Aunque el bloque rojiverde encabezado por Magdalena Andersson logra frenar a la extrema derecha y desalojar a los conservadores, no tiene el camino despejado. Para formar un gobierno estable, deberá resolver los vetos cruzados de una fragmentada arquitectura parlamentaria.

Gabriel Puricelli

El mapa político que dibujaron los resultados de las elecciones en Suecia vuelve a evidenciar la complejidad del parlamentarismo nórdico contemporáneo. La remontada del bloque rojiverde, encabezado por el Partido Obrero Socialdemócrata Sueco, no se traduce de inmediato en una vía directa hacia el gobierno. Por el contrario, el resultado electoral da lugar a un intríngulis propio de sistemas políticos europeos muy fragmentados: una mayoría electoral que alcanza para desalojar a la derecha no garantiza, por sí misma, una mayoría para gobernar de manera estable.

Si logran formar gobierno, el retorno de los socialdemócratas se deberá más al crecimiento electoral de sus aliados y a la fuerte caída de la extrema derecha que apoyó de manera sui generis al primer ministro conservador saliente Ulf Kristersson que a una recuperación de la fuerza propia. Paradójicamente, volverían al gobierno luego de su peor elección desde 1911.

La aritmética del Riksdag, el parlamento de 349 escaños, es un rompecabezas delicado. Magdalena Andersson aparece al frente del bloque más votado, pero la alianza que debe volver a hacerla primera ministra incluye dos socios que se declaran mutuamente incompatibles. La gobernabilidad de Suecia depende de desatar el nudo gordiano entre el socioliberalismo del Partido de Centro, de base agraria, y la radicalidad del Partido de Izquierda. Ambos están dispuestos a cogobernar con socialdemócratas y verdes, pero resisten mutuamente compartir espacio en el gabinete ministerial.

Si no se puede decir que los socialdemócratas hayan vencido y convencido, más clara queda la erosión del gobierno saliente. En octubre de 2022, la firma en el antiguo castillo de Tidö del acuerdo mediante el que la derecha tradicional rompió el cordón sanitario que dejaba fuera del gobierno a la extrema derecha de los Demócratas de Suecia (SD) dio lugar a una gobernabilidad particular. SD aceptó apoyar a sus tres socios (conservadores, democristianos y liberales) del así llamado bloque burgués sin ocupar carteras ministeriales, a cambio de cobrar un carísimo peaje programático: la subordinación de la agenda pública a sus prioridades en cuanto a restringir la inmigración e impulsar un punitivismo crudo en materia de seguridad.

Cuatro años después, el modelo Tidö muestra todas sus costuras. El gobierno no logró contener la violencia de las noveles bandas criminales, ni ofreció soluciones estructurales ante la inflación, el estancamiento y el deterioro del estado de bienestar. Los partidos tradicionales de la derecha sí lograron que su gobierno durara toda la legislatura.

Desde hace 15 años, los socialdemócratas sacan aproximadamente el mismo porcentaje de votos: gobiernan cuando a sus aliados les va bien en las elecciones y quedan en la oposición cuando a estos les va mal. Han perdido la capacidad propia de decidir contundentemente una elección.

Uno de los datos más importantes de la elección es el freno al ascenso de los Demócratas. Luego de años de auge, el partido de Jimmie Åkesson ha chocado con los límites de su propia estrategia: al convertirse en sostén indispensable de una agenda neoliberal en materia económica, quedó expuesto ante votantes de sectores populares que esperaban respuestas tangibles ante el encarecimiento de la vida. La normalización institucional del partido no lo ayuda en su disputa por la hegemonía cultural duradera: elude el cordón sanitario al precio de resignar el margen para insistir en una agenda antisistema pura.

La extrema derecha perdió credibilidad ante su base y resignó once bancas parlamentarias que sus socios no lograron compensar. El paso de la crítica al establishment a compartir el poder resultó, si no letal, muy dañino para el partido con viejas raíces en el neonazismo.

La estadista del pragmatismo socialdemócrata

En el centro del tablero se sitúa Andersson. Primera mujer en liderar el gobierno sueco, entre 2021 y 2022, su figura encarna una síntesis entre solvencia tecnocrática y defensa del contrato social. Formada en la Escuela de Economía de Estocolmo y con experiencia en Finanzas, Andersson ha construido una reputación de cultora de la disciplina fiscal y del pragmatismo en la gestión.

Aunque su discurso recupera, para el siglo XXI, la idea del Folkhemmet, un orden social sostenido por inversión pública en sanidad, educación y pensiones, y agrega un énfasis en la seguridad y en la provisión de bienes públicos, no ha logrado recuperar para el partido el terreno perdido en los sectores populares con la extrema derecha y sólo logra disminuir la velocidad de una declinación que ya lleva casi un cuarto de siglo. Desde hace 15 años, los socialdemócratas sacan aproximadamente el mismo porcentaje de votos: gobiernan cuando a sus aliados les va bien en las elecciones y quedan en la oposición cuando a estos les va mal. Han perdido la capacidad propia de decidir contundentemente una elección.

La imposibilidad de una mayoría propia obliga a los socialdemócratas a buscar acuerdos con tres actores heterogéneos: los Verdes, el Partido de Centro y el Partido de Izquierda, de tradición poscomunista. En la relación entre centristas e izquierda reside la clave: los primeros podrían facilitar la investidura de Andersson para evitar la continuidad de la derecha, pero vetan la entrada de los poscomunistas y cualquier desvío de lo que consideran prudencia fiscal; el Partido de Izquierda, por su parte, exige una participación en el gabinete o un acuerdo programático vinculante.

El sistema sueco es lo que se llama un parlamentarismo negativo: un primer ministro no necesita contar con una mayoría absoluta sino simplemente que haya más votos a favor de la investidura que en contra. Los vetos cruzados complican esa posibilidad. Andersson debe ceder en ambas direcciones sin que ninguno de sus socios perciba que el otro le saca ventaja en materia programática.

Para entender el cuadro social que determina la situación política contemporánea de Suecia, conviene acudir a Arena Idé, el centro de estudios que financian los sindicatos del país. En diversos análisis, sus especialistas vienen argumentando que la polarización política (asimétrica, como en toda Europa: la derecha se hace más extrema sin que suceda lo mismo con la izquierda) no es una causa sino una consecuencia de la mutación del modelo sueco. Privatizaciones, dudosos experimentos en materia educativa y reformas fiscales regresivas debilitaron la cohesión social en el país. La seguridad pública, marcada por la proliferación reciente de bandas, se entrelaza con la segregación espacial y la retirada del estado en barrios periféricos. Arena Idé viene abogando por fortalecer la inversión en bienes públicos y las capacidades del estado para prevenir la marginalidad y la violencia.

Suecia no ha escapado a las consecuencias de la adopción a lo largo de las dos últimas décadas del consenso neoliberal. La mercantilización de la educación y la salud, lejos de incrementar la eficiencia, introdujo dinámicas de segregación de clase y erosión de la confianza ciudadana en las instituciones comunes.

Ejes del debate electoral: seguridad, servicios y costo de vida

La campaña giró en torno a tres ejes: seguridad y crimen organizado, con la derecha postulando cada vez mayor endurecimiento y la socialdemocracia prometiendo inversión pública para recuperar entornos urbanos degradados. La privatización de servicios y la introducción de gestión privada en sanidad y educación, se han visto cuestionadas por escándalos de malversación y lucro exagerado; el costo de vida y el de la energía, en particular, son focos de frustración. El debate sobre el uso de la energía nuclear o una apuesta más fuerte por las energías de fuentes renovables también ha enfrentado a los dos campos políticos.

Suecia no ha escapado a las consecuencias de la adopción a lo largo de las dos últimas décadas del consenso neoliberal. La mercantilización de la educación y la salud, lejos de incrementar la eficiencia, introdujo dinámicas de segregación de clase y erosión de la confianza ciudadana en las instituciones comunes. La desregulación escolar (marknadsskolan) y reformas fiscales regresivas erosionaron la cohesión social. En este marco conceptual, la derecha de Kristersson redujo su respuesta a la inseguridad a la vía exclusivamente punitiva. Los socialdemócratas y sus socios creen, por el contrario, en la reconstrucción de un contrato social que funcione como línea de prevención contra la marginalidad y el delito.

El resultado electoral en Suecia vuelve a poner en evidencia tensiones que recorren toda Europa: abandonar el cordón sanitario frente a la extrema derecha no garantiza estabilidad, y la alternativa progresista enfrenta el desafío de renovar una fe laica en el progreso que se muestra crónicamente anémica. Para Andersson, la tarea no es sólo sumar escaños, sino definir una arquitectura de acuerdos que no deje vacío su programa.

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