El rechazo en el noroeste argentino a la intención del gobierno nacional de reformar la Ley de Glaciares, flexibilizando la protección de glaciares y áreas periglaciales para habilitar actividades productivas, particularmente las mineras, está liderado por las comunidades originarias, que advierten que los cambios que se promueven  vulnera sus derechos territoriales y el acceso al agua. El rechazo a la iniciativa oficial es acompañado por sectores académicos y organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la defensa ambiental.

Por el contrario, los gobiernos de Catamarca, Salta y Jujuy, que se encuentran en la nómina de los “dialoguistas”, se han mostrado abiertos a acompañar el proyecto de ley, con el argumento de que dotaría de seguridad jurídica a emprendimientos de litio y cobre que aún no se encuentran activos en estas provincias. 

La Declaración de Humahuaca

A principios de febrero, luego de intensas jornadas de protesta y debates, comunidades originarias y ciudadanos de Jujuy suscribieron la Declaración de Humahuaca, documento que rechaza la propuesta de reformar la Ley de Glaciares y denuncia la desprotección en la que quedarían los numerosos periglaciares de la puna norteña. Además, recuerda que cualquier modificación que afecte sus territorios debe cumplir con el Convenio 169 de la OIT (Consulta Libre, Previa e Informada).

Otros colectivos de Salta, Catamarca y La Rioja impulsan, desde la Unión de Asambleas de Comunidades, un repudio a la iniciativa. En Catamarca, asambleas en Andalgalá y zonas cercanas a proyectos mineros (como Agua Rica/Mara) han denunciado que la reforma busca «legalizar» la actividad en áreas de ambiente periglaciar que hoy están en conflicto judicial, y en La Rioja la Asamblea de Famatina mantiene un rechazo que es histórico a actividades mineras que afecten las cuencas hídricas que abastecen a las comunidades para el consumo local y las actividades agrícolas. 

Al mismo tiempo, desde ámbitos académicos se han cuestionado los criterios técnicos que se esgrimen para justificar los cambios, a través de documentos elaborados por investigadores del CONICET. Además, docentes de las universidades de Salta, Jujuy y Catamarca han advertido sobre la inconstitucionalidad del intento de delegar a las provincias la facultad de decidir qué proteger y qué no, rompiendo el estándar de «presupuestos mínimos» nacionales.

Casi treinta ONG, entre las que sobresale Greenpace Argentina, con fuerte presencia en el NOA, denunciaron que la reforma implica un grave retroceso en materia ambiental, en tanto disminuye la protección de reservas hídricas, y prioriza la explotación económica de los territorios sobre criterios ambientales basadas en investigaciones con rigor científico. 

Desde arriba y desde abajo

Horacio Machado Aráoz (Universidad Nacional de Catamarca), investigador de Conicet del equipo de Ecología Política del Sur, diferencia el proceso de sanción de la actual Ley de Glaciares del intento por modificarla. “Mientras que la sanción de la actual Ley de Glaciares es un logro popular –sostiene en diálogo con 4Palabras-, una iniciativa legislativa que nació desde abajo y desde afuera del poder institucional y que, mediante procesos de movilización popular, de ejercicio de la democracia participativa, halló eco en ciertos legisladores (Marta Maffei, la gran impulsora, pero también Daniel Filmus que en su momento jugó un papel articulador clave) que permitieron finalmente su sanción, ahora estamos en un proceso inverso. Como cuando la entonces presidenta CFK vetó inicialmente la ley, ahora, quienes vienen contra la ley son los mismos intereses corporativos extractivistas que quieren expandir su frontera de explotación mineral”. “La actual iniciativa de reforma es un proyecto desde arriba, desde actores concentrados con intereses estrictamente financieros y ultra-minoritarios, que busca arrasar una legislación construida y lograda desde abajo”, agrega.