El día previo se había conocido una declaración titulada “Por el bien común del pueblo mendocino” y respaldada por la Mesa de del Diálogo que integran desde la Pastoral Social de la arquidiócesis católica, la Comunidad Huarpe Guataymari y la Asamblea de vecinos de Uspallata, asambleas vecinales y del agua de otros municipios, hasta el Instituto de Capacitación Popular (ICP). Allí se rechazó categóricamente aquellos “proyectos que atentan contra derechos fundamentales e inalienables de la persona y su dignidad: la vida, la salud, el ambiente sano, la unidad de la familia y la comunidad donde se vive, así como el derecho a permanecer en el propio territorio”.

En el mismo documento se denunció “la persecución de voces críticas independientes y la judicialización y penalización de la protesta social” y se afirmó: “El Agua, bien común insustituible, vital y tan escaso en Mendoza, NO debe ser desviada para este tipo de actividad extractiva”. En consecuencia, se exhortó a los legisladores “a que escuchen el clamor: EL AGUA vale más que el oro, el AGUA es VIDA”.

El sector del peronismo nucleado en la Corriente Nacional de la Militancia de Mendoza también le había pedido a los senadores que rechazaran el Proyecto Minero San Jorge, expresando “apoyo y adhesión a la movilización social, democrática y pacífica del pueblo” en contra de su aprobación.

En el recinto legislativo Martín Rostand, senador de la Unión Mendocina, fue el encargado de comunicar la decisión de su bloque de votar afirmativamente la propuesta minera. 

El senador peronista Gerardo Vaquer fue uno de los pocos que se manifestaron en contra señalando que “claramente esta DIA es inválida y pone en riesgo a todos los mendocinos “no solo por una cuestión ambiental sino económica”.

Sin embargo, el también peronista Pedro Serra, expuso los motivos de su voto a favor de la iniciativa, expresando que “está claro que hay 15 años perdidos y tirados a la basura por falsas dicotomías entre minería y agricultura. Y no es así, es minería y agricultura, porque se pueden hacer las dos cosas”.

En la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Economía “celebró” la aprobación y afirmó que se trata de “un verdadero hito que marca un punto de inflexión en la historia productiva de Argentina y en el desarrollo federal de sus recursos minerales”. En un texto publicado en la página oficial del mismo ministerio se afirma que “con el apoyo expreso del presidente Javier Milei, la decisión del gobernador Alfredo Cornejo, y luego de un proceso de diálogo, rigor técnico y transparencia para revertir años de parálisis y oposición a la actividad, queda demostrado que es posible conjugar el desarrollo productivo con la más estricta responsabilidad ambiental”.

A pesar de la tensión social generada por los manifestantes en las afueras de la Legislatura mendocina y la importante presencia de las fuerzas de seguridad en el lugar, no se produjeron incidentes ni enfrentamientos. 

Conocido el resultado de la votación las organizaciones que participaron de la protesta decidieron mantenerse en alerta y movilización, adelantando que analizarán nuevas medidas que pueden concretarse en cortes de rutas en los próximos días con la intención de impedir la aplicación de la ley, para lo que solo resta la promulgación por parte del Ejecutivo provincial. 

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