A las 12 en punto suena la chicharra que anuncia el final del turno matutino. Es un mediodía despejado de primavera, aunque fresco. Los trabajadores dejan de a poco lo que sea que están haciendo en la fábrica y cruzan la calle con los mamelucos todavía puestos. Una vez en la fundación, del salón comedor les empieza a llegar un aroma a pizzas caseras recién salidas del horno capaz de marear a cualquiera.

El sol se cuela por las puertas y los ventanales de vidrio que dan al pasillo. El alboroto y el ruido de las máquinas del galpón de ensamblaje deja paso a silencio medido, de murmullos apagados. La fila la hacen con parsimonia, como si fueran a echarse una siesta y no a almorzar. Casi nadie levanta la voz. La que les sirve las porciones por la ventanilla es Kenia, una joven de 30 años con retraso madurativo. Es su primer trabajo, y son sus primeros días como empleada en la Asociación de Protección y Ayuda a la Discapacidad, APAD, el taller protegido más grande del país, con sede en San Miguel, provincia de Buenos Aires. 

«Este salón solía ser un caos total, con mucho movimiento, pero hoy es un día muy tranquilo para nosotros», dice Néstor Osvaldo Soria, el director ejecutivo de APAD, mientras señala las mesas del comedor, que muestran algunas sillas vacías. «Demasiado tranquilo, diría yo…», agrega.

La “tranquilidad” tiene su explicación en dos pandemias: la del Covid, que los obligó a cerrar el taller durante dos años, hasta 2022; y la de la apertura de importaciones y el plan motosierra del gobierno de Javier Milei, que les hizo perder a uno de sus principales clientes, lo que redujo drásticamente la capacidad de producción y, por ende, la de pagar sueldos. 

APAD es el taller protegido para personas con discapacidad más grande del país. En su apogeo llegó a emplear a casi 200 trabajadores con distintas discapacidades intelectuales. Se dedican al reciclaje y ensamblaje de productos y cajas para la distribución, todo a través de trabajos de tercerización que les derivan distintas marcas nacionales.