Mientras el Gobierno apuraba el debate en el Senado para modificar la ley de Glaciares sancionada en 2010, distintas organizaciones ambientalistas que se oponen al proyecto se reunieron en un acto en la sala de audiencias de la Facultad de Derecho, para poner en común sus preocupaciones y subrayar las implicancias políticas, sociales, ambientales, de este proyecto. «No es una reforma integral, es un intento de derogación encubierta», denunció Andrés Nápoli, Director Ejecutivo de FARN, quien subrayó la ausencia total del concepto «cambio climático» en el nuevo texto oficial cuando fue -junto con la crisis hídrica y el retroceso de los glaciares- lo que motivó a la sanción de la ley en 2010. Por otra parte, confrontó con la idea de que impide el desarrollo en las provincias comprometidas. “Argentina necesita inversiones pero para eso necesita instituciones serias. Esta ley no va en ese sentido”, dijo. 

La preocupación central radica en la reducción de los niveles de protección, especialmente en el ambiente periglacial. Según Agostina Rossi Serra, vocera de Greenpeace, la ley vigente «incomoda al sector minero» y su modificación podría afectar incluso a glaciares emblemáticos como el Perito Moreno. «El 20% de los argentinos depende directamente del agua dulce que proveen estas áreas», recordó Rossi Serra, y señaló que la degradación de estos ecosistemas de alta montaña tendría impactos económicos y sociales sin retorno.

Uno de los argumentos del Gobierno para descentralizar el control es la autonomía provincial. Sin embargo, la investigadora de la UBA, Claudia Villanueva, advirtió sobre la «punta del iceberg» que supone esta transferencia de responsabilidad. Según Villanueva, el ordenamiento territorial es la herramienta política clave, pero las provincias hoy carecen del financiamiento y la experiencia técnica para enfrentar tamaña obligación de forma independiente.

Enrique Viale, presidente de Abogados Ambientalistas, calificó la iniciativa como «inconstitucional» por violar el principio de no regresividad en los estándares mínimos de protección. «Es una pieza más de un proyecto de primarización de la economía», dijo. En sintonía, el juez federal Sebastián Casanello aportó una mirada institucional clave. Para el magistrado, la seguridad jurídica y el Estado de derecho son inseparables de la defensa del ambiente. Casanello recordó que la Corte Suprema, en su fallo de 2019 sobre la minera Barrick Gold, ratificó que los glaciares son un derecho colectivo que trasciende lo nacional y lo provincial. «Toda la ciudadanía es víctima de los delitos ambientales», afirmó Casanello, desarticulando la idea de que estos cambios solo afectan a sectores específicos.

El origen de la Ley de Glaciares en 2010 fue el resultado de un consenso científico y social que incluso superó un veto presidencial. Hoy, las organizaciones advierten que desmantelar ese resguardo institucional en sesiones extraordinarias no solo genera inseguridad jurídica para las inversiones, sino que “compromete la supervivencia hídrica del país frente a la crisis climática global”. 

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