La detención y rápida liberación de dirigentes de los metrodelegados alineó a todo el arco sindical. Detrás del conflicto del subte, la interna entre el PRO y La Libertad Avanza por ver quién aplica más “mano dura”, el impacto de la reforma laboral y la preocupación de los gremios ante una escalada represiva.

Gonzalo Magliano

En la tarde del martes pasado, todavía duraba la cara de sorpresa en Néstor Segovia, histórico metrodelegado. Acababa de dar una conferencia de prensa por el conflicto desatado a la mañana tras la detención de tres dirigentes, incluido él, y el posterior paro total del subte decidido en respuesta. Después de tensas negociaciones, Segovia y el resto de sus compañeros fueron liberados, pero los temores en todo el mundo sindical no se disiparon. Tampoco los discursos de mano dura del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el resto de la derecha argentina.

«Fue algo relámpago», aseguró Segovia a 4Palabras. Una pequeña protesta de un metrodelegado dejando pasar gratis a los usuarios del subte, terminó con tres importantes dirigentes del sindicato detenidos. Esto encendió las alarmas de todo el universo sindical. Rápidamente las tres centrales obreras más importantes (CGT y las dos CTA) repudiaron el hecho y se pusieron a disposición. Incluso se acercó Néstor Pitrola del Polo Obrero para manifestar su solidaridad con los metrodelegados.

En una primera instancia, desde la Justicia habían comunicado que los metrodelegados seguirían detenidos hasta el viernes. Un despropósito. En el subte, los trabajadores se mantuvieron firmes en el paro total hasta lograr la liberación. En paralelo, desde la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que reúne a la mayoría de los gremios del sector, le habían hecho saber a Segovia que podrían tomar medidas de fuerza en solidaridad. Cristián Jerónimo, uno de los secretarios generales de la CGT, se acercó a la conferencia de prensa y lanzó una advertencia: «No lo podemos pasar por alto. El conflicto va a seguir escalando«.

Finalmente, se logró la liberación de todos los detenidos y el paro se levantó, pero la preocupación sindical no. Todos los sectores ven estos hechos como una escalada en la represión del gobierno nacional y de la Ciudad. A medida que se acercan las elecciones y la recesión económica se convierte en realidad, temen que los palos sean la respuesta para cambiar la agenda. “Están jugando a ver quién juega más a la derecha y quién reprime más”, afirmó a 4Palabras Segovia.

Finalmente, se logró la liberación de todos los detenidos y el paro se levantó, pero la preocupación sindical no. Todos los sectores ven estos hechos como una escalada en la represión del gobierno nacional y de la Ciudad. A medida que se acercan las elecciones y la recesión económica se convierte en realidad, temen que los palos sean la respuesta para cambiar la agenda.

Hay un agravante: la interna entre el PRO y La Libertad Avanza. Decidido a lograr la reelección, Jorge Macri endureció su política y su imagen y le disputa al oficialismo nacional quién es más duro. Ley y orden, es su nuevo lema. Abandonaron el amarillo del PRO y en los banners aparece un azul similar al elegido por Javier Milei para la identidad de su gobierno, copiado a su vez de la Casa Blanca.

Esta pelea es una de las principales explicaciones que dan los metrodelegados para justificar esta acción. Si bien hay algunos matices entre los sectores de Segovia y Dellacarbonada (que se enfrentarán en las próximas elecciones del sindicato), ven una utilización política de parte de Macri. «El que bloquea un servicio esencial va preso», posteó desde España el jefe de Gobierno en X tras las detenciones. Lo raro es que no había ocurrido eso. Todo muy exagerado, como si estuviera escrito antes. Una marca de la época.

Con la reforma laboral vigente, los sindicatos están en una situación muy delicada. Los límites que ponen para realizar un paro son absurdos, impracticables: se extendió la declaración de esencialidad a una multitud de sectores como el transporte, la educación y la salud. En algunos casos, deben garantizar un mínimo del 75% de cada servicio al momento de tomar una medida de fuerza. De esto se agarran los gobiernos nacionales y porteños (aunque podrían sumarse otras provincias) para multar con sumas millonarias o abrir causas judiciales contra los sindicatos y sus dirigentes.

Este límite al paro es cuestionado por los sindicatos. Dicen que viola el derecho constitucional a la huelga. Hay varias causas judiciales abiertas por los sindicatos para declarar este y otros puntos de la ley inconstitucionales. Más allá de algún fallo favorable, la Casa Rosada está logrando revertirlos. Todos, inevitablemente, terminan en la Corte Suprema de tres miembros. Hasta ahora nadie falló sobre el fondo, si es o no inconstitucional. El equipo jurídico de la CGT le aseguró a este medio que es injustificable y debería dejarse sin efecto la ley, pero en el país de Milei todo es posible.

En paralelo, son varios los sindicatos que trabajan en estrategias jurídicas para responder a las sanciones que intentan o amenazan tomar contra ellos. Por lo pronto, prima la prudencia y privilegian las movilizaciones y las campañas en redes sociales, con streams incluidos. También a las reuniones políticas de cara al 2027, donde aspiran a un cambio político.

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