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El operativo “Tormenta Negra”: cuando la única política social es la represión
El violento megaoperativo en los barrios populares expone la falta de políticas estructurales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, plantea Victoria Montenegro. Entre el show mediático y la lógica expulsiva, la gestión de Jorge Macri profundiza la criminalización de la pobreza para tapar el ajuste y favorecer el negocio inmobiliario.
POR VICTORIA MONTENEGRO. Nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo y militante por los derechos humanos.
- mayo 23, 2026
- Lectura: 3 minutos
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- mayo 23, 2026
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Lo que pone en evidencia el bochornoso y violento operativo montado por Jorge Macri en la noche del 14 de mayo, es que ante la crisis actual el gobierno de la Ciudad De Buenos Aires no tiene una política social para los problemas estructurales de la ciudad. O sí. Su política social es la represión y la criminalización de los sectores populares. No hay un error de diagnóstico, es lisa y llanamente crueldad.
Este tipo de situaciones no son aisladas, son propias de un sector de la política que defiende los intereses de una minoría y diseña sus políticas en base a informes de consultoras y focus group. No es casualidad que el megaoperativo que afectó a 1500 efectivos en 17 barrios y representó un auténtico despilfarro de recursos, fuera parte de un montaje transmitido en vivo en el prime time de la televisión y los programas de streaming. Hasta el nombre de la operación (“Tormenta Negra”) es una copia barata de alguna operación militar norteamericana.
Bajo la coartada siempre efectiva del “combate contra el narcotráfico”, el Gobierno de la Ciudad vulnera todo tipo de derechos y lleva adelante una operación de sentido que localiza la criminalidad en los barrios populares y vuelve a establecer una relación directa entre criminalidad y pobreza. Estas operaciones tampoco son nuevas y forman parte de una narrativa que las sucesivas gestiones en la ciudad, de Mauricio Macri hacia adelante, vienen utilizando para la construcción de un enemigo interno que les sirva como chivo expiatorio de sus malos gobiernos.
La batalla contra el crimen organizado no debe ser parte de un show para tapar el ajuste ni estigmatizar a los sectores populares. Mucho menos ser objeto de una puja entre el gobierno de la Ciudad y el gobierno nacional para ver quién es más “duro” y se queda con una porción del electorado.
Desde hace varios años en la Ciudad de Buenos Aires hay una reconfiguración del espacio público, evidenciada en el trato que reciben a diario las personas en situación de calle, los vendedores ambulantes y miles de personas que son desalojadas de sus viviendas, que tiene como único objetivo “limpiar” la ciudad y la valorización inmobiliaria de determinadas zonas. Esa reconfiguración es parte de una política expulsiva que no contempla derechos esenciales como el derecho a la vivienda o a la salud.
Los barrios populares deben ser incorporados al entramado urbano de una ciudad a la que le sobran recursos. Sus habitantes son ciudadanos con los mismos derechos que de cualquier otro barrio de la ciudad y necesitan un Estado presente que les provea los servicios necesarios para mejorar su calidad de vida y realizar sus proyectos de vida.
La batalla contra el crimen organizado no debe ser parte de un show para tapar el ajuste ni estigmatizar a los sectores populares. Mucho menos ser objeto de una puja entre el gobierno de la Ciudad y el gobierno nacional para ver quién es más “duro” y se queda con una porción del electorado. Debe ser asumida con responsabilidad por parte de las autoridades, porque como le dijo una vecina a Jorge Macri en un video que circuló en las redes sociales: “Vayan a los countries a hacer operativos. Los narcos viven con ustedes, no viven en las villas”.
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