Luego de intensas negociaciones a puertas cerradas, el Poder Ejecutivo debió aceptar la realidad del poroteo parlamentario: sin los votos necesarios para sostenerlo y sin el consenso social suficiente, el capítulo que buscaba liberalizar la venta de tierras a extranjeros fue dado de baja del proyecto definitivo. La caída de las reformas a la ley de tierras marca un repliegue del oficialismo para evitar un descalabro legislativo mayor, pero no resuelve el fondo del conflicto. Por lo que las organizaciones socioambientales ratificaron que la movilización hacia el Congreso prevista para el día de mañana se mantiene firme. 

Al ceder en el apartado de tierras rurales, el gobierno busca allanar el terreno para aprobar un paquete de reformas urbanas y procesales tan o más graves que la venta de tierras a extranjeros, que sí contó con mayor impacto mediático. Por un lado, buscarán aprobar desalojos exprés en un plazo de cinco días, y por otro, intentarán quitar restricciones a la comercialización de tierras arrasadas por incendios forestales y discutir nuevos topes indemnizatorios en expropiaciones. Todas medidas que afectan el derecho a la vivienda y el resguardo de los recursos naturales.

En primer lugar, el proyecto de ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” busca acelerar los tiempos de la justicia para devolver inmuebles urbanos y rurales: obliga a que todos los juicios de desalojo vayan por la vía sumarísima y agrega la figura del desalojo exprés. En las demandas contra usurpadores o intrusos, así como en las causas por falta de pago o vencimiento de contrato, el juez tendrá que ordenar la entrega inmediata de la propiedad en un plazo máximo de cinco días tras el pedido del demandante. Para lograrlo, solo se exigirá presentar el título de propiedad y una caución juratoria. 

Con la idea de apurar todavía más los fallos por falta de pago o fin de contrato, la norma mete una traba probatoria que podría afectar particularmente a inquilinos: únicamente se aceptarán pruebas documentales, dejando afuera pericias o testimonios que puedan estirar el trámite. Además, el plazo de intimación previa de pago en los alquileres de vivienda se achica a solo tres días corridos.