El relato libertario marcó uno de sus grandes hits en la opinión pública con la proclama de su supuesta superioridad estética y moral frente a la “casta” política. Sin embargo, cuando los expedientes judiciales reemplazan a la pirotecnia de las redes sociales la épica del ajuste se desmorona a velocidad crucero. Esta semana, dos noticias golpearon en la línea de flotación del Ejecutivo: las inverosímiles justificaciones patrimoniales del exjefe de gabinete, Manuel Adorni, ante la Justicia y la confirmación del procesamiento de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y exabogado personal del presidente Javier Milei. Ambos episodios ponen contra las cuerdas judiciales a dos hombres de estrecha confianza del mandatario.

El descargo de 78 páginas presentado por la defensa de Adorni ante el fiscal Gerardo Pollicita parece más un ejercicio de “contabilidad creativa” que una explicación patrimonial rigurosa. Investigado por presunto enriquecimiento ilícito, el exvocero y exjefe de gabinete intentó justificar más de medio millón de dólares en efectivo sin declarar argumentando antiguas operaciones con Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018. Según su escrito, compró y vendió criptomonedas en efectivo de forma presencial en la vía pública, resguardando billetes “en negro” para huir de las andanzas de la “vieja política”.

El relato se asemeja a un queso gruyere repleto de agujeros. En primer lugar, choca de frente con el archivo: en videoconferencias públicas de 2020 y 2022, el propio Adorni confesaba ante billeteras virtuales y economistas que en 2015 apenas entendía qué era el Bitcoin y que no lo consideraba una inversión formal. En segundo lugar, las pericias técnicas derrumban la hipótesis de las operaciones presenciales: una de las billeteras declaradas recibió transferencias mientras Adorni tuiteaba desde Chile, y otra muestra movimientos directos desde un exchange virtual.

A este rompecabezas de inconsistencias se le suman préstamos familiares no documentados y el uso sistemático de tarjetas de crédito de empleadas de la Casa Rosada para compras personales y remodelaciones en el country Indio Cuá. La respuesta de Adorni para justificar semejante nivel de gastos por encima de sus ingresos lícitos roza el absurdo: afirmó que él y su esposa decidieron “vivir deliberadamente como si no tuvieran ahorros”. Así busca convertir la “austeridad” libertaria en gambeta judicial. Pero el contratista Matías Tabar, por ejemplo, ratificó hoy que Adorni y su esposa pagaron las refacciones de Indio Cuá en efectivo con dólares billete y calificó de “inverosímil” la excusa de las billeteras cripto.

Mientras el expediente de Adorni suma dudas, la situación de Diego Spagnuolo ya ingresó en una fase crítica. La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del extitular de la ANDIS y de otras 18 personas, acusadas de conformar una asociación ilícita dedicada al cobro de sobreprecios y coimas en la compra de medicamentos de alto costo. La hipótesis del fiscal Franco Picardi ubica a Spagnuolo –abogado personal del Presidente antes de desembarcar en la función pública– como el líder de un esquema de corrupción que direccionaba contrataciones hacia droguerías amigas.