Luego de tensiones internas, la vicegobernadora Verónica Magario rectificó el reparto de comisiones en el Senado bonaerense. El Frente Renovador logró dos comisiones clave: Malena Galmarini se quedó con Reforma Política y Valeria Arata con Presupuesto.

Manuel Barrientos

El Senado de la provincia de Buenos Aires suele funcionar como un termómetro preciso de las tensiones subterráneas del peronismo. Lo que para el ojo desprevenido parece una formalidad burocrática —el reparto de las presidencias de las comisiones permanentes—, para la política real representa el loteo de las trincheras desde donde se librarán las batallas de este año y del próximo. Luego de meses de parálisis, desconfianzas mutuas y un decreto original que funcionó más como un detonador que como un elemento de orden, la vicegobernadora Verónica Magario firmó la rectificación que devolvió la paz —siempre provisoria— al bloque de Fuerza Patria.

En ese tablero reconfigurado, el Frente Renovador de Sergio Massa fue uno de los principales beneficiarios del reparto final. Malena Galmarini se quedó con la codiciada comisión de Reforma Política y Régimen Electoral, mientras que la senadora juninense María Valeria Arata asumió la conducción de Presupuesto e Impuestos. Dos herramientas estratégicas que le permiten al sector de Tigre sentarse en la mesa chica de las decisiones bonaerenses con un poder de veto explícito.

El desenlace requirió de lo que en el entorno de Massa denominaron como “articulación, diálogo permanente y mucha paciencia”. El epicentro del conflicto fue por un decreto inicial de Magario. En aquel primer intento, la vicegobernadora ubicó a Galmarini al frente de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA), un territorio sensible por donde pasan los pliegos judiciales y las vacantes de la Suprema Corte. El movimiento desató la inmediata resistencia de La Cámpora y el kirchnerismo duro, quienes acusaron a la presidencia de la Cámara de haber roto acuerdos preexistentes.

La llegada de Galmarini a Reforma Política no es un dato menor en la víspera de un año electoral que promete revisar las reglas del juego de manera integral. Sobre ese escritorio pasarán los debates estructurales de la provincia: la implementación de la Boleta Única Papel (BUP), la siempre latente discusión sobre el desdoblamiento de los comicios, el futuro de las PASO y, en especial, la presión de un sector de los intendentes alineados con el kicillofismo para revisar la ley que limita las reelecciones indefinidas.

Para destrabar el nudo ciego, el camporista Emmanuel González Santalla retuvo finalmente la conducción de Asuntos Constitucionales, el lugar que reclamaba legítimamente por haberlo conducido el año anterior. Ese repliegue forzó el reordenamiento general: Galmarini pasó a ocupar la comisión que anhelaba desde su asunción, Reforma Política; y Arata se hizo cargo de Presupuesto. En paralelo, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el sector político que responde al gobernador Axel Kicillof, ya se había asegurado Legislación General bajo el mando del exintendente de Alberti, Germán Lago, garantizando el control del filtro final que determina qué expedientes llegan o no al recinto.

La llegada de Galmarini a Reforma Política no es un dato menor en la víspera de un año electoral que promete revisar las reglas del juego de manera integral. Sobre ese escritorio pasarán los debates estructurales de la provincia: la implementación de la Boleta Única Papel (BUP), la siempre latente discusión sobre el desdoblamiento de los comicios, el futuro de las PASO y, en especial, la presión de un sector de los intendentes alineados con el kicillofismo para revisar la ley que limita las reelecciones indefinidas. El Frente Renovador, históricamente reticente a habilitar perpetuidades en los sillones municipales, se asegura así un lugar institucional clave.

La parálisis de los primeros meses del año dejó esquirlas visibles. Durante la conformación de la Comisión de Seguridad, el exministro Sergio Berni no ocultó su fastidio y lanzó dardos directos hacia la conducción del cuerpo. Criticó la inactividad de la cámara alta y apuntó a las “deficiencias” del decreto original de Magario.

Mientras tanto, la Cámara de Diputados bonaerense también resolvió sus propios casilleros calientes. La comisión equivalente de Reforma Política y del Estado quedó en manos del kicillofismo, a través de la diputada Ana Luz Balor. Y la estratégica y novedosa comisión de Ludopatía quedó bajo la presidencia de la camporista Micaela Olivetto.

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