Inicio
/
Internacional
/
La vertiginosa erosión de Rodrigo Paz en Bolivia

La vertiginosa erosión de Rodrigo Paz en Bolivia

A solo seis meses de asumir, el presidente de Bolivia enfrenta una aguda crisis política y social. La promulgación y posterior marcha atrás de una polémica ley agraria catalizó un malestar horizontal y multiétnico. Sindicatos campesinos, transportistas y la COB unificaron sus reclamos, mientras el gobierno exhibe fragilidad e intenta una peligrosa internacionalización del conflicto.

Gabriel Puricelli

Bolivia atraviesa una crisis política y social aguda que rememora otras pasadas que se devoraron gobiernos. Apenas medio año después de la asunción de Rodrigo Paz Pereira como presidente, el paisaje que tiene enfrente es una intrincada red de protestas, bloqueos de carreteras y movilizaciones que amenazan la estabilidad de su gobierno. Lejos de responder a una lógica de oposición partidaria organizada o a los hilos de un único liderazgo indiscutido, las revueltas actuales reflejan un malestar horizontal, multiétnico y multisectorial. En ascuas está la mitad occidental del país, incluida La Paz, mientras que una apacible calma sigue imperando en el oriente.

El desencadenante directo de lo que empieza a parecerse a una insurrección popular fue la promulgación, el 10 de abril, de la ley 1.720 de reconversión de tierras. Presentada por el gobierno como una reforma de corte técnico destinada a modernizar el sector agrario, dinamizar el mercado de suelo y facilitar el acceso al crédito, la norma catalizó un descontento social que subía de temperatura sin alcanzar el hervor.

La ley autorizaba la reclasificación de la pequeña propiedad rural a la categoría de mediana propiedad. Lo que para los tecnócratas de La Paz era un avance que permitiría a los productores utilizar sus tierras como garantía prendaria ante el sistema financiero privado para obtener crédito, fue recibido como una amenaza existencial directa por los campesinos, que vieron puesta en riesgo la inembargabilidad que la Constitución consagra para la pequeña propiedad individual o comunitaria.

Los sindicatos agrarios y las comunidades originarias leyeron la medida como un mecanismo encubierto para propiciar el despojo legal de sus territorios colectivos (Tierras Comunitarias de Origen) en favor de la expansión del agronegocio y los fondos financieros. En lugar de evocar la modernización imaginada por sus promotores, la ley 1.720 evocó el fantasma de la ejecución bancaria y el desalojo, preocupación que se agravó ante la ausencia de un proceso de consulta previa, libre e informada, requisito constitucional para cualquier reforma que altere la gestión del territorio indígena y campesino.

La ley terminó siendo de las más efímeras que haya conocido Bolivia: el 13 de mayo, después de que ambas cámaras del Congreso volvieran sobre sus pasos, Paz promulgó su abrogación. La rapidez con la que se desdijo, sin embargo, no desactivó el conflicto, sino que evidenció la fragilidad del gobierno y atizó la manifestación de otros descontentos sectoriales.

La fisonomía de las protestas destaca por su heterogeneidad. No se trata de un bloque monolítico, sino de una confluencia de sectores con agendas disímiles que terminaron encontrando un enemigo común en la inacción gubernamental. Cada actor de este frente mayormente espontáneo de resistencia tiene su agenda.

Los sindicatos campesinos y organizaciones de las naciones originarias han hecho de la defensa del estatus jurídico de la tierra su bandera principal. Encararon semanas de marchas que recorrieron el país a pie, exigiendo la abrogación de la ley de la discordia. Sus exigencias primigenias, luego, dieron lugar al pedido de destitución de los ministros del área económica y la exigencia de que no se penalicen los bloqueos ni el derecho a la protesta.

La Central Obrera Boliviana (COB) amplió el conflicto mucho más allá del debate agrario. Su movilización denuncia el impacto en los trabajadores de la crisis económica actual, marcada por la escasez de combustibles y la pérdida de poder adquisitivo. La COB exige un plan de emergencia económica, control de precios de la canasta básica y un reajuste salarial urgente que compense la pérdida del poder adquisitivo.

El sector del transporte tuvo sus propias razones para protestar: afectados por filas interminables en las estaciones de servicio y por miles de vehículos inutilizados por la venta de combustibles contaminados, los transportistas urbanos e interdepartamentales paralizaron las principales arterias del país. Sus demandas son prácticas: la normalización en cantidad y con calidad asegurada del abastecimiento de hidrocarburos y la disminución de cargas impositivas. Su paro sectorial y las protestas agrarias simultáneas ahogaron las rutas comerciales del eje central del país, creando una incipiente crisis humanitaria al interrumpir los suministros de alimentos en las grandes ciudades.

Al ignorar las alarmas en el sector campesino y subestimar el impacto de la escasez de combustibles en las ciudades, el gobierno permitió que conflictos de distinta naturaleza económica y geográfica fueran madurando en paralelo. Cuando el Ejecutivo finalmente reaccionó, ya era demasiado tarde: las agendas sectoriales se habían amalgamado en un petitorio nacional e intransigente.

La parálisis de Rodrigo Paz y el rápido desgaste institucional

La velocidad con la que se erosionó el capital político de Rodrigo Paz Pereira es sintomática de una incapacidad para interpretar la gramática social de Bolivia. Llegó a la presidencia con un discurso institucionalista, enfocado en el libre mercado y la restauración de las instituciones, pero rápidamente evidenció una notable miopía estratégica. En lugar de aplicar una estrategia de contención y resolver las demandas de manera temprana y mediante instancias de diálogo focalizadas, su gobierno optó por desmerecer las protestas, tildándolas de “reacciones políticas anacrónicas” o “sabotajes del ala radical”.

Al ignorar las alarmas en el sector campesino y subestimar el impacto de la escasez de combustibles en las ciudades, el gobierno permitió que conflictos de distinta naturaleza económica y geográfica fueran madurando en paralelo. Cuando el Ejecutivo finalmente reaccionó, ya era demasiado tarde: las agendas sectoriales se habían amalgamado en un petitorio nacional e intransigente. La falta de mayoría propia en la Asamblea Legislativa Plurinacional terminó de maniatar al presidente, evidenciando una preocupante incapacidad de reacción y negociación antes de que los distintos gremios se unieran en un solo bloque opositor en las calles.

Para entender el laberinto actual, es imprescindible contrastar la gestión de Paz con el modelo de gobernanza aplicado durante casi dos décadas por el Movimiento al Socialismo (MAS). Más allá de su predominio en las urnas durante dos décadas, el MAS puso en juego en la gestión su naturaleza de movimiento de movimientos y no de partido político tradicional. De allí nace una estrategia de coparticipación directa del poder, a través de un sistema de cuotas asignadas a los movimientos sociales. Esa institucionalización de los actores encapsuló el conflicto social dentro del propio aparato del Estado, permitiendo desactivar tensiones antes de que estallaran. El gobierno de Rodrigo Paz no les reservó a estos actores ningún espacio cerca del núcleo de decisiones, devolviéndolos a la intemperie institucional e incentivando la reactivación de la protesta callejera como única herramienta de interlocución con el poder político.

Este fenómeno de conflictividad horizontal y bloqueos masivos no es nuevo; representa, de hecho, el retorno al patrón de comportamiento político que caracterizó a Bolivia entre 2000 y 2005, el turbulento período previo a la primera llegada de Evo Morales a la presidencia. Los paralelismos con el pasado reciente son alarmantes. La espiral de reclamos se ha ido enhebrando de modo inquietantemente similar a lo que pasó durante las llamadas “guerras” del agua (en 2000) y del gas (en 2003).

La dimensión internacional: Washington, la OEA y el factor argentino

Con Donald Trump y Marco Rubio a cargo de la política exterior de Estados Unidos, no pasó mucho tiempo hasta que ese país se pronunció sobre este conflicto doméstico, intentando transformarlo en un tablero de disputas políticas hemisféricas. El propio gobierno de Paz ha escalado su retórica y el ámbito de resolución del conflicto a la arena hemisférica, con el canciller Fernando Aramayo solicitando formalmente la asistencia de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Esta decisión vierte gasolina adicional en el fuego de las protestas. Para los sectores movilizados, la intervención de la OEA evoca de inmediato el oscuro rol que desempeñó la organización bajo la gestión de su entonces secretario general, Luis Almagro, en 2019, cuando sus cuestionados informes de auditoría electoral catalizaron el pronunciamiento militar que forzó la renuncia de Evo Morales. El pedido de Aramayo es leído por los manifestantes no como una búsqueda de mediación neutral, sino como un llamado al tutelaje extranjero. Es en esa clave, más que en las pretextadas razones humanitarias, que hay que entender el envío de alimentos realizado por el gobierno argentino de Javier Milei.

El gobierno de Rodrigo Paz ha dejado que le cuenten tempranamente las costillas. Exhibe hoy la debilidad de los ejecutivos aislados, que ceden ante la calle pero no logran desactivar el descontento de fondo. El vertiginoso desgaste de su figura en apenas seis meses de gestión evidencia que los mecanismos tradicionales de representación política no alcanzan para contener. Si no logra construir puentes orgánicos con el mundo sindical y campesino, y termina delegando la resolución de su crisis interna en actores extranacionales, el país corre el riesgo de ingresar en un bucle de ingobernabilidad crónica. En Bolivia, el tiempo político no se mide en los relojes de los palacios gubernamentales, sino en la resistencia de los puntos de bloqueo que estrangulan sus carreteras.

4Palabras