Una zona inundada de forma intermitente o permanente. Un ecosistema híbrido donde conviven de manera simbiótica plantas, aves, roedores, insectos, moluscos, anfibios, mamíferos y peces. Eso es, a grandes rasgos, un humedal. Lejos de ser tierras improductivas o campos bajos cubiertos de agua, estos espacios están diseminados a lo largo y ancho de todo el país y adoptan diversas formas según la región: donde corren ríos o arroyos, en los mallines patagónicos, en los esteros del litoral, en los salares norteños y en las inmediaciones del mar. Sus capacidades son múltiples y vitales.

Funcionan como inmensos reservorios de agua frente a potenciales inundaciones, retienen excedentes hídricos y atenúan los efectos de sequías prolongadas. Además, tienen la aptitud de disminuir el potencial erosivo de las tormentas y de estabilizar las líneas de costa. A esto se suma una función depuradora clave: contribuyen a mejorar la calidad del agua indispensable para el consumo y la producción de las comunidades. Y, en tiempos de negacionismo sobre el calentamiento global, hay que destacar su rol como reguladores del ciclo de carbono y de las temperaturas del mundo. Que un humedal desaparezca es tan crítico como la pérdida de un bosque o una selva nativa, porque poseen una capacidad única para absorber los excesos de emisiones de dióxido de carbono que saturan la atmósfera. 

A pesar del esfuerzo sostenido de las organizaciones socioambientales, la vieja y conocida Ley de Humedales quedó olvidada en los cajones vetustos del Congreso de la Nación. El historial de dilataciones empezó en el 2013, cuando la senadora entrerriana Elsa Ruiz Díaz presentó la primera iniciativa formal, que logró media sanción en el Senado pero nunca fue tratada en la Cámara de Diputados. El segundo intento fue en el 2016 con un nuevo texto que, a pesar de enfrentar una fuerte presión y lobby por parte del sector inmobiliario, obtuvo nuevamente la media sanción, pero luego caducó definitivamente en 2018.