El Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina 2025 revela un deterioro sin precedentes: agresiones a periodistas, desfinanciamiento científico y educativo, y hostigamiento contra voces críticas. Un proyecto ideológico busca reducir los espacios de debate y conocimiento plural.

Larisa Kejval

Doctora en Ciencias Sociales (UBA), directora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires.

Asistimos a uno de los momentos más graves de regresividad de los derechos comunicacionales desde la recuperación democrática en la Argentina, un tiempo en el que se combinan el despliegue de políticas regresivas, la represión en las calles, la censura y el hostigamiento digital contra voces críticas. No se trata únicamente de un clima de intolerancia generalizado ni de una sucesión de episodios aislados de violencia y silenciamiento, sino de un proyecto ideológico que identifica como enemigos privilegiados a tres actores centrales para cualquier sociedad democrática: quienes producen conocimiento, las y los científicos; quienes lo trabajan y lo comparten colectivamente en las aulas y en los espacios de formación, las y los docentes; y quienes transforman ese saber en información, las y los periodistas y comunicadores que intervienen cotidianamente en el debate público.

En el último año, el deterioro de las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión se manifestó en la profundización de la violencia contra la prensa, el desfinanciamiento sistemático de la universidad y el sistema científico, y la deslegitimación pública de quienes investigan, enseñan y comunican en clave crítica. Los datos del Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina 2025 que elaboramos desde la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA en conjunto con SiPreBA, FATPREN y la FIP, así como las alertas de organizaciones nacionales e internacionales, exhiben un escenario en el que se normalizan las agresiones físicas en la cobertura de protestas, la persecución judicial selectiva y la estigmatización desde las más altas esferas del poder político.

Este año hubo al menos 83 periodistas agredidos durante coberturas de manifestaciones. El dato marca un incremento del 66% respecto de los 50 casos de agresiones directas a periodistas documentados en el informe del año anterior. Entre estas agresiones hubo episodios emblemáticos como el ataque al fotorreportero Pablo Grillo —gravemente herido por el disparo ilegal de una cápsula de gas lacrimógeno— y la detención violenta de reporteros gráficos como Tomás Cuesta, Javier Iglesias y Mariana Nadelcu. Estos hechos se inscriben en operativos en los que intervinieron simultáneamente hasta cinco fuerzas de seguridad distintas y en los que se reiteran el uso de balas de goma, gases lacrimógenos, detenciones arbitrarias y destrucción de equipos de prensa.

El informe también advierte sobre el ensanchamiento de zonas de silencio informativo a partir del desmantelamiento de políticas de apoyo dirigidas a medios comunitarios, universitarios y cooperativos, que son justamente los que suelen dar cobertura sostenida a los conflictos sociales y a las vulneraciones de derechos. En paralelo, documenta medidas que profundizan la precarización laboral en el sector de la comunicación y la cultura, y decisiones de política pública que eliminan o desatienden programas, fondos y organismos destinados a garantizar el pluralismo, el acceso a la información y la producción de contenidos de calidad.

La universidad pública y los medios de comunicación comprometidos con el interés general aparecen como territorios especialmente incómodos para un proyecto que necesita despolitizar, individualizar y deshistorizar los conflictos.

No es casual que se ataque al mismo tiempo a periodistas que cubren la represión en las calles, a docentes que se organizan contra el vaciamiento educativo y a científicas y científicos que investigan los impactos sociales de las políticas de ajuste. Se trata de una ofensiva coherente con un modelo de sociedad que busca reducir al mínimo los espacios de discusión informada, debate plural y producción colectiva de sentido. Cuando se erosiona la legitimidad de estos tres roles, lo que está en juego no es solo el destino de determinadas profesiones, sino la posibilidad misma de una ciudadanía capaz de disputar narrativas, demandar derechos y exigir responsabilidades.

En este contexto, la universidad pública y los medios de comunicación comprometidos con el interés general aparecen como territorios especialmente incómodos para un proyecto que necesita despolitizar, individualizar y deshistorizar los conflictos. No sorprende, entonces, que se combine el ahogo presupuestario con campañas de odio, operaciones de desinformación y discursos que presentan a la crítica como privilegio o traición. El mensaje es claro: quienes insisten en producir saber situado, memoria colectiva y periodismo crítico serán señalados como enemigos antes que reconocidos como garantes de derechos o expresiones de un equilibrio saludable para la convivencia democrática.

Sin embargo, la masividad de las movilizaciones en defensa de la universidad pública, la organización sostenida de sindicatos, movimientos estudiantiles y organismos de derechos humanos, y la persistencia de experiencias periodísticas que resisten la presión económica y política muestran que no todo está decidido de antemano. Hay una trama social que se niega a aceptar que la palabra crítica sea convertida en delito, que la protesta sea sinónimo de amenaza y que la información verificada sea reemplazada por consignas y discurso único.

Defender hoy a científicas y científicos, a docentes, a periodistas y comunicadores es defender algo más que un conjunto de derechos laborales o corporativos. Es defender la infraestructura mínima que hace posible imaginar un horizonte de justicia, igualdad y responsabilidad frente a las y los otros. Reconstruir las condiciones materiales, institucionales y simbólicas para que esas tareas sigan siendo posibles es una de las urgencias políticas del presente.

Porque si se vacía de sentido y de recursos la producción de conocimiento, si se desautoriza la enseñanza crítica y si se acalla al periodismo que investiga y denuncia, lo que se debilita no es solo un sector, sino la idea misma de democracia. Una democracia que merezca ese nombre requiere de instituciones capaces de incomodar, de voces que no busquen ser domesticadas por el miedo o el cálculo y de una ciudadanía que reconozca en la disputa por el derecho a expresarse un terreno central de la vida colectiva.

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