El panorama productivo nacional atraviesa uno de sus momentos más críticos. Con datos críticos del sector, la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) exigió en el Senado de la Nación el tratamiento urgente de una ley de Emergencia PyME. Durante su intervención ante los legisladores, Diego Ojeda, presidente de la entidad que representa a 500 empresarios en todo el país, calificó la coyuntura actual del sector golpeado por el desplome del consumo interno como una situación de “tierra arrasada”.

Ojeda señaló que el sector PyME se encuentra en una posición límite con la pérdida de 29.000 pymes acumulada en el último período. Advirtió que la crisis afecta a la totalidad de la matriz productiva y que de no mediar un cambio en las políticas públicas, la situación empeorará para todos los sectores por igual.

La presentación estuvo respaldada por el relevamiento del segundo trimestre de 2026 sobre 255 empresas de todo el país: el 46,7% redujo sus ventas en volumen, el 32,2% operó a pérdida y el 78,8% señaló la caída del mercado interno como su principal freno. Asimismo, el 87,4% sufrió aumentos de costos, obligando al 29,5% a congelar precios a costa de sus márgenes. En materia laboral, el 27,8% despidió personal, el 78,8% congeló contrataciones a futuro, el 36,5% recortó horas extras y el 56,9% adelantó sueldos. A nivel financiero, las pymes arrastran un descalce de 13 días en la cadena de pagos, sufren estiramientos de plazos de cobro en un 65,9% y el 28,2% debió endeudarse para reponer capital de trabajo  y un 25,9% lo hiciera para afrontar el pago de salarios y aguinaldos. 

En cuanto a las expectativas macroeconómicas, el pesimismo predomina en la visión de los empresarios. Cerca del 68% no contempla realizar inversiones en el próximo semestre, un 61,6% prevé un empeoramiento de la economía general y más del 70% anticipa una devaluación en el corto plazo. Estas cifras se traducen en una baja calificación hacia la gestión del gobierno nacional: el 65,1% evaluó de forma negativa la conducción económica y casi la mitad afirmó que la apertura de importaciones perjudica directamente su actividad.