El exministro aseguró que la norma “no nació como una decisión sectaria”, sino como parte de un acuerdo transversal con diversos sectores políticos, académicos y sociales. “Fue una política de Estado. Se acordó con las universidades, con el sector empresarial y logramos un acuerdo mayoritario. Una política sobre el suelo de los argentinos requiere acuerdo nacional, no puede quedar librada al capricho o a la presión de grupos económicos sobre un gobierno”, sostuvo. Domínguez reveló además que se realizaron gestiones ante el papa Francisco cuando entonces era el arzobispo Jorge Bergoglio, quien abrió además las puertas de la UCA para dar el debate. “Hicimos todo el esfuerzo para construir un amplio consenso; fue una norma pensando en que los negocios del sector agroindustrial quedaran en manos de los argentinos”, explicó el exministro.

Además, recordó la dimensión global que tuvo el acaparamiento de tierras durante esa época en la que se estableció el límite a la compra. “En el mundo hubo un traspaso de titularidad de 227 millones de hectáreas. China compró 2.200.000 hectáreas en el Congo, 300.000 en Tanzania y 1.200.000 en Filipinas; Corea del Sur compró 690.000 en Sudán y Arabia Saudita 500.000 en Indonesia. No estábamos locos viendo fantasmas: presenciábamos un refugio de activos financieros sobre la tierra”, señaló Dominguez. 

Pero las urgencias agroalimentarias del 2011 no se parecen a las urgencias del modelo libertario. En este tiempo de anarcocapitalismo, los fondos de la economía del conocimiento eligieron el territorio argentino para resolver el problema de energía que demanda la inteligencia artificial. En ese sentido, Domínguez explicó el interés estratégico que despierta la geografía nacional para el desarrollo tecnológico de los tecnomagnates: “Necesitan amplias fuentes de energía en varias zonas del país, con alta refrigeración o zonas frías, para poder desarrollar las centrales nucleares que abastezcan de electricidad a los data centers. Por eso la Patagonia está adquiriendo este problema”.

El exfuncionario alertó además sobre el patrón de compra de estos grandes grupos de inversión: “¿Qué tierra compran? Compran donde hay reservas de agua dulce, donde hay minerales ricos, donde viven nuestras comunidades originarias. Afecta todas las zonas de interés estratégico para nuestra nación. Hay 15 millones de hectáreas entre las manos extranjeras más lo que nos han usurpado en Malvinas”.

El dirigente que trazó los puentes entre el campo y los gobiernos kirchneristas en momentos de altísima tensión por su buen vínculo con el sector agropecuario, reivindicó la capacidad técnica del campo argentino y rechazó los planteos oficialistas sobre la falta de inversiones en el sector: “Nuestros productores son punteros a nivel global por su capacidad, formación y conocimiento. El campo no necesita entregar la tierra. Buscamos socios para desarrollar, no buscamos dueños para la Argentina”.

Por último, hizo un llamado a la movilización política y legislativa para frenar la derogación o modificación de la normativa vigente: “Ojalá tengamos la suerte de pararlo en el Congreso de la Nación. Pero si esto no lo llegáramos a lograr, habrá que apelar a los remedios constitucionales o a una iniciativa popular. El campo nacional y popular no puede aceptar resignado ni con los brazos caídos que se entregue el destino de la Nación; mientras tengamos vida y energía, la batalla será en todos los frentes”.

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