Las declaraciones del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cuestionando a quienes ofrecen comida y abrigo a personas en situación de calle no constituyen un exabrupto aislado. Expresan una concepción del sufrimiento social según la cual la exclusión sería consecuencia de decisiones individuales y no del fracaso colectivo para garantizar derechos.

Adelqui Del Do

Cuando se sostiene que la asistencia genera dependencia, el problema deja de ser la pobreza para convertirse en el pobre. La responsabilidad se desplaza del Estado hacia quienes padecen la exclusión. Esa inversión no es solo ideológica: tiene consecuencias concretas sobre la organización del sistema de salud mental.

La Ley Nacional de Salud Mental nació para desmontar una tradición que confundía padecimiento psíquico con peligrosidad, diferencia con enfermedad y pobreza con locura. Su propósito fue sustituir la lógica manicomial por una política de cuidados comunitarios basada en derechos humanos. Quince años después, la Ciudad de Buenos Aires continúa siendo uno de los principales focos de resistencia a esa transformación.

Donde deberían existir dispositivos territoriales, políticas habitacionales y redes de inclusión, persisten hospitales monovalentes que absorben problemas que nunca debieron ingresar al sistema psiquiátrico. El hospital deja de ser un espacio terapéutico para transformarse en un dispositivo de administración de la pobreza.

Esta situación se agrava cuando desde el discurso político se instala la idea de que determinados sectores sociales representan un problema de orden antes que un problema de derechos. Las personas en situación de calle aparecen asociadas al peligro o a la enfermedad mental. La pobreza comienza así a ser leída como una patología.

No son los hospitales los que deben resolver la crisis habitacional ni los equipos de salud mental quienes pueden reemplazar las políticas de vivienda, trabajo o protección social. Pretender que el sistema sanitario absorba aquello que otras políticas abandonan constituye una forma de violencia institucional.

Donde deberían existir dispositivos territoriales, políticas habitacionales y redes de inclusión, persisten hospitales monovalentes que absorben problemas que nunca debieron ingresar al sistema psiquiátrico. El hospital deja de ser un espacio terapéutico para transformarse en un dispositivo de administración de la pobreza.

Las palabras importan. Cuando se afirma que la solidaridad genera dependencia, se legitima un Estado que deja de garantizar derechos para administrar poblaciones consideradas excedentes. El sufrimiento deja de comprenderse en su dimensión clínica, subjetiva y social para reducirse a categorías morales: «no quiere tratarse», «elige vivir en la calle». El problema deja de interpelar al Estado y pasa a presentarse como una falla individual.

Los informes recientes del CELS y de la ACIJ muestran que esta lógica atraviesa numerosas prácticas institucionales en los hospitales monovalentes porteños: internaciones prolongadas, restricciones de derechos, deterioro edilicio y escasez de dispositivos comunitarios. El hospital psiquiátrico termina siendo el destino de quienes no encontraron lugar en ninguna otra política pública.

Frente a este escenario, la experiencia de la Provincia de Buenos Aires muestra que otro camino es posible. La gestión de Axel Kicillof impulsa la transformación del sistema a los principios de la Ley Nacional de Salud Mental mediante equipos territoriales, dispositivos de externación con apoyos comunitarios, casas de convivencia e integración de la salud mental en hospitales generales. El objetivo es desplazar el eje del encierro hacia el cuidado en la comunidad.

Claramente existe una diferencia sustancial entre un gobierno que procura desarrollar dispositivos de cuidado y otro que continúa apoyándose en instituciones asilares para responder al sufrimiento social.

La discusión, en definitiva, no es solamente sanitaria: es profundamente política. Cada sociedad decide si reconoce a quienes sufren como sujetos de derechos o si los administra como poblaciones excedentes; si invierte en inclusión o consolida dispositivos de segregación; si comprende que la pobreza produce sufrimiento psíquico o insiste en patologizarla.

Porque la pobreza no es una enfermedad. Es el resultado de decisiones políticas.

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