Para cumplir estrictamente con lo que mandan la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) debería fijarse hoy en $2.879.877. Esa cifra expone, sin eufemismos, la magnitud del retroceso social en la Argentina y surge del tercer informe mensual del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU). Hoy la distancia entre la legalidad y la realidad es sideral: el ingreso mínimo actual representa apenas la octava parte de ese monto, consolidándose como el más bajo de la historia económica reciente del país.

El cálculo no surge de la arbitrariedad, sino de una rigurosa traducción en pesos de las nueve necesidades vitales que el artículo 14 bis de la Carta Magna y el artículo 116 de la ley de Contrato de Trabajo garantizan para asegurar una vida digna. 

Hoy para alimentación adecuada se necesitan $648.271; vivienda digna $568.227; educación $252.457; vestimenta $147.595; salud $349.332; transporte, esparcimiento y vacaciones $597.209; y previsión social $316.786.

Más allá de la foto del presente, el informe del FreSU —espacio que nuclea a unas 140 organizaciones sindicales de las tres centrales obreras, incluyendo a la UOM, ATE, Federación Aceitera y Desmotadora, Conadu, Conadu Histórica, Aeronáuticos, Molineros y Papeleros— ofrece una radiografía de la transferencia de recursos ocurrida durante la gestión de Javier Milei.

En el acumulado de los ingresos mensuales, la masa salarial de los trabajadores sufrió una poda histórica de más de 62 billones de pesos. El impacto, sin embargo, no fue homogéneo. Mientras que un trabajador del sector privado perdió en promedio $2.321.245, el golpe sobre el sector público fue drástico, registrando una pérdida promedio de $12.788.939.

Esta brutal caída de los ingresos explica un fenómeno creciente en los hogares argentinos: el endeudamiento sistemático para financiar la vida cotidiana. Ante la insuficiencia del salario para cubrir la comida, los servicios o los medicamentos, el crédito —en sus variantes más precarias o formales— pasó de ser una herramienta de consumo a un mecanismo de supervivencia.

El informe fue anunciado en Mendoza, en el marco de una jornada de debate organizada por las asociaciones de abogados laboralistas local, nacional (AAL) y latinoamericana (ALAL). La presentación estuvo a cargo de una mesa que sintetiza la transversalidad del frente: Abel Furlán (UOM), Rodolfo Aguiar (ATE), Daniel Yofra (Aceiteros), Matías Fachal (Federación Judicial) y Francisca Staiti (Conadu Histórica).

Los dirigentes recordaron que este diagnóstico se inscribe en el «Programa Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria», aprobado el pasado 1 de mayo durante el Primer Plenario de Delegados del espacio.

En un escenario donde el salario mínimo real ha quedado reducido a una expresión simbólica, la demanda del FreSU excede la mera paritaria sectorial. Se trata de una impugnación de fondo a la política económica oficial y el rescate de un principio básico: que el trabajo no sea la vía rápida hacia la pobreza, sino la garantía efectiva de una vida digna.

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