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Francia: la película social detrás del fotograma de la violencia

Lo que estalló en Francia es la manifestación visible de una fisura estructural que recorre el capitalismo global desde la crisis de 2008. Una creciente disminución de las cargas impositivas a las más grandes fortunas genera en paralelo un ahogo sistemático de las cuentas públicas y allí está la gran contradicción del modelo macronista. El ajuste subsecuente lo pagan los de abajo.

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La imagen muestra a manifestantes subidos a la base del monumento en la Plaza de la Bastilla en París, Francia, durante las masivas protestas estudiantiles y movilizaciones sociales de octubre de 2026 contra la crisis educativa y el alto costo de vida.

El sábado 17 de octubre salieron a las calles de Francia 800.000 personas, según los organizadores, engrosando 110 marchas contra la carestía en toda la geografía del país. En París, marcharon 110.000 manifestantes, según la prefectura, sin incidentes mayores. Pero al caer la tarde las imágenes que dieron la vuelta al mundo fueron otras: comercios saqueados, contenedores en llamas, el ayuntamiento de Limoges devorado por el fuego. Los balances oficiales hablaron de entre 1.200 y 2.400 detenidos. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, admitió una “pérdida de control” de la policía en varias ciudades y presentó su renuncia. Emmanuel Macron la rechazó.

Con todo y su dramatismo, sería un error quedarnos con ese fotograma. Cuando se trata de los grandes procesos sociales de nuestro tiempo, la anécdota coyuntural puede hacernos omitir una película de mucho más larga duración. Menos aún ayuda la propaganda que la Internacional Reaccionaria se apresura a agitar con su habitual registro culturalista e islamofóbico. Lo que estalló en Francia es la manifestación visible de una fisura estructural que recorre el capitalismo global desde la crisis de 2008: un ascensor social averiado y una recuperación económica obscenamente desigual.

Una chispa en la periferia

La pradera estaba seca y hacía falta una chispa. Llegó a mediados de septiembre, cuando alumnos de un liceo de Créteil, en la periferia parisina, bloquearon su propio establecimiento en demanda de mejoras edilicias y de que se cubran las ausencias de docentes con las suplencias correspondientes. El movimiento se contagió a otros liceos de la región y, a partir de la jornada de huelga de la función pública del 29 de septiembre, se extendió a todo el país: a comienzos de octubre había más de mil liceos afectados sobre un total de 3.700, y los universitarios ya se habían sumado. Los reclamos nacieron de lo concreto: edificios insalubres, horarios y cursos sobrecargados, falta de docentes y de suplentes, y los filtros opacos de acceso a la educación superior que impone la plataforma Parcoursup. Los sindicatos docentes sumaron la exigencia de medidas de adaptación ante el calor intenso, que fue excepcional este año. Con los días, las organizaciones estudiantiles condensaron los reclamos en una cifra: diez mil millones de euros para la educación, ya.

El 17, a las columnas de adolescentes y jóvenes se sumaron los chalecos amarillos, una versión renovada de aquel contingente de clase media baja de las periferias que había protagonizado enormes protestas en 2018-2019, estrangulado por el precio de los combustibles y los peajes y por la imposibilidad de pagar alquileres en los centros urbanos, que habían anunciado un millar de acciones por el poder adquisitivo. También grupos de agricultores, choferes de plataformas y sindicatos como la Confederación General del Trabajo. Convergieron así rabias con las que el poder se había acostumbrado a lidiar (si acaso) por separado.

El trasfondo: riqueza sin distribución

Francia no es un país empobrecido, sino todo lo contrario. Los trabajos de Thomas Piketty y Gabriel Zucman sitúan el patrimonio privado total de los franceses en torno a seis veces el ingreso nacional anual, y el propio Piketty calculó, en 2023, que las 500 mayores fortunas del país habían pasado en una década de valer 200.000 millones de euros a estar valuadas en un billón de la moneda europea. En mayo, ante la comisión de la Asamblea Nacional que investiga la tributación de los patrimonios más altos, describió progresiones vertiginosas, jamás vistas antes.

Esa acumulación avanzó en paralelo a un ahogo sistemático de las cuentas públicas, y allí está la gran contradicción del modelo macronista. Según el Tribunal de Cuentas, las rebajas impositivas aplicadas desde 2017 —el reemplazo del impuesto a la fortuna por un gravamen inmobiliario, la tasa plana sobre las rentas del capital, la baja de los impuestos a la producción— le costaron al Estado unos 62.000 millones de euros de recaudación solo en 2024. El resultado es un déficit de 5,4% del PIB en 2025, con la meta de 5% para 2026 en duda, y una deuda gubernamental que en junio alcanzó el 119% del PIB, un récord según el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos.

El ajuste subsecuente lo pagan los de abajo. El presupuesto 2027 que presentó el gobierno de Sébastien Lecornu el 1.º de octubre prevé 43.000 millones de euros de recortes. Para educación se propone un aumento de 1.200 millones, que el ministro Édouard Geffray exhibe como prueba de que la prioridad escolar está preservada, dado que habrá 180.000 alumnos menos en 2027. Hagamos la cuenta: los estudiantes piden diez mil millones, el gobierno ofrece 1.200 y el fisco dejó de recaudar 62.000 en un solo año. El reclamo juvenil equivale a menos de una sexta parte de lo que el Estado resignó por esas rebajas, y la respuesta oficial es una fracción de esa fracción.

Orden antes que escuela

Frente a un reclamo material, la respuesta inicial fue exclusivamente represiva. Lecornu llegó a decir que el movimiento había dejado de ser estudiantil para transformarse en una insurgencia urbana; Geffray lo describió como rehén de grupúsculos ultraviolentos. El gobierno apostó a que se tratara de una llamarada efímera y no convocó inicialmente a ningún diálogo. Constatado que no cedía, anunció la creación de 3.000 vacantes para cubrir suplencias, pero no abrió la billetera. Tras la jornada del 17 el primer ministro reforzó su pretensión de autoridad y planteó una disyuntiva a los manifestantes: o con la República y sus fuerzas del orden, o con los casseurs. Macron, que ante el conflicto ni siquiera postergó una gira por el Golfo Pérsico para negociar importaciones de combustible, se contentó con pedirle al Ministro del Interior nuevos esfuerzos para mantener el control de la calle.

Otras cifras también cuentan. Según el Ministerio de Justicia hubo 6.877 detenciones desde el inicio del movimiento, en su mayoría de niños, niñas y adolescentes; el gobierno reconoció 215 alumnos heridos hasta el 5 de octubre; un joven de 17 años perdió una mano por una granada aturdidora en Saint-Étienne y una chica de la misma edad perdió un ojo en Mulhouse.

Las movilizaciones en Francia vuelven a mostrar a una democracia contemporánea ante una encrucijada. Si los Estados siguen renunciando a sus herramientas de recaudación progresiva, si la concentración obscena de la riqueza convive con el desfinanciamiento de la educación y amenaza el futuro de las nuevas generaciones, el malestar seguirá estallando en las calles.

El peligro del péndulo

La violencia del 17 de octubre desplazó en muchos medios el debate de la educación pública al orden público. Desde la izquierda radical de La France Insoumise (LFI) hasta la extrema derecha del Rassemblement National (RN) pidieron la cabeza de Nuñez, cada uno desde su propia lectura. Esa mutación del debate encierra un riesgo mayúsculo. Al negarse a procesar las demandas y adoptar discursos punitivistas, la centroderecha gobernante termina alimentando la agenda de la extrema derecha. La historia ofrece antecedentes: grandes conmociones sociales anteriores, empezando por Mayo del 68, terminaron a veces fortaleciendo en las urnas a los sectores conservadores —los gaullistas arrasaron en las legislativas de junio de ese año—, ávidos de capitalizar el cansancio bajo consignas autoritarias. Esta vez, además, el reloj corre: Macron no puede ser reelecto y la primera vuelta presidencial está fijada para el 18 de abril de 2027.

Las movilizaciones en Francia vuelven a mostrar a una democracia contemporánea ante una encrucijada. Si los Estados siguen renunciando a sus herramientas de recaudación progresiva, si la concentración obscena de la riqueza convive con el desfinanciamiento de la educación y amenaza el futuro de las nuevas generaciones, el malestar seguirá estallando en las calles. La opción, por dosis parejas de acción y omisión, por ese camino ha contribuido a consolidar una contestación social que a veces es sorda y a veces es violenta. La respuesta represiva no sólo no la satisface, sino que alimenta miedos que le sirven en bandeja las cosas a la extrema derecha. Restañar el pacto social, exigiendo de quienes más tienen lo justo y necesario para que el futuro colectivo sea vivible y amable, es una alternativa que siempre está a mano, aunque las élites parecen seguir prefiriendo jugar a ser aprendices de brujo.

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