A 42 años de la recuperación de la democracia, organismos de derechos humanos y diversos espacios políticos, sociales y sindicales se congregaron hoy en la Plaza de Mayo para leer un documento que denunció la situación actual de la Argentina a dos años del inicio del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel. Destacaron la defensa de la memoria, la verdad y la justicia ante lo que consideraron un retroceso en materia de derechos fundamentales.

Con la presencia en el escenario de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la titular de Madres Línea Fundadora, Taty Almeida; y el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, la convocatoria se realizó en el sitio histórico de lucha y resistencia. En el documento, los organismos señalaron que el encuentro se daba por “una misma causa: la defensa de los derechos humanos”.

El documento leído en la Plaza de Mayo criticó duramente el modelo de gobierno actual, basado en “el ajuste, el hambre y la exclusión” y en la “entrega de soberanía y de los recursos naturales”. También subrayó que “la calidad de vida de la gran mayoría de nuestro pueblo se ha deteriorado por el modelo de Milei”.

Además, expresaron una profunda preocupación por el negacionismo: “A casi 50 años del golpe genocida, el gobierno niega la dictadura y reivindica su política represiva y económica, con discursos y prácticas de violencia y odio”. En esa línea, sostuvieron que el Gobierno “ha puesto de vuelta a la crueldad y la violencia en el Estado”.

Emergencia en memoria y derechos

Los organismos alertaron sobre el desmantelamiento de políticas de Estado, con despidos masivos y el señalamiento de que “la memoria está en emergencia”. El impacto, sostienen, se siente en los juicios de lesa humanidad y la búsqueda de nietos debido a los retrocesos en la Secretaría de Derechos Humanos, ahora degradada a Subsecretaría, e incluso vacante luego de la renuncia de Alberto Baños.

Una de las frases más contundentes que resume este punto es: “Menos Estado significa menos derechos”. Enumeraron graves retrocesos en derechos humanos concretos, como la falta de entrega de alimentos y medicamentos, la quita de pensiones por discapacidad, y el uso de fondos para financiar “la represión de la doctrina Bullrich, con más de 1300 manifestantes heridos”.