Después del encuentro con mandatarios de distintas fuerzas políticas en reclamo ante el Ministerio de Capital Humano por los fondos adeudados para comedores escolares, el intendente Gilberto Alegre destaca la preocupación compartida frente a las dificultades para gestionar la administración cotidiana. “Yo estoy bien todavía, pero vemos cómo se achica la coparticipación y es riesgoso”, dice en diálogo con este medio. Además asegura que viven una situación climática adversa, que pone en jaque al sector agroindustrial y que los deja “siempre al borde de tener una inundación». Por otra parte. cuestiona el rol de la justicia. Al ser consultado sobre si considera que puede tener algún destino el reclamo que la provincia le hace al gobierno nacional por coparticipación, Alegre señala que los jueces “deberían tomar alguna determinación” y que “todo el mundo actúa en función del miedo que le tienen a la justicia”. 

¿Cuál es la situación económico-financiera de General Villegas?

Me inclino a decir que estamos en el medio. Podemos pagar el aguinaldo. Estamos funcionando relativamente bien. Pero el pronóstico hacia adelante no es bueno porque no puedo pensar en qué aumento de sueldo debería darles a los trabajadores municipales. Si bien es cierto que dos meses atrás les di un 10%, hoy en día ya no tengo mucho resto. Todo depende de cómo avancen las conversaciones con la provincia respecto de los fondos que nos corresponden por el crédito, eso nos permitiría agrandar el presupuesto. Todo lo que venga de libre disponibilidad, que no esté afectado a obra, nos permite mejorar nuestras perspectivas. Además, hay otro tema: el Tribunal de Cuentas nos controla demasiado. 

¿En qué los perjudica?

Está bien que nos controlen, que se entienda, pero con el momento que estamos viviendo, si gastamos más de lo que hemos presupuestado tenemos severas multas. Entonces, habría que ver esa situación, cómo se puede ordenar para que podamos trabajar tranquilos. Tengo un presupuesto de 49.000 millones y tengo que ajustarme, cuando en realidad para funcionar adecuadamente necesitaría 53, 54 mil millones. Eso es por ley, habría que tratar de ver cómo se modifica esa situación para que podamos trabajar sin presiones. De lo contrario, vamos a estar en dificultad muy seria, la mayoría de los intendentes van a estar sujetos a multas por este tipo de cuestiones.