Los puntos ciegos y los consensos del rechazo

El informe revela datos fundamentales que desarman prejuicios sobre quiénes se oponen a líderes como Milei. Ahí surge uno de los “pegamentos” posibles para el armado de una coalición opositora. En una sociedad polarizada, el rechazo a la libre tenencia de armas es el consenso más robusto, que une a progresistas universitarios con sectores populares. La demanda de orden en Argentina pide un Estado que cuide, no un “sálvese quien pueda” de gatillo fácil.

Otro dato clave: Argentina presenta un rasgo distintivo frente a sus vecinos. El 78% de la población afirma que la democracia es siempre preferible. Pero un 11% admite que salidas autoritarias podrían ser necesarias si la seguridad o los ingresos se deterioran drásticamente.

La cuestión de la seguridad abre una paradoja. Quienes rechazan a la ultraderecha no son necesariamente “garantistas”. El centro católico y el conservadurismo popular muestran apertura hacia la pena de muerte o la mano dura. La diferencia crucial es que buscan esa autoridad dentro de las instituciones estatales, rechazando el mesianismo violento.

Geografía y religión: factores de fragmentación

El rechazo tiene tonadas distintas según el mapa. En Brasil, el antibolsonarismo es regional y estatal; el Nordeste y el sur católico se aferran a las políticas sociales como escudo. En Chile, la fragmentación es la norma: sin estructuras como el peronismo o el PT brasileño, el rechazo a Kast es volátil y carece de un canal institucional sólido.

En Argentina, la religión opera más como marca social que como brújula política. El catolicismo, por ejemplo, se asocia tanto a un conservadurismo que valora el orden como a una clase media que rechaza el estilo confrontativo de la ultraderecha. Incluso la presencia evangélica en la juventud popular no se traduce automáticamente en conservadurismo político. Se trata de grupos que combinan precariedad material con valores inclusivos.

Uno de los hallazgos más interesantes es la fractura controlada en temas de género. Mientras los sectores más educados defienden el aborto y el matrimonio igualitario, los sectores populares mantienen posturas tradicionales. Sin embargo, este desacuerdo no quiebra la coalición: el costo identitario de validar a la ultraderecha sigue siendo más alto que la discrepancia con el ideario liberal.

Por el contrario, el eje Estado/Mercado muestra poca capacidad articuladora. El debate sobre el tamaño del gasto público fragmenta a la oposición. “Las posiciones sobre igualdad de ingresos y tamaño del gasto estatal se distribuyen de forma fragmentada, y aparecen combinaciones contraintuitivas: sectores populares conservadores que apoyan la igualdad, pero defienden la austeridad, y grupos educados con mayor tolerancia a las diferencias de ingreso”, señalan en el análisis. Los discursos que mejor cohesionan a este grupo son los que apelan a la eficacia, la probidad y la estabilidad, más que a “discusiones abstractas” sobre la redistribución de la riqueza.

La conclusión del estudio de la Fundación Ebert funciona como una advertencia política. La ultraderecha ha logrado simplificar el tablero, pero su techo electoral está marcado por una heterogeneidad que no está dispuesta a entregar la convivencia democrática. El riesgo es que este rechazo se quede en una aversión coyuntural. Si el campo democrático no logra dotar de contenido propositivo a este mapa de diferencias —si no puede ofrecer seguridad sin violencia y estabilidad económica sin exclusión—, el límite de la ultraderecha podría volverse tan poroso como la paciencia de las mayorías. Lo que hoy es un veto rotundo, mañana puede ser un nuevo cansancio de quienes ya no encuentran en las instituciones una respuesta a su cotidianeidad.

4Palabras