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Mundo 4P: Bukele exportador, Trump amenaza a Cuba y Lula respalda a Pedro Sánchez
Desde la basílica de San Pedro, la Iglesia pide ir más allá de la asistencia social y centrar la mirada en las causas de la pobreza. Tras su derrota legislativa el mandatario norteamericano redobló su política de máxima presión y aseguró que "Cuba caerá muy pronto". El polémico "método Bukele" cruza fronteras y se instala en territorio haitiano. Desde España, Lula advierte sobre el peligro de la extrema derecha y abraza a Pedro Sánchez.
- noviembre 16, 2026
- Lectura: 3 minutos
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- noviembre 16, 2026
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Después de la contundente derrota política que sufrió en las elecciones legislativas de Estados Unidos, el presidente Donald Trump no resigna ni un instante su pose de “patrón” del mundo y sigue haciendo alharaca afirmando que está en condiciones de imponer su deseo a todo el mundo, dentro y fuera de su país. Cuba ha sido uno de los principales blancos de sus ataques y ahora, en una entrevista concedida al periodista Hugh Hewiit, reconocido conservador, sostuvo que “quiero resolver el problema de Cuba antes de dejar el cargo”.
No satisfecho con ello y ante la pregunta del periodista que lo interrogó acerca de que “si fuera necesario un poco de fuerza militar ¿estaría de acuerdo?”, sin dudarlo Trump respondió que “sin duda consideraría esa posibilidad”.
El bloqueo comercial a Cuba por parte de Estados Unidos se viene ejerciendo desde 1962 a partir de la decisión tomada por el entonces presidente John F. Kennedy. La medida –que con diferentes grados intensidad se prolonga hasta la actualidad– prohibió prácticamente todas las exportaciones e importaciones estadounidenses hacia y desde Cuba, bloqueando el intercambio de mercancías, alimentos y medicamentos y causando graves daños a la economía de la isla caribeña y al bienestar de sus habitantes.
En la actualidad Trump aplica el régimen de “máxima presión” sobre Cuba que incluye, entre otras medidas, el bloqueo de petróleo para la isla mediante sanciones a buques y compañías navieras que transportaran este suministro, generando graves consecuencias en el abastecimiento energético, con impacto en la vida cotidiana de los cubanos y las actividades de todo tipo. Entre otras medidas se incluyeron restricciones severas a los viajes y al turismo, se prohibieron los cruceros, veleros, y aviones privados o corporativos estadounidenses con destino a la isla, y se eliminaron los permisos generales para viajes educativos grupales (“pueblo a pueblo”) y de intercambio cultural. También se restringió el alojamiento de estadounidenses en cientos de hoteles estatales del país caribeño y se bloquearon las remesas de dinero que los cubanos radicados en Estados Unidos enviaban a sus familias en Cuba.
Durante la última asamblea general de Naciones Unidas, en septiembre pasado, Trump sostuvo que su país busca un “cambio fundamental” en la isla, después de haber dicho en marzo de este año que sería “un honor” para él “tomar el control de Cuba”.
No contento con ello ahora, en la entrevista con Hewitt, el presidente norteamericano dijo que Estados Unidos tiene “un tipo muy bueno y talentoso, de origen cubano, llamado Marco”, en directa alusión a su secretario de Estado, Marco Rubio, quien ya ha manifestado su deseo de regresar a la isla si es derrocado el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel. El lunes de esta semana, hablando con periodistas en la Casa Blanca, en tono amenazante Trump sostuvo que “Cuba caerá muy pronto”.
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El modelo represivo aplicado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele —que gira principalmente en torno al Plan de Control Territorial y a la aplicación sostenida del régimen de excepción— representa una de las transformaciones punitivas y de seguridad más drásticas de la historia reciente de América Latina.
Se basa en el establecimiento del Régimen de Excepción (Suspensión de Garantías Constitucionales), implementado originalmente en marzo de 2022 tras una escalada masiva de homicidios (92 asesinatos en un solo fin de semana) y prorrogado de manera indefinida mes a mes. La medida suspende derechos fundamentales consagrados en la Constitución salvadoreña, como el derecho a la defensa legal inmediata, el plazo máximo de detención administrativa sin presentar cargos (que pasó de 3 a 15 días) y la inviolabilidad de las comunicaciones y la correspondencia.
Las fuerzas de seguridad (Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada) han arrestado a más de ochocientas personas acusadas de pertenecer o colaborar con estructuras pandilleras (principalmente la MS-13 y las facciones del Barrio 18). Las capturas se han basado frecuentemente en perfiles estéticos (tatuajes, apariencia física), denuncias anónimas o controles territoriales estrictos.
Simultáneamente se incrementó de forma exponencial la presencia militar y policial en las comunidades urbanas y rurales que antes estaban bajo el dominio de las maras. Las tropas no solo realizan tareas de apoyo a la seguridad pública, sino cercos militares completos a ciudades enteras para desarticular el flujo logístico y financiero de las pandillas. Todo ello redundó en un alto nivel de popularidad y masivo respaldo político e internacional hacia la figura de Nayib Bukele, convirtiendo su estrategia en un referente de “mano dura” analizado por otros países de la región.
Por el contrario, organismos internacionales de defensa de los derechos humanos y periodistas han denunciado los graves costos colaterales de este modelo advirtiendo sobre detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso y crisis humanitaria en las cárceles. Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciaron condiciones inhumanas, torturas sistémicas, falta de atención médica adecuada y cientos de muertes bajo custodia estatal sin investigaciones judiciales transparentes. Miles de personas inocentes o sin vínculos reales con el crimen organizado han sido capturadas por error o bajo sospechas infundadas, pasando meses o años en prisión preventiva sin acceso a un juicio justo,
A nivel político se advierte que la concentración absoluta de poderes en el Ejecutivo, la debilitación de la independencia judicial y la falta de transparencia en el manejo de la información pública amenazan el Estado de derecho a largo plazo.
Ahora Bukele busca “exportar” su modelo a otros países de la región. «Ya acabamos con las pandillas en El Salvador, y también podemos acabar con ustedes», le advirtió a los grupos paramilitares y bandas que actúan en Haití.
El 18 de octubre, cuatro militares salvadoreños desaparecieron tras una emboscada en la periferia de Puerto Príncipe. A modo de respuesta en las últimas semanas el presidente salvadoreño envió al menos dos mil efectivos de fuerzas especiales al país caribeño para reforzar la búsqueda de cuatro compatriotas que se presume fueron secuestrados por bandas. Desde entonces han lanzado al menos dos operaciones contra las bandas en la capital haitiana y sus alrededores. Se trata de grupos que actúan como guerrillas urbanas, controlan territorios, rutas estratégicas y cuentan con armamento que, según Naciones Unidas, superan al de la policía haitiana.
Sin que se conozca cuáles son las bases legales de la presencia de los militares salvadoreños y territorio haitiano, todo indica que se camina hacia la “exportación del modelo salvadoreño” de represión, sin que se hayan alzado voces contrarias o de protesta de otras naciones de la región. Estados Unidos también guarda silencio.
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que llegó a Madrid el lunes 16 de noviembre, declaró que el jefe del Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez, es “la persona indicada para seguir defendiendo la democracia en Europa” y señaló que es “muy importante” que gane las elecciones generales del 29 de noviembre.
Pedro Sánchez recibió en el Palacio de la Moncloa a Lula, quien viajó a España especialmente para apoyar al líder del Partido Socialista Español (PSOE) de cara a las elecciones del 29 de noviembre.
En un video difundido por el PSOE –por una afonía Lula no pudo participar de un acto público como estaba inicialmente previsto– el reelecto presidente de Brasil admitió que se llevó “una gran sorpresa” al no ser el candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones de su país, en las que finalmente triunfó en el balotaje ante el ultraderechista Flávio Bolsonaro.
Lula reconoció también que hubo “exceso de confianza” y eso hizo que mucha gente no demostrase interés en “participar activamente” en la campaña electoral. “Cuando las personas entendieron que la extrema derecha podría ganar las elecciones en Brasil, el pueblo asumió las responsabilidades”, argumentó.
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Ante la ausencia de León XIV por su viaje a América del Sur, el arzobispo Luis Marín de San Martín, prefecto (máxima autoridad) del Dicasterio para el Servicio de la Caridad de la Santa Sede, presidió la misa de la Jornada Mundial de los Pobres, en la basílica vaticana de San Pedro. La jornada se celebra cada año fue instituida en 2016 por el papa Francisco y desde entonces se conmemora cada año.
En su homilía el arzobispo insistió ahora en la necesidad de ir más allá de la promoción de iniciativas asistenciales, por muy necesarias que sean, reconociendo en la cercanía a los necesitados una oportunidad para recibir a su vez algo, y cumpliendo así “la esencia misma” de la misión eclesial. “¿Cuánto tiempo dedicamos, cada semana, a escuchar de verdad a los pobres, a las personas vulnerables y a quienes viven al margen de la sociedad?” Y advirtió que con demasiada frecuencia los pobres son considerados como “problemas sociales” que requieren iniciativas asistenciales puntuales que reconoció como “loables y necesarias” pero insuficientes porque debe haber “reconocimiento de una historia, de un rostro, de la dignidad de cada persona”.
Retomando enseñanzas de san Agustín el prefecto sostuvo que “Cristo está en la necesidad cada vez que un pobre está en la necesidad” y atendiendo a ello “cada persona en situación de necesidad no puede reducirse a un número, sino que debe ser reconocida en su dignidad, que ninguna condición de vida puede borrar”. Agregó que “la caridad cristiana, por lo tanto, no se agota en la ayuda material, sino que requiere cercanía y compartir. Y, sobre todo, exige reconocer en el pobre no solo a alguien a quien ayudar, sino a un hermano del que también tenemos algo que recibir”.
El arzobispo dijo también que lejos de ser una mera celebración anual, la jornada debe convertirse en un “criterio permanente de discernimiento para toda la Iglesia”. Y señaló que las comunidades están llamadas a ir más allá de la simple conservación de estructuras, tradiciones y actividades, para convertirse en expresión de una iglesia que sale al encuentro, comparte los sufrimientos y se compromete a abordar las causas de la pobreza. Porque, señaló, “la fidelidad al evangelio se mide también por nuestra capacidad de transformar el amor recibido de Dios en gestos concretos de fraternidad y justicia”.
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