La sesión estuvo marcada por la polémica ante el fallido intento del Gobierno de convertir a la Argentina en el primer país de la región en ratificar el pacto. El oficialismo intentó forzar un adelantamiento de la votación en medio de la lista de oradores para “ganarle de mano” a Uruguay, pero la maniobra fracasó por la celeridad del Parlamento oriental, que dio el visto bueno definitivo apenas unos minutos antes.

Las críticas más ácidas llegaron desde el bloque Justicialista conducido por José Mayans. El senador cuestionó duramente el apuro del Ejecutivo y denunció un intento de “cercenar la palabra” de los legisladores al querer acortar el debate de un tratado que llevó 26 años de negociaciones. Mayans advirtió que la premura por una «foto política» no podía pasar por alto el análisis de las asimetrías económicas que el acuerdo podría profundizar en sectores industriales vulnerables. Se soltó de boca cuando el radical Maximiliano Abad pidió adelantar la votación: “Si acá votamos por mayoría que usted se baje los pantalones lo hace; voy a proponer que se quede desnudo», le espetó al libertario Bartolomé Abdala, que conducía la sesión y pretendía avanzar con la propuesta de Abad. El canciller Pablo Quirno acompañó la votación desde uno de los balcones del recinto.

La Ley de Glaciares

Al acuerdo Mercosur-UE le siguió la reforma de la Ley de Glaciares, temas interconectados porque hay cláusulas de compromiso ambiental en el tratado intercontinental que el Gobierno deberá tener la cintura amplia para no autoperjudicarse. El pacto prohíbe explícitamente que las naciones firmantes reduzcan sus estándares de protección ecológica como estrategia para atraer inversiones o incentivar el flujo comercial. 

La flexibilización de la Ley de Glaciares fue aprobada por una mayoría contundente que abroqueló el oficialismo con los gobernadores de las provincias mineras. El resultado fue de 40 votos a favor y 31 en contra. La división del peronismo, pero también del radicalismo y el PRO, revela la trama de intereses que tocó la normativa. 

En lo grueso acompañaron los legisladores de Mendoza, San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy, provincias que, según la argumentación oficial, esperan la ley para potenciar inversiones en cobre y litio. El Gobierno festejó con el secretario de Minería, Luis Lucero, en uno de los palcos del Senado, además de Karina Milei. 

En el peronismo votaron a favor Lucía Corpacci, de Catamarca, y Sergio Uñac, de San Juan. Lo mismo los tres senadores de Convicción Federal, recientemente corridos del peronismo-kirchnerismo. En la UCR Maximiliano Abad (Buenos Aires), Daniel Kroneberger (La Pampa) y Edith Terenzi (Chubut), se inclinaron por la contra. El titular del bloque macrista, Martín Goerling Lara (Misiones), lo hizo a favor, pero Andrea Cristina (Chubut) y Victoria Huala (La Pampa), en contra. Los dos senadores del espacio Moveré por Santa Cruz, del gobernador Claudio Ávila, lo hicieron en contra, al igual que la cordobesa Alejandra Vigo. La neuquina Julieta Corroza fue la única que se abstuvo.

La falta de claridad en la ley sobrevoló el debate porque desde el peronismo denunciaron que se desconocía la letra final del proyecto a la hora de votar. Al borde de la votación, Di Tullio exigió que al menos el miembro informante libertario lea los cambios introducidos a último momento en el texto. 

En sus detalles, la nueva norma flexibiliza las caracterizaciones de los glaciares y le quita objetividad científica. Introduce como modificación la expresión “formas periglaciares” y alienta a distinguir entre aquellas que cumplen funciones de “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” de aquellas que no necesariamente cumplen dicha finalidad y son aptas para la utilización económica. Esto significa que con la nueva ley no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino solo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable.

Además, le da más autonomía a las provincias para la gestión de sus recursos naturales: le quita facultades a un organismo nacional autónomo –el IANIGLA– para pasarlas a las jurisdicciones locales.

La ley vigente fue sancionada en 2010 durante el primer mandato de Cristina Kirchner pero atravesó un fuerte lobby minero y aún tiene cuentas pendientes. Supone presupuestos mínimos para resguardar los glaciares y el entorno periglacial, entendiéndolos como depósitos de agua esenciales para el país –alimentan el 40% de las cuencas hídricas nacionales–. La ley implementó el Inventario Nacional de Glaciares (ING) y restringió cualquier explotación que altere su estado natural, poniendo un freno directo a los proyectos mineros y petroleros en estas áreas sensibles.

Ahora la reforma pasó a la Cámara de Diputados, donde el panorama está abierto sobre su sanción, aunque el Gobierno confía en que el acuerdo con los gobernadores de las provincias mineras vuelva a darle réditos. La norma podría enfrentar posteriormente una avalancha de denuncias por inconstitucionalidad debido a los límites que la Carta Magna le impone a las jurisdicciones provinciales –más allá de que el federalismo les permite gestionar sus recursos naturales– así como que no pueden retrotraerse los presupuestos mínimos ambientales (artículo 41 de la CN).

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