este escenario, el gobierno parece dispuesto, por ahora, a ratificarlo. El presidente Javier Milei, antes de iniciar su enésima gira por Estados Unidos, convocó a una reunión de gabinete para este viernes a las 14 horas en la Casa Rosada. Pero, ¿cuánto tiempo más puede el Gobierno absorber el costo político de estas denuncias? Ese es el interrogante abierto. O la bomba de tiempo que puede estallar antes del viernes.

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