La organización Abuelas de Plaza de Mayo advirtió que el gobierno de Javier Milei interrumpió el envío de kits de ADN a los consulados argentinos, paralizando la búsqueda de nietos en el exterior. Estos recortes en Cancillería imponen un muro burocrático para quienes residen en el extranjero y dudan de su origen. La medida representa un retroceso que obstaculiza el derecho a la verdad y el fin del delito de apropiación.

A través de un comunicado oficial, el organismo liderado por Estela de Carlotto denunció el faltante de kits de ADN en el exterior, un recurso vital para que aquellas personas que viven fuera del país y dudan de su origen puedan iniciar el camino hacia su verdadera historia. “Exigimos al Gobierno que regularice el mecanismo de toma de muestras en consulados”, señalaron. Desde Abuelas alertaron que la interrupción del envío de estos insumos a las sedes diplomáticas debe resolverse con celeridad.

La preocupación de la organización creada en 1977 se centra en la parálisis de la Cancillería argentina. “Necesitamos que la búsqueda de nuestras nietas y nietos, todos ellos desaparecidos por el terrorismo de Estado, se reactive, y que el Gobierno deje de poner obstáculos”, afirmaron. También recordaron que el delito de apropiación es permanente y solo cesa cuando se conoce la verdad. 

Sin embargo, desde el organismo se mostraron prudentes: esperan que, con la asunción del nuevo subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Leandro Zuchet, “se regularice esta situación y tantas otras que dificultan las tareas de búsqueda y de garantía del derecho a la identidad”.

Según reconstruyó la agencia EFE, esta política pública que permitía a los posibles nietos evitar el costo de un viaje a Buenos Aires para hacerse un análisis de sangre está hoy desmantelada. Referentes de la Red Europea por el Derecho a la Identidad señalan que el argumento oficial para justificar este recorte es una supuesta dificultad para «custodiar la muestra de forma que tenga validez judicial». 

La experiencia contradice el discurso oficial: el sistema funciona con éxito desde 2005 y las muestras enviadas por valija diplomática siempre llegaron en condiciones y mantuvieron su rigor legal ante la Justicia. Entre 2005 y 2019, la Cancillería gestionó 110 extracciones de sangre en el exterior. Actualmente, solo en España, se estima que habría una veintena de personas con su identidad vulnerada esperando respuestas.