La semana transcurrió entre las celebraciones del carnaval, las escenas de un “no debate” en el Congreso por el proyecto de regreso a la “esclavitud laboral”, el paro de la CGT y las ya conocidas represiones contra todo aquel que quiera opinar distinto al gobierno que solo pueden ser superadas, en frecuencia y cantidad, por los viajes del presidente Javier Milei al exterior.

El gobierno… “está dulce”…  Con viento a su favor los libertarios entienden que este es “su” momento para imponer (imponernos) lo que ellos llaman “cambios históricos”. Por ese motivo ya programan una nueva avanzada con otros proyectos de ley: uno que profundice el desfinanciamiento universitario y otro con la llamada “ley de glaciares” impulsada también por las provincias con recursos mineros, en especial Chubut y San Juan, cuyos gobernadores Ignacio Torres y Marcelo Orrego respectivamente, vienen haciendo “buena letra” apoyando las iniciativas oficialistas con sus diputados y senadores. La reforma previsional –con la que intentarán retornar, en todo o en parte, al negocio financiero de las AFJP a costa de seguir perjudicando a las jubiladas y los jubilados– en principio quedará para más adelante. 

“Es el momento”, aseguran en la Casa Rosada mientras se frotan las manos por los éxitos alcanzados. La única preocupación del “triángulo de hierro” encabezado por Karina es que lo que está ocurriendo supone reconocerle un éxito a Pato Bullrich y darle la derecha –valga en este caso más que nunca la expresión— a la metodología implementada por la senadora para lograr los propósitos. La competencia entre Pato y Karina asoma de manera cada vez más evidente, pero mientras rinda sus frutos no es el momento para cuestionarla.  

Pero hoy vamos a centrarnos en la metodología utilizada por el gobierno para imponer los “cambios históricos”.

Ocultar para no debatir

Un primer ingrediente de esa metodología es esconder hasta último momento el texto de las leyes, incluso para los propios, evitando de esta manera todo tipo de “filtraciones”. “Lo tenemos cerrado bajo siete llaves”, fue la frase de Bullrich hasta poco antes de que el proyecto de “esclavitud laboral” ingresara en la Mesa de Entradas de la Cámara de Senadores. Este procedimiento –sumado después al tratamiento raudo que se impone incluyendo en ello el funcionamiento conjunto y unificado de varias comisiones parlamentarias para acortar los tiempos de análisis— está destinado a complejizar el estudio legislativo y a evitar la difusión pública de los contenidos. 

Ni siquiera los legisladores pueden trabajar de forma detallada sobre el capitulado de los proyectos de ley (… los que desean hacerlo…porque los hay también quienes reducen su labor parlamentaria a levantar la mano en el sentido que le indiquen sus respectivos jefes políticos). No hay tiempo suficiente. Esto condiciona además a otros interesados sectoriales, asociaciones profesionales, empresas, organizaciones gremiales o representativas de ámbitos o campos afectados por cada proyecto de ley.

Es lo que pasó con el tratamiento de la ley de “esclavitud laboral”.

La “necesidad” de aprobar de manera expresa las leyes reduce al mínimo las intervenciones en la comisiones respectivas pero, sobre todo, limita el debate político y el intercambio de ideas que requiere de maduración y ponderación de distintos aspectos, de la evaluación de los intereses en juego y de la estimación en torno a quienes salen favorecidos y quienes perjudicados. Para la metodología oficial la premura está siempre por encima de la calidad… porque la suma de voces puede dar lugar a la diversidad y… la única “verdad” admitida es que la emerge de los despachos del Ejecutivo.

En coherencia con el procedimiento de secretismo –que se utiliza para todos los ámbitos de la gestión de gobierno– se trata de sustraer de la opinión pública los temas de debate, ocultando el contenido de los proyectos de ley que luego padecerán ciudadanos y ciudadanas. 

La muy democrática alternativa es que…cuanto menos se conozca… mejor.

Y esto es llevado hasta las últimas consecuencias. En el Senado “nadie sabe” quién introdujo el capítulo sobre licencias por enfermedad del proyecto de ley sobre “esclavitud laboral”… pero la mayoría levantó afirmativamente la mano para aprobarlo… sin conocer su contenido. “Cosa de mandinga”… diría mi finado abuelo aludiendo a que fue el propio diablo quien, sin otra intervención, incorporó ese párrafo al texto de la ley. Fue tan… grosero… por calificarlo de alguna manera… que la propia Pato tuvo que reconocer el error y volver atrás. Pregunto, sin mala intención: ¿entre los que votaron a favor todos conocían el alcance del FAL (Fondo de Asistencia Laboral…¡vaya nombre eligieron para ejecutar derechos!), sabían de la quita de impuestos a los yates de alta gama, o estaban al tanto de la derogación de estatutos profesionales, etc, etc? O lo que es más grave: ¿a buena parte de los legisladores les importó realmente el contenido de lo que estaban votando?

Mejor ni me responda… no hay cargo de conciencia… porque la conciencia –en este caso– no existe.

Otro costado de la misma metodología de aprobación parlamentaria estilo “sale con fritas” consiste en generar proyectos de “ley ómnibus” que bajo el título referido a un determinado tema encubren otros que no guardan ninguna relación con la cuestión central. El mejor ejemplo es que en la ley de “esclavitud laboral” el mago de la motosierra Federico Sturzenegger logró incluir beneficios impositivos para sus amigos ricos. Eso sí…para ser honestos… allí no había ningún contrato para su esposa María Josefina Rouillet porque es profesora de inglés y, por el momento y hasta que Trump decida lo contrario, las leyes argentinas se redactan en español. La señora Rouillet fue contratada por la cancillería donde no parece tener buena reputación como docente: se anotaron solo diez estudiantes para sus cursos.

Si con todo esto no alcanza la metodología libertaria siempre agregará “estímulos” para que, por ejemplo, gobernadores que llegaron al poder cantando la marcha peronista hoy presionen y ordenen a sus senadores y diputados para que voten a favor de todo lo que el gobierno necesite.  Pasó con Catamarca, Tucumán y Salta y bastó para que los dirigentes de la CGT los calificaran de “traidores”. Con distintos argumentos también los legisladores de San Juan, Misiones y Santa Cruz se sintieron “motivados” para apoyar sin condicionamientos el proyecto oficial. El ministro del Interior, Diego Santilli, fue el encargado de recorrer las provincias para hacer efectivos (léase bien… no dice en efectivo) los estímulos necesarios.