La soberanía alimentaria, en tanto derecho y como categoría, resulta complementaria y coexistente, con la seguridad alimentaria, comprendida ésta como el acceso físico, social y económico, de todas las personas y en todo momento, a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana.  Este concepto surgió en 1996, en la cumbre mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).  Existe una convicción extendida de que la seguridad alimentaria sólo se puede garantizar cuando la soberanía alimentaria está asegurada (Sánches y Ricci 2021).

¿Por qué hablar hoy de soberanía alimentaria en Argentina?

Hay vastos motivos, pero elijo destacar tres.                                                                                    

Uno: Hace pocos días se conmemoró el Día Internacional de la Justicia Social, y adhiero al principio de que no puede haber soberanía alimentaria sin equidad. Una dimensión de la justicia social se expresa en el campo con la igualdad de oportunidades para el acceso de todos y todas a la tierra, el agua y a mercados justos. (LEISA 2026)                            

Dos: Enfrentamos una crisis alimentaria agravada por el desmantelamiento de las políticas públicas, en un contexto en el cual el presidente Javier Milei define la justicia social como una “aberración”.

Tres: El reciente acuerdo –de vigencia provisoria- entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), conlleva un esquema arancelario y normativo, que no refleja las asimetrías  tecnológicas, económicas e industriales  existentes entre ambos bloques,  refuerza un modelo orientado a la exportación dejando en una posición privilegiada a las corporaciones transnacionales  y como consecuencia puede dificultar el logro de la soberanía alimentaria

El escenario actual en nuestra patria

Comparto una enumeración sintética respecto a políticas agroalimentarias que afectan el acceso a los alimentos: se analizaron cambios normativos, programáticos y presupuestarios que: 

1)Desregulan el mercado de alimentos a través de distintos mecanismos institucionales de control de precios y oferta;                                               2) Suspenden las iniciativas de promoción, creación y fortalecimiento de mercados y espacios de comercialización a nivel local;                                                                                                         

3) Eliminan iniciativas de educación alimentaria y nutricional.  

Las políticas identificadas van en detrimento del derecho a la alimentación. (IADE-RED CALISAS 2024)

Algunas propuestas para revertir este escenario

Se necesita fortalecer la organización social y las políticas públicas de integración que garanticen el derecho a una alimentación sana, segura y soberana. Esto se logra mediante la interacción entre quienes producen, privilegiando las experiencias agroecológicas  –la agroecología no solo transforma sistemas productivos, transforma relaciones de poder-, y quienes consumen, en la construcción de sistemas alimentarios sostenibles.                                                                                       Privilegiar la importancia de las cooperativas y ferias en el desarrollo de estrategias.

La siguiente cita representa plenamente lo anterior:

“Urge el diálogo entre todos los sectores, de distinta escala y tipos productivos, para debatir y elaborar propuestas democráticas, consensuadas, donde puedan coexistir, con equilibrio y justicia social, diversas alternativas sobre el uso de la tierra y un nuevo modelo agro-productivo para el abastecimiento de alimentos accesibles para el mercado interno y productos para la exportación.   El logro de una verdadera Soberanía Alimentaria implica la soberanía cultural, política, y económica, y un Estado que asuma el rol y la responsabilidad de promover, guiar y controlar los cambios necesarios, a través de políticas públicas y acciones que impliquen una racionalidad productiva diversa, inclusiva, equitativa, autónoma y con mayor sustentabilidad” (Sánches y Ricci 2021).

* Secretario Ejecutivo del Instituto de Estudios y Formación para la Igualdad (IEFI)