Al salir del Independence Hall tras la Convención Constituyente de 1787, Benjamin Franklin se encontró con la pregunta de una mujer: «Doctor, ¿qué seremos, entonces, una monarquía o una república?». La respuesta de Franklin fue tan directa como admonitoria: «Una república, si son capaces de conservarla».

Hoy, 239 años después, el «si son capaces» define el desafío que enfrentan los estadounidenses que prefieren aquella forma de gobierno. La indiferencia de los (cada vez menos numerosos) partidarios de Donald Trump y la abrasiva erosión a la que éste somete todos los días a las instituciones dejan de lado cada día con más desparpajo el texto que Franklin y sus colegas adoptaran en Filadelfia.

Lo que han presenciado esta semana los Estados Unidos fueron piruetas impúdicas de una coreografía que se viene desplegando desde la primera presidencia de Trump. El sistema, más que devorarse a sí mismo, está siendo parasitado en sus entrañas. La primera institución cuya vida fue consumida de este modo fue el Partido Republicano, transformado ya en un mero vehículo de un líder al que teme y rinde culto. La muerte de la democracia, sobre la que habían advertido Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su libro ya clásico, avanza con la fuerza de lo que se puede volver inexorable sin no hay una reacción inmediata y proporcional.

El primer síntoma de este colapso en acto tuvo por escenario el Comité Judicial del Senado. En una audiencia de confirmación para cargos de jueces federales vitalicios, asistimos a un momento inquietantemente distópico. El senador demócrata Chris Coons preguntó simplemente si Trump está habilitado para ser candidato a la presidencia en 2028. John Marck, un fiscal interino nominado para ser promovido a juez, eludió dos veces responder. Visiblemente irritado, Coons le recordó la vigesimosegunda enmienda de la constitución, que establece que nadie puede ser electo presidente más de dos veces. Aún así, Marck no quiso decir que Trump está inhabilitado, a lo cual el senador reaccionó preguntando a los cuatro candidatos a jueces presentes si entre ellos había alguno “suficientemente valiente” para hacer respetar la limitación de mandatos: ni Marck ni ninguno de los otros tres abrió la boca.

El silencioso grito de guerra de esos nominados debe ser visto como evidencia de la captura de los árbitros del juego republicano del que hablan Levitsky y Ziblatt en Cómo mueren las democracias. Poner a los tribunales y las agencias de orden público bajo el control de leales al ejecutivo es un nuevo reaseguro de esa impunidad sin la cual Trump ni siquiera podría haber repetido candidatura en 2024. La negativa de estos probables nuevos jueces federales, cuya labor debería proteger la Constitución, a validar una enmienda que previene la presidencia perpetua, está enviando una señal clara: el derecho ya no es un límite al poder, sino una arcilla que puede moldearse según la voluntad del líder. Es un nuevo ejercicio de captura destinado a transformar todos los niveles del poder judicial en escudos para la ambición del ejecutivo.

Mientras los futuros jueces eludían la defensa de la constitución, Trump volvió a jugar con la idea de extender su mandato más allá de 2028. En un acto por la Semana Nacional de la Pequeña Empresa, este lunes en la Casa Blanca, ante una audiencia de empresarios, dijo que se marcharía del gobierno recién dentro de ocho o nueve años, lo que fue festejado con risas y aplausos. Aunque sus seguidores minimicen estas salidas, presentándolas como hipérboles idiosincráticas, la chanza busca intencionadamente la erosión de la norma, de la contención institucional que refuerza las leyes cuando el gobernante se autoimpone un freno antes de forzar el límite definido por el texto legal. “Lo hago porque puedo” es la insignia y bandera del presidente que le confesó al New York Times que sólo su propia moralidad puede ceñir sus acciones.

El trumpismo, con estas escenas, prepara el terreno para que, cuando llegue el momento, la ruptura de la alternancia no se vea como un golpe, sino como una “necesidad histórica” o como expresión de una “voluntad popular” ante la que la constitución y las leyes no deben interponerse. Una judicatura que se niega a velar por los límites pavimenta el camino de la autocracia y le provee un barniz de legalidad.