Arqueología de un pasado reciente en tiempos de desmemoria
Las últimas identificaciones de desaparecidos en el centro clandestino La Perla trazan el camino en la recuperación de las presencias. Córdoba y Tucumán; dos casos de trabajo interdisciplinario en un contexto de ajuste de las políticas de memoria.
- noviembre 16, 2026
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Con las recientes confirmaciones celebradas ascienden a 38 las personas identificadas en La Perla, víctimas del terrorismo de Estado perpetrado durante la última dictadura que recuperaron su identidad este año. En un contexto de ajuste y desmantelamiento de las áreas destinadas a la investigación histórica del más reciente pasado represivo, el trabajo coordinado desde distintos espacios arrojó este resultado a partir de las excavaciones realizadas entre septiembre y noviembre de 2025, en el marco de la causa “averiguación de enterramientos clandestinos” que lleva casi dos décadas de iniciada.
Los últimos restos encontrados se hallaron en el predio de la Guarnición Militar de La Calera, Córdoba, producto de la exploración de un área de aproximadamente tres hectáreas, adyacente a la zona explorada en la primera etapa.
Cada tanda de huesos hallados acerca no solo la certeza de la concreción del delito (poniendo fin al crimen de la desaparición) sino un ápice de reparación para los familiares de las víctimas. Pero el oficio reparador no empieza cuando se anuncia en conferencia de prensa la restitución de las nuevas identidades. Nace con el compromiso de antropólogos, arqueólogos, trabajadores e investigadores, y, particularmente, con un estado decidido a arrojar luz sobre los miles de casos de vejámenes, torturas y desapariciones.
En Córdoba, por ejemplo, el trabajo coordinado incluyó el aporte del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el Servicio de Antropología Forense del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial y el Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Fue sustancial, asimismo, el apoyo del municipio de Río Cuarto y del gobierno provincial. Nucleadas en el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), las manos de miles de mujeres pertenecientes a la Cooperativa Roby Santucho colaboraron en las tareas de rastrillaje y remoción de la tierra.
El EAAF, por su parte, confirmó los resultados a partir de los estudios antropológicos y el cotejo de los perfiles genéticos con muestras aportadas por familiares de las víctimas. Los último nueve identificados son: Alejandro Ernesto Jesús Jerez Bodereau, Néstor Albino Acosta Ludueña, Pascual Delfín Ludueña, Claudio Norberto Nardini, Cecilia Alicia Pessina de Ávila, Mónica Protti de Guillén, Mercedes del Valle Ramírez, María Luisa Salto y Juan Carlos Soulier.
En “La tierra los hace reaparecer”, crónica publicada en la revista El Sur, el periodista Alexis Oliva consigna que ellos fueron, además, víctimas de un segundo secuestro pos mortem, enterrados y desenterrados para blindar la impunidad de los crímenes, cuando, a raíz de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1979, el general Luciano Benjamín Menéndez ordenó limpiar las fosas comunes. Pero la tierra devolvió sus huesos. Y esos huesos, “hablan”.
El arqueólogo Ezequiel Del Bel marca el contraste actual: “Hay muchas identidades por restituir en toda la provincia de Tucumán; y toda una bajada de línea del gobierno nacional que viene marcando por donde tienen que ser los ajustes”.
Trabajar sin presupuesto y con el dolor todo el tiempo
Coordinador del Laboratorio de Investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología Tucumán (LIGIAAT) y docente de la Facultad de Ciencias Naturales, Ezequiel Del Bel es, también, perito judicial en causas de lesa humanidad en dicha provincia. Tucumán no solo alberga la mayor fosa común del país sino que allí el Operativo Independencia (decretado en 1975 por la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón) sentó las bases del terrorismo de Estado en la Argentina.
Con amplia experiencia respecto a la variabilidad de los sitios y la metodología utilizada, el LIGIAAT lleva a cabo prospecciones y excavaciones en fosas, inhumaciones clandestinas, centros clandestinos y centros clandestinos con fosas. Del Bel y su equipo recorrieron y excavaron durante años el Pozo de Vargas (una de las mayores fosas comunes, un antiguo pozo que proveía de agua al ferrocarril), la Escuelita de Famaillá (institución educativa, el primer centro clandestino de detención por donde se estima que pasaron entre 1500 y 2500 personas) y el Arsenal Miguel de Azcuénaga, predio militar ubicado en las afueras de la ciudad de San Miguel de Tucumán, en la localidad de Las Talitas, espacio que operó como doble mecanismo de desaparición con eventos de quema que hasta la actualidad no se han podido analizar.
“Hay identidades por restituir en toda la provincia; y toda una bajada de línea del gobierno nacional que viene marcando por donde tienen que ser los ajustes”, señala Del Bel, quien meses atrás sufrió el recorte en carne propia al quedar desvinculado de un proyecto de investigación al que se postuló. “Era la convocatoria de mi vida, específica de los derechos humanos pero a su vez, bajo el peor gobierno que nos pudo haber tocado”, sintetiza, intentando graficar la rotura y el desmantelamiento del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) particularmente en el área de las ciencias sociales.
Hoy, desde Arqueología del CONICET Tucumán no quedan en la provincia investigadores en la temática, quebrándose así la línea de trabajo.
Ubicados en la arqueología como marco teórico, desde el LIGIAAT remarcan que si bien el objetivo primordial es la recuperación de los cuerpos y la identificación de las identidades, hay todo un anclaje social que excede a lo estrictamente forense. Así, el trabajo de campo se extiende a la investigación de los espacios; los edificios y su funcionamiento; las historias de vida, quienes pasaron por allí y cómo, investigación que se completa con la realización de entrevistas y perfiles a sobrevivientes, familiares y vecinos. El encuadre les permite, por ejemplo, reconocer el modus operandi de los circuitos represivos y entender por qué en un momento inicial la cabecera del campo de exterminio fue la Escuelita y luego pasó a ser Arsenal. Del Bel la define como una arqueología del pasado contemporáneo.
Hoy Ezequiel integra la Comisión Provincial para la Preservación de la Memoria, espacio recientemente creado, que empezó a funcionar hace dos meses. Allí convergen la Legislatura provincial, la Universidad de Tucumán, los organismos de derechos humanos y la Secretaría de Derechos Humanos. La comisión cuenta con dos planes aprobados y sigue a la espera de los fondos presupuestarios que se requieren para llevarlos a cabo.
Tanto en Córdoba como en Tucumán, la sociedad civil continúa marcando, más allá de todo ajuste, el camino inquebrantable en la búsqueda de justicia, aquella que trae luz con cada recuperación de las presencias, con cada reaparecido.
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