La sesión tuvo, también, un capítulo aparte con la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, que había pedido votar de forma virtual por una restricción médica derivada de su embarazo, y con el radical catamarqueño Flavio Fama, que solicitó lo mismo tras una cirugía de rodilla. Pese al aval inicial de Villarruel, el pleno terminó enviando a comisión el debate sobre el voto no presencial, lo que en los hechos bloqueó la participación remota de ambos legisladores. La lectura política de ese desenlace es que el peronismo, que ya había capitalizado la caída del capítulo de tierras, prefirió no forzar un precedente de voto virtual que en el futuro también podrían reclamar los propios libertarios.

Mientras adentro se descontaban los votos, afuera del Congreso la policía inició la represión pasadas las 17, justo cuando se esperaba el pico de concurrencia de la movilización de autoconvocados, más la UTEP, organizaciones piqueteras, las dos CTA, gremios de la CGT —con una presencia reducida, calificada de “testimonial” por sus propios dirigentes— y columnas del peronismo bonaerense y de partidos de izquierda. Resulta imposible determinar con precisión quiénes derribaron las primeras vallas frente al Palacio Legislativo, si manifestantes o infiltrados, pero a partir de ese momento las fuerzas de seguridad desplegaron camiones hidrantes, gas pimienta y balas de goma durante al menos cuatro horas, con un costo operativo estatal sideral. 

La protesta no fue solo porteña. Con lluvia y bajo la consigna de que “la tierra no se vende, no se quema ni se desaloja”, hubo réplicas en La Plata, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Salta, Jujuy, Tucumán, Mendoza, Bariloche, Comodoro Rivadavia, Ushuaia y Posadas, entre otras ciudades, en una jornada que las organizaciones convocantes definieron como «federal».

Tras la represión, la sospecha que un dirigente libertario había deslizado a las 21 se confirmó horas después: La Libertad Avanza no llegó a los votos para sostener los cambios a la ley de Manejo del Fuego y, ya entrada la madrugada, resolvió bajar también ese capítulo antes de la votación en general. Los primeros rumores sobre la caída habían aparecido entre las 19 y las 20; pasadas las 23.30 los senadores con más oficio ya daban por perdido el tema. Con esa baja, el oficialismo evitó una derrota en el recinto, pero sumó la segunda marcha atrás en menos de 48 horas. Siguen vigentes, así, los bloqueos de 30 y 60 años que impulsó en 2020 Máximo Kirchner.

Antes de esa definición, el debate en el recinto había expuesto las costuras del proyecto. El miembro informante, Agustín Coto (LLA-Tierra del Fuego), defendió los desalojos exprés equiparándolos a mecanismos ya vigentes en varias provincias, pero el peronista Pablo Bensusán le retrucó: “Otra vez estamos debatiendo sobre un dictamen que no sabemos de qué se trata ya que, una hora antes de empezar esta sesión, recibimos un archivo sin membrete, sin firma, con decenas de modificaciones que hicieron desde mayo y a escondidas, en lugar de plantearlas públicamente en comisiones”. 

El radical Maximiliano Abad, que sí había acompañado los capítulos de expropiaciones y desalojos, fue el primero en encender la alarma sobre el fuego: “La jurisprudencia ha consolidado el principio de no regresión ambiental. Estamos frente a una reforma que seguramente será judicializada”, advirtió. Horas más tarde, la chubutense Edith Terenzi anticipó su abstención en desalojos y su rechazo al capítulo de incendios: “Vamos a dejar sin protección nuestros ecosistemas, sin vallas ni límites para su protección”. La riojana Florencia López resumió el clima con una frase que corrió rápido entre los bloques: “Gobierno chapucero, desorganizado, que se encuentra totalmente improvisado, que inventa e hizo alarde del ‘si pasa, pasa’”.

Pasada la medianoche, el Senado aprobó en general el proyecto por 37 votos contra 33, ya reducido a dos de sus tres capítulos originales: los cambios al régimen de expropiaciones –que fija topes a las indemnizaciones, descarta valores afectivos o ganancias hipotéticas y limita el lucro cesante al 30% del daño emergente, salvo prueba en contrario– y los desalojos exprés, que habilitan juicios sumarísimos por falta de pago o usurpación. La ley pasa ahora a Diputados con dos de los tres ejes que le dieron nombre al proyecto –tierras y fuego– fuera del texto.

En su cierre, Bullrich intentó capitalizar lo que quedaba en pie: “Pareciera que la propiedad privada es una mala palabra”, dijo, y apuntó contra dirigentes de movimientos sociales con causas penales y contra el kirchnerismo, al que acusó de haber convertido «la Constitución en un papel muerto». Citó, sin precisar la fuente, que el promedio para cobrar una indemnización tras una expropiación es de 18 años, y volvió sobre YPF y la instalación de una base china en Neuquén como ejemplos de lo que definió como pérdida de soberanía. El final de la sesión dejó, además, una escena que resumió el clima de la jornada: apenas terminada la votación, Bullrich se acercó a una banca de la oposición y le sacó una bandera wiphala que estaba exhibida allí. Ya afuera del Senado, ante las cámaras de TN, la jefa del bloque libertario admitió el costo del año que pasó: “Tuvimos el problema de Adorni y del Mundial. Si lo votábamos hace meses, se aprobaba todo”.

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