Con un escenario parejo, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez cerraron sus campañas presidenciales para el balotaje. Entre promesas económicas moderadas y la sombra de crisis pasadas, más de 27 millones de peruanos deciden su futuro.

Redacción 4Palabras

Perú se prepara para una jornada electoral decisiva este domingo 7 de junio, en la que más de 27 millones de ciudadanos elegirán al próximo presidente en un escenario que se anticipa de paridad absoluta. La derechista Keiko Fujimori y el candidato de izquierda Roberto Sánchez cerraron sus campañas en Lima con discursos que reflejan las profundas divisiones de un país que arrastra una década de severas turbulencias políticas, marcadas por la sucesión de ocho mandatarios en los últimos diez años.

Los últimos reportes internacionales, entre ellos el de la emisora RFI, anticipan un empate técnico que mantiene el desenlace bajo total incertidumbre. Geográficamente, el voto se encuentra dividido de manera tajante. Fujimori mantiene una amplia ventaja en la capital, Lima. Mientras que Sánchez domina el interior del país, con una fuerza arrolladora en las zonas andinas. Ante este panorama, el resultado final quedará en manos de un alto porcentaje de votantes indecisos y de la campaña por el voto nulo que impulsan líderes de centro como Jorge Nieto y Marisol Pérez Tello.

El tramo final de la campaña estuvo cargado de simbolismo histórico y confrontación ideológica. Roberto Sánchez basó su cierre de campaña en la defensa de los sectores más vulnerables, presentándose como la voz de los excluidos y los pobres. El candidato de izquierda recordó la figura del expresidente Pedro Castillo y anunció que lo indultará en caso de ganar la presidencia. Sánchez enfocó sus críticas en la historia de corrupción y el autoritarismo del fujimorismo, prometiendo recuperar la división de poderes, garantizar la justicia social y emprender una lucha frontal contra la corrupción.

Keiko Fujimori, quien llega a una segunda vuelta por cuarta vez consecutiva, centró su mensaje en reivindicar el legado económico de su padre, el fallecido dictador Alberto Fujimori. La candidata prometió un gobierno de “mano dura” contra el crimen organizado y la delincuencia, que hoy representan la principal preocupación de los peruanos, asegurando que su gestión traerá el orden y el progreso frente al caos que atribuye a su oponente.

El tramo final de la campaña estuvo cargado de simbolismo histórico y confrontación ideológica. Roberto Sánchez se presentó como la voz de los excluidos y los pobres. Keiko Fujimori centró su mensaje en reivindicar el legado económico de su padre, el fallecido dictador Alberto Fujimori.

En materia económica, los planes de gobierno que inicialmente se encontraban en las antípodas sufrieron modificaciones en los últimos días debido a la necesidad de captar el voto moderado de centro. Ambas fuerzas políticas inundaron el debate con promesas de subsidios, bonos y obras públicas, aunque persisten diferencias sustanciales en el tratamiento de las grandes inversiones y el rol del Estado.

Fujimori defiende el libre mercado, el respeto a la propiedad privada y la continuidad de las exoneraciones tributarias a las grandes empresas agroexportadoras que consolidaron al país como líder en el sector. Promete mantener la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú.

Sánchez, por el contrario, mantiene una postura crítica hacia el modelo neoliberal y propone una Asamblea Constituyente para cambiar la constitución económica, buscando una mayor soberanía sobre los recursos naturales. Sin embargo, su equipo económico, liderado por el exministro Pedro Francke, moderó el discurso hacia el cierre para dar garantías a la inversión privada. Un giro llamativo ocurrió con respecto a la continuidad de Julio Velarde al frente del Banco Central: tras haber afirmado inicialmente que no lo mantendría en el cargo, Sánchez rectificó su postura en el último debate y prometió ratificarlo. Entre sus principales promesas económicas destacan el aumento del salario mínimo y la reducción del precio de los combustibles.

La legitimidad del proceso y la velocidad del conteo final se encuentran bajo la lupa de la opinión pública. Los antecedentes de la primera vuelta del 12 de abril, que estuvo empañada por demoras logísticas y denuncias de fraude sin pruebas por parte de sectores de ultraderecha, generan suspicacias. A esto se suma que las últimas elecciones presidenciales en Perú se definieron por un margen mínimo de apenas 40.000 votos, lo que anticipa un escrutinio lento y propenso a las impugnaciones.

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