El Foro Permanente por la Discapacidad repudió la decisión del gobierno nacional de eliminar las compensaciones económicas que recibían las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantados y pacientes oncológicos.

La Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte —publicada este martes en el Boletín Oficial— dejó sin efecto el régimen que aliviaba parcialmente el costo de los boletos contemplados en las leyes nacionales 22.431, 26.928 y 27.674. “Si bien la norma aclara que el derecho a la gratuidad ‘permanece plenamente vigente y exigible’, desde el Foro expresamos nuestra preocupación por una nueva medida que puede traducirse en más obstáculos para el acceso efectivo al transporte”, afirmaron desde la organización. También advirtieron que la decisión se da en un contexto generalizado de “atraso arancelario, desfinanciamiento y recorte de políticas públicas” que pone en riesgo derechos fundamentales.

La incertidumbre impacta de lleno en los hogares del interior del país que dependen de este beneficio para acceder a tratamientos médicos de alta complejidad en los grandes centros urbanos. María Martínez, madre de dos hijos con discapacidad, reflejó la desesperación y el malestar que se vive en las bases.

“Ya hay un ensañamiento del gobierno hacia las personas con discapacidad. Todo el mundo sabe que Dios atiende en Buenos Aires, en la capital, así que imaginate lo que va a hacer para esos niños que vienen al Garrahan o al Hospital Gutiérrez por sus diferentes patologías, o personas con cáncer”, graficó Martínez a 4Palabras.

La justificación oficial de que el derecho sigue vigente no se condice con la realidad del sector empresarial. «Si ya antes era muy engorroso poder conseguir un par de pasajes y había que hacerlo con muchos meses de antelación, hoy lo que está haciendo es librar al azar que la empresa decida si te da o no ese espacio para viajar», denunció Martínez. También adelantó que las familias ya iniciaron asambleas para coordinar un plan de lucha: “Nos tenemos que levantar y ponerle un alto. No vamos a permitir que sigan quitándonos derechos”.

Periodista y militante por los derechos de la discapacidad, Santiago Pefaur señaló: “Muchas personas de diferentes partes del país se tienen que atender por problemas médicos en Capital Federal, o en la capital de su provincia. Por eso está muy mal lo que está pasando”. Y convocó a mantener la unidad: “Todas las personas con discapacidad tenemos que estar unidas y seguir luchando por los derechos que nos están quitando, es muy grave lo que está haciendo el gobierno nacional”.

Gustavo Goyochea, responsable nacional del Frente de Discapacidad de Nuevo Encuentro, sostuvo que la decisión del gobierno expone con “brutal claridad” el modelo de país que intenta imponer. “Estamos ante un Estado que se retira de sus obligaciones, abandona su función reguladora y deja librados derechos fundamentales a la voluntad del mercado. Porque acá hay algo central que el discurso oficial intenta ocultar: la ley sigue vigente. El derecho al transporte gratuito para personas con discapacidad continúa existiendo. Lo que desaparece es la responsabilidad efectiva del Estado para garantizar que ese derecho se cumpla”, explicó a este medio.

El núcleo del problema, para Goyochea, está en cuando el Estado deja de financiar y también deja de controlar: el cumplimiento de la ley queda sujeto al criterio empresarial. “Las empresas decidirán en la práctica quién viaja, cuándo viaja y bajo qué condiciones. Se institucionaliza así un sistema de arbitrariedad y maltrato en el que las personas con discapacidad deberán enfrentarse aún más a negativas, cupos inexistentes, burocracia, destrato y obstáculos permanentes para acceder al transporte”, advirtió. Y dijo que el gobierno no elimina formalmente el derecho porque eso “tendría un enorme costo político y jurídico”. Pero, desde su mirada, “hace algo todavía más perverso: vacía las herramientas que permiten ejercerlo”.