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Jujuy: organizaciones sociales advierten por el impacto del cierre del programa Volver al Trabajo
Ante el anuncio hecho por el gobierno nacional del cierre del Programa Volver al Trabajo, referentes de organizaciones sociales de Jujuy señalan no solo el impacto en los bolsillos de los beneficiarios, sino también las consecuencias que derivan en la vida de las comunidades y en la economía local.
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Con el anuncio del gobierno nacional del cierre del Programa Volver al Trabajo, y la reciente cautelar de la Justicia Nacional, organizaciones sociales de la provincia de Jujuy se mantienen en alerta generando acciones que denuncian el impacto que el cierre de esta política pública genera directamente a sus beneficiarios, e indirectamente a los barrios en donde se realizaban tareas desde el acompañamiento a comedores hasta la limpieza barrial.
El programa Volver al Trabajo es el nombre que el Gobierno Nacional le puso al ex Potenciar Trabajo, un plan que significaba el 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil. Desde que asumió el gobierno de Javier Milei este fondo quedó fijo en $75.000 y desanclado de los incrementos del salario mínimo, siendo desde entoncesun fondo congelado ydependiente de la las decisiones del ministerio de Desarrollo Humano a cargo de Sandra Petovello.
Silvia Valdiviezo, del Frente 22 de Agosto de San Salvador de Jujuy, explicó a 4Palabras que el programa implicaba tareas concretas en el territorio: “Los compañeros y compañeras trabajaban en textiles, huertas comunitarias, merenderos, comedores, limpieza barrial y refacciones en escuelas”, detalló. Según indicó, el programa también incluía iniciativas ambientales, como reciclado de materiales, y representaba una herramienta clave para sectores vulnerables. “Hoy la situación económica es muy difícil. Hay jóvenes que antes podían sostenerse con este ingreso y ahora tuvieron que volver a sus casas”, señaló.
Marcelo Cabero, referente social de La Tosco en el Frente Barrial de la CTA-T, sostuvo que el deterioro comenzó con el cambio de gestión nacional a fines de 2023: “El programa se congeló y perdió poder adquisitivo. Además, se dejó de enviar mercadería a comedores y merenderos”, afirmó.
En ese contexto, explicó, se redujeron las actividades comunitarias que funcionaban como espacios de contención. “Había apoyo escolar, actividades deportivas, espacios de género. Hoy eso se debilitó y el Estado está ausente”, indicó.
Cabero advirtió que esta situación genera efectos más amplios: “Donde se retiran las organizaciones, avanzan otras lógicas. Se ve más violencia y más problemas en los barrios”.
Por su parte Ivone Aparicio, referente del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) vinculada al trabajo de vendedores ambulantes y de la economía popular, planteó que el programa funcionaba como un complemento a actividades ya existentes: “Los compañeros ya trabajaban. Este ingreso servía para sostener la actividad, pagar insumos o gastos básicos”, explicó. Advirtió que la caída de esos recursos afecta directamente la economía local: “Si hay menos ingresos, hay menos movimiento económico y más gente sale a buscar cómo sobrevivir”.
A la pérdida del beneficio se suma el acceso al transporte, ya que pertenecer al “Volver al Trabajo” significaba poder acceder a descuentos en la SUBE, así como también la continuidad de proyectos productivos.
Marcelo Cabero advirtió que el cierre del
programa plantea otras consecuencias derivadas.
“Donde se retiran las organizaciones, avanzan
otras lógicas. Se ve más violencia y
más problemas en los barrios”, sostiene.
Las tres voces coinciden en que la reducción del programa profundiza la vulnerabilidad social y debilita redes comunitarias clave en contextos de crisis. Con situaciones de creciente vulnerabilidad como la venta de drogas en los barrios, los créditos usureros de prestamistas informales y la preocupante desocupación en aumento.
En lo inmediato, la justicia falló a favor del amparo colectivo presentado por las organizaciones, a través del Juzgado de Campana, y ordenó al Ministerio de Capital Humano suspender el cierre del programa Volver al Trabajo, frenando la eliminación de la asistencia de cerca de 900 mil personas, que en Jujuy afectaría a 60000 familias.
Mientras continúan los reclamos judiciales y las acciones de protesta, desde las organizaciones insisten en la necesidad de políticas públicas que fortalezcan el trabajo en la economía popular, ante un estado cada vez más ausente.
4Palabras
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