Política
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Sturzenegger acelera pero enfrenta freno en el Congreso

Un coloso con pies de barro: Sturzenegger pisa el acelerador pero aliados y empresarios lo frenan en el Congreso

Federico Sturzenegger busca su consagración como el ministro “coloso” de Desregulación y Transformación del Estado. Tras meses de habitar las sombras como el arquitecto intelectual del DNU 70/23, la primera versión de la Ley Bases y un sinfín de tuits que incluyeron hasta una mirada muy particular de películas argentinas, el funcionario busca dar el salto definitivo al proscenio mileísta. Pisa el acelerador de su ambicioso plan de reforma estructural y desguace del Estado pero generó fricciones de importancia en el Congreso, entre aliados y opositores.

Mauricio Caminos

El próximo martes en la Cámara de Diputados el oficialismo buscará abrir el debate de la pomposa ley Hojarasca que busca derogar más de 70 normas consideradas obsoletas. El encargado de ponerle el cuerpo a la defensa del proyecto será Alejandro Cacace, el exdiputado radical y actual secretario de Desregulación que se convirtió en el puente necesario entre la rigidez de Sturzenegger y la rosca parlamentaria.

En el entorno de Sturzenegger, la «Hojarasca» se vive como una victoria cultural. Es la fase más amable del plan: una limpieza administrativa que busca mostrar un Estado que «deja de molestar» al ciudadano. Cacace confía en que este frente sea el más sencillo de transitar. «La voy a defender el martes en comisión», afirmó el secretario entre los suyos, con la seguridad de quien sabe que, en esta instancia, la oposición dialoguista no tiene grandes incentivos para defender regulaciones de la década del 40 o el 50. Sin embargo, detrás de la «hojarasca» se esconde una pretensión mayor: la idea de que cualquier norma que no sea estrictamente necesaria debe ser borrada del mapa.

Si la ley Hojarasca es el frente amable, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada es la trinchera donde se libra una batalla más espesa. La exposición de Sturzenegger en el Senado hace apenas unos días dejó un tendal de polémicas. El ministro no solo se cruzó con el kirchnerismo en términos ideológicos y hasta con el arzobispo Gustavo Carrara, sino que despertó alarmas en los sectores que el gobierno necesita como aliados estratégicos.

Fuentes del bloque de la UCR en el Senado confirmaron a este medio que existen «luces amarillas» encendidas sobre el tablero de control radical. El ruido no proviene de una negativa a defender la propiedad privada en abstracto, sino de la letra chica que Sturzenegger pretende imponer sobre dos áreas ultra-sensibles: la ley de Tierras y el RENABAP (el Registro Nacional de Barrios Populares).

El proyecto de ley de Tierras busca facilitar la compra de tierras por parte de extranjeros, eliminando topes y restricciones que datan de la era de Cristina Kirchner pero que fueron mantenidas –con matices– por el macrismo. Para los senadores que responden a gobernadores de provincias con recursos naturales estratégicos (minería, agua, litio), esta es una concesión que toca la fibra de la soberanía territorial y que no están dispuestos a votar a libro cerrado.

La modificación del esquema de urbanización de barrios populares es otro foco de conflicto. El radicalismo, que ha tenido una participación activa en la gestión de estos registros a través de figuras como las vinculadas a la pastoral social y movimientos territoriales, ve con pánico que se desmantele un sistema que –con todas sus fallas– garantiza una mínima paz social en los cordones más pobres del país. El registro incluso fue apoyado con convencimiento por el PRO, ya que fue creada por un decreto de Mauricio Macri.

Incluso dentro del equipo de Sturzenegger hay grietas. Allí admiten que el proyecto de propiedad privada genera «más dudas» que la poda administrativa de la Hojarasca. Saben que entrar en el Senado con una reforma que afecta la tenencia de la tierra y la urbanización de asentamientos es meterse en un pantano donde los gobernadores tienen la última palabra. La norma empujada por el ministro plantea también modificaciones en expropiaciones, desalojos, el Régimen de Tierras Rurales, el Registro de la Propiedad Inmueble, y hasta la ley de Manejo al Fuego.

La intervención en organismos técnicos como el INTI, donde Sturzenegger tiene "el último clavo del ataúd" listo para ser martillado, lo mantiene en una tensión constante con los sectores productivos y con el propio Luis "Toto" Caputo. Hay una competencia silenciosa por quién tiene la llave de la "transformación": si el que maneja la caja o el que borra las leyes.

El muro de los laboratorios

Donde el experimento libertario chocó con una pared de hormigón fue en el espinoso capítulo de las patentes farmacéuticas. El martes pasado, lo que debía ser un trámite ágil en comisión para avanzar en la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) se dilató imprevistamente. En este punto, la retórica oficial sobre la libertad de mercado se encontró con un enemigo que conoce todas las mañas del poder: el lobby de los laboratorios nacionales.

Sturzenegger empuja la adhesión al PCT como una señal de alineamiento total con los estándares de propiedad intelectual de Estados Unidos y Europa. Es un reclamo histórico de las multinacionales nucleadas en CAEMe y de la propia Embajada norteamericana. Pero del otro lado está CILFA, la cámara que agrupa a los laboratorios de capitales argentinos, que ve en este tratado un certificado de defunción para la industria local y un golpe al bolsillo de los consumidores vía encarecimiento de medicamentos. Aseguran que manteniendo el esquema actual se ahorran unos 3,3 mil millones de dólares.

El lunes pasado la presión fue asfixiante. Hubo llamados cruzados entre despachos oficiales y representantes de la industria. Uno de los cruces más llamativos ocurrió entre Cacace y Marcelo Figueras, dueño de laboratorios Richmond, en un grupo de WhatsApp de Red de Acción Política (RAP), que llevó esta semana a varios legisladores y funcionarios a una gira por EE.UU. Figueras cuestionó en el chat la reciente derogación de una resolución de 2012 que aplica criterios de patentabilidad para las farmacéuticas, según reveló el diario La Nación.

El debate, con otros empresarios farmacéuticos involucrados, se extendió a lo largo de una semana, supo este cronista. Poco tiempo comparado con que el PCT está frenado en el Congreso desde 1998: en aquel entonces tuvo aprobación unánime del Senado –un acuerdo entre el peronismo neoliberador de Carlos Menem y el radicalismo del ascendente Fernando de la Rúa–. Como los tratados internacionales no tienen un vencimiento parlamentario, aún espera su turno en la Cámara de Diputados.

Es lo que quieren apurar Milei y Sturzenegger ahora, porque el 30 de abril EE.UU. actualiza su Informe 301, registro donde el país aparece como “los chicos malos” –según caracteriza Cacace– en la Priority Watch List. Pero el frenazo del lunes fue una lección de realismo político para el ministro. “Del 1 al 10, el lobby farmacéutico está en 10”, graficó una fuente libertaria. CILFA denuncia pérdida de soberanía y el kirchnerismo y la izquierda acusan que el Gobierno quiere priorizar a multinacionales contra el bolsillo del consumidor final.

El ecosistema interno

Mientras Sturzenegger libra estas batallas externas, el frente interno no le da respiro. Una reciente reunión con Manuel Adorni para definir nuevos recortes en el Estado –en medio de las turbulencias judiciales que rodean al exvocero– marca que el ministro de Desregulación es el ejecutor de la parte más ingrata del plan: el desguace.

La intervención en organismos técnicos como el INTI, donde Sturzenegger tiene «el último clavo del ataúd» listo para ser martillado, lo mantiene en una tensión constante con los sectores productivos y con el propio Luis «Toto» Caputo. El ministro de Economía, más preocupado por la planilla del Excel financiero y la estabilidad del tipo de cambio, observa con cautela la «furia desreguladora» de su colega. Hay una competencia silenciosa por quién tiene la llave de la «transformación»: si el que maneja la caja o el que borra las leyes.

El «momento Sturzenegger» es, en última instancia, el momento en que el programa libertario deja de ser una proclama de campaña para convertirse en un hecho atado a las vicisitudes de la discusión política, económica y hasta social. Entre la ley de Hojarasca y la de Propiedad Privada, el episodio de las patentes funciona como una advertencia temprana. Sturzenegger descubrió que puede eliminar leyes viejas con relativa facilidad, pero que cambiar las reglas de juego de los sectores con poder real requiere algo más que dogmatismo.

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