Con una carta enviada a los legisladores de todas las bancadas, la Iglesia Católica manifestó su total oposición al proyecto de ley del gobierno que pretende “la inviolabilidad de la propiedad privada”. El documento, producido ahora en forma conjunta la Comisión de Pastoral Social, Cáritas y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (ENDEPA), reitera la argumentación ya presentada por el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, cuando semanas atrás participó en el plenario de comisiones del Senado donde se discutía la iniciativa, alegó en contra del proyecto y debatió con el ministro desregulador Federico Sturzenegger, impulsor de la iniciativa. 

Para el gobierno la ley que se pretende aprobar permitiría modificar distintos marcos regulatorios con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica y la protección de los propietarios. Entre otras cuestiones se habilitarían desalojos más rápidos, y quedarían sin efecto la actual veda para la venta y cambio de uso de las tierras afectadas por incendios forestales, facilitando a la vez la compra de esos terrenos por parte de extranjeros. 

Frente a esa realidad, la Iglesia Católica declaró “nuestra profunda preocupación” entendiendo que la norma que se impulsa “atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos a autodeterminarse”.

Los argumentos reiteran, en términos generales, lo ya expresado por el arzobispo Carrara en el Senado. “Nuestra preocupación –dicen ahora los obispos– se fundamenta en que este proyecto, entre otras cosas, deja sin efecto las limitaciones vigentes para la compra de tierra por parte de extranjeros –personas físicas o empresas– y, en particular, la posibilidad ilimitada de acceder a aquellas ligadas a reservas de agua y otros bienes naturales”.

Este señalamiento coincide con las críticas al proyecto que efectuaron las organizaciones ambientalistas. 

Para los obispos “también resultan alarmantes los artículos que habilitan la utilización inmediata de tierras castigadas por incendios, hecho que hasta ahora estaba restringido”. La restricción a la que se alude es consecuencia de una ley aprobada durante el gobierno anterior que fue presentada por el diputado Máximo Kirchner con la intención de impedir negocios inmobiliarios en tierras arrasadas por incendios intencionales.