Ley de Glaciares: más de 150 organizaciones exigen que se reabran las audiencias públicas

Organizaciones socioambientales, de derechos humanos y universidades nacionales exigen la nulidad de las dos jornadas que se realizaron en la Cámara de Diputados durante el 25 y 26 de marzo. Denuncian recortes de tiempo y fraude en un debate que afecta el agua de siete millones de personas.

Redacción 4Palabras

Decenas de voces científicas y ambientalistas reclamaron la impugnación de las jornadas de audiencias públicas por la reforma de la ley de glaciares que se llevaron a cabo el último 25 y 26 de marzo en la Cámara de Diputados de la Nación.

Bajo la consigna “Inscripción masiva, participación restringida”, más de 150 organizaciones —que incluye a la FARN, Greenpeace, el CELS, la Asociación de Abogados Ambientalistas, universidades nacionales, comunidades de pueblos originarios, asambleas vecinales de todo el país y sindicatos— denunció que la reciente audiencia pública por la reforma de la ley de glaciares fue una “farsa” que cercenó el derecho a la expresión de miles de ciudadanos.

El dato es que hubo más de cien mil personas que se inscribieron para manifestar su postura sobre el proyecto de ley que busca modificar la protección de los glaciares pero el cronograma diseñado por las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales de de Diputados sólo permitió que menos de 200 personas hicieran uso de la palabra durante apenas dos jornadas. “Esta desproporción distorsiona gravemente el sentido de una participación social efectiva”, señalaron las organizaciones en un comunicado conjunto.

El debate no es menor: la ley de glaciares protege ecosistemas estratégicos en 12 provincias y 36 cuencas hídricas que abastecen de agua de forma directa a más de 7 millones de argentinos.

“La audiencia se convirtió en una audiencia fraudulenta en la que la mayoría no pudo expresarse ni ser escuchada”, aseguraron las organizaciones.

Irregularidades y «criterios discrecionales»

Según el documento presentado por las entidades firmantes, el proceso estuvo plagado de anomalías que vulneraron los principios de transparencia y publicidad: el tiempo de exposición se redujo de cinco a cuatro minutos sin previo aviso, hubo participantes inscriptos que viajaron desde el interior y no fueron llamados a hablar, mientras que se permitió la intervención de personas que no figuraban en el listado oficial.

Además denunciaron interrupciones reiteradas por parte de los diputados, lo que impidió el desarrollo normal de las ponencias, y hubo cambio de reglas a último momento como la presentación de videos o documentos escritos, para suplir la falta de tiempo para la oralidad. “La audiencia se convirtió en una audiencia fraudulenta en la que la mayoría no pudo expresarse ni ser escuchada”, aseguraron las ONG.

Las organizaciones insisten con que este avance viola el Acuerdo de Escazú y presentaron una solicitud formal a la Cámara de Diputados exigiendo una nueva audiencia pública que cumpla con los estándares internacionales. Además pedirán que se amplíe el cronograma para que todos los inscriptos puedan ser escuchados con un respeto irrestricto de las reglas para garantizar la igualdad de condiciones. Y solicitan que los aportes de la ciudadanía sean incorporados efectivamente en los fundamentos de cualquier reforma a la ley 26.639.

Para las entidades firmantes, el mensaje de la ciudadanía es claro: existe un interés profundo y federal por la protección de los glaciares. «Sin participación plena y efectiva no hay libertad de expresión. Y sin libertad de expresión, la democracia se vacía de contenido», concluyen.

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