Sin levantar la voz, el Gobierno avanzó esta semana en la reglamentación de artículos claves de la reforma laboral. Todavía hay causas judiciales abiertas, pero pareciera no preocuparle. Uno de los cambios más importantes es el fin de la prórroga automática de los convenios colectivos de trabajo, lo que obliga a renegociar todas las condiciones laborales. Los sindicatos advierten una “conflictividad importante”, pero, hasta ahora, han tenido poca capacidad de bloqueo.

El lunes 1 de junio el Gobierno sorprendió con cuatro decretos (406, 407, 408 y 409/26) sobre la reforma laboral, sancionada en marzo. Fue un verdadero aluvión normativo donde introdujo modificaciones en materia de convenios colectivos, actividad sindical, recibos de sueldo, indemnizaciones, empleo registrado y aspectos tributarios. El oficialismo lo llama “modernización”, la CGT “regresión”. La izquierda, sin medias tintas, “esclavismo”. En los hechos es la cristalización del nuevo mundo laboral que sueñan libertarios y el círculo rojo. 

La publicación de estos decretos no fue acompañada de una gran propaganda oficial, como si quisieran pasar desapercibidos. Recién el miércoles, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, publicó en X un extenso posteo dando detalles de los cambios. En un tono celebratorio, casi de goce, sostuvo que “durante décadas, la República Argentina estuvo atada a leyes laborales pensadas para un mundo que ya no existe más”.

https://x.com/fedesturze/status/2061433881929064526

La Confederación General del Trabajo (CGT) respondió con un comunicado el mismo miércoles, después del posteo del ministro desregulador. “Resulta inadmisible que el Gobierno pretenda implementar una normativa en la cual buena parte de sus disposiciones se encuentran cuestionadas judicialmente y sometidas a debate respecto de su constitucionalidad”, advirtió. 

Es verdad que la causa judicial contra la reforma laboral iniciada por la central obrera sigue su curso, pero con varios reveses encima. El Gobierno logró revertir una suspensión temporal y el traslado del expediente del fuero Laboral al Contencioso Administrativo, donde encuentra eco a casi todos sus pedidos.

La central obrera denuncia, además, que el Gobierno se mandó una avivada y, a través de la reglamentación, realizó modificaciones que sólo se podrían realizar vía Congreso. Por ejemplo, señalan que incorporan disposiciones que alteran el espíritu y el alcance de la ley de Asociaciones Sindicales 23.551.

Los cambios clave de la reglamentación

La cantidad de cambios que introdujo el Gobierno es enorme. Tal vez el punto más dañino para los sindicatos es la derogación del principio de ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. Antes de la ley, cada convenio se prorrogaba automáticamente hasta que se firmara un nuevo acuerdo que lo reemplace. De esta manera, señalan los sindicatos, se garantizaba los derechos adquiridos aunque no haya acuerdo entre partes. Ahora no sólo se quita la ultraactividad, sino que se pone un límite para los que no tenían plazos. El 31 de diciembre de este año vencerán sí o sí; lo que obliga a renegociar cada uno de los convenios alcanzados. 

Con este punto, también, dejan de ser exigibles los aportes obligatorios a cámaras empresarias y se establecen topes para descuentos y contribuciones sindicales. Recortando recursos para los sindicatos, cuyo poder de negociación se disminuye considerablemente.

Sin dudas, otro punto clave y polémico son los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) que regirán desde noviembre de 2026. Modifica el sistema de indemnizaciones tradicional y podría canalizar nuevos fondos hacia el mercado de capitales local, una especie de reedición de la AFJP. Ahora las indemnizaciones no las pagará el empleador, sino las FAL, financiadas por los aportes de los propios trabajadores. Un negocio millonario polémico difícil de explicar, pero fácil de enseñar.

Entre las modificaciones que perjudican a los sindicatos, está la limitación de las horas sindicales para los delegados. El argumento oficial es compatibilizar la actividad gremial con la continuidad de la producción. En los hechos reduce el tiempo que puede dedicarle el representante sindical para realizar su tarea. Quiénes alguna vez la realizaron, saben lo demandante y desgastante que es. Para hacerlo bien, se necesitan horas para conocer los reclamos y llevarlos a la patronal.

Uno de los puntos a prestar atención es el régimen de servicios eventuales. Se simplifica la inscripción de empresas y se amplían los casos en los que pueden contratar trabajadores bajo esta modalidad. Es decir, contratos con menos derechos que, según el Gobierno y empresarios, eran considerados excesivos.

La lista sigue, casi inabarcable. Un buen resumen le dio a este medio un miembro del equipo jurídico de la CGT: “Generan daños en los recursos de los sindicatos, de las cámaras, modifican la negociación colectiva fuerte”. 

Las respuestas sindicales: camino judicial o la calle

Ante este cambio radical que significa la reforma laboral la CGT sigue firme en priorizar el camino judicial. A pesar de los continuos traspiés, no parece estar evaluando un cambio de estrategia. 

Con sus principales dirigentes en Ginebra, participando de la OIT, es difícil que la CGT anuncie alguna medida de fuerza. Por ahora, se limitaron a un comunicado y una denuncia internacional del “desmantelamiento sistemático” de los derechos laborales y de las políticas sociolaborales vigentes que lleva adelante la administración Javier Milei. Aseguran que las repercusiones fueron buenas y consiguieron apoyo a los reclamos. Veremos qué efectos logra. Se sabe que el Presidente no le presta atención a organismos a los que descalifica como colectivistas.