El domingo pasado por la madrugada, Claudia, vecina de barrio Lomas Sur, sufrió una grave descompensación. Su hija vive apenas a 25 metros de su vivienda, pero entre esos escasos metros hay ahora una estructura de hierro que cierra todos los días, de diez a seis.

La mujer fue caminando hasta la casa de su madre y, al ver la gravedad del cuadro —Claudia es además paciente oncológica— tuvo que volver a buscar el auto para llevarla directamente a un hospital. Pero no fue nada fácil ni directo. Se topó con uno, dos, tres portones clausurados que impedían que llegara a la casa de su mamá, que estaba desvanecida a solo unos metros.

«Fue a buscar su auto para llevarme al hospital y se olvida de que en la calle Buenos Aires hay un portón. Entonces da la vuelta por la calle Mendoza, y se encuentra con otro portón. Se tiene que volver, llegar hasta el cementerio y bajar. De los 25 metros que nos separan las casas, ella tuvo que hacer 13 cuadras para poderme asistir. La demora ocasionó que, en vez de llegar a los 20 minutos al hospital, llegara a la hora. En una persona común es malo, pero en una persona con antecedentes de dos cánceres es peor. Hemos pasado un momento muy feo», relató Claudia en diálogo con Canal 10 de Córdoba.

Vecinos y vecinas llevan meses protestando contra esta medida. Inicialmente, habían cuestionado la estigmatización de los barrios y la dudosa efectividad para combatir el delito de una medida inédita en el país. 

Ahora, además, se suman problemas basados en la evidencia del experimento: riesgos de circulación —obliga a transitar por sectores con falta de iluminación y mantenimiento—, demoras en emergencias y todo tipo de inconvenientes en la vida cotidiana de los habitantes de esas zonas excluidas.

«La seguridad no solo se trata de asaltos o intrusiones domiciliarias; también existen las catástrofes climáticas, cuestiones sanitarias, seguridad vial y el buen estado de los espacios verdes. Imaginemos que vuelve a pasar una inundación como la de 2015, con los portones cerrando el paso de ambulancias, patrullas de evacuación y vecinos que intentan protegerse; sería una situación absolutamente descabellada», sostuvo el abogado Hugo Mariano Yagüe, habitante de la localidad.

Yagüe es además representante legal de la agrupación de vecinos autogestionados que llevó el caso a la Justicia y denunció que las obras violaban las garantías a la libertad de circulación y tránsito contenidas en la Constitución Nacional.

El año pasado, presentaron un recurso de amparo colectivo para frenar la zonificación forzada, pero la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación de la Capital rechazó la cautelar al considerar que no hubo vulneración de derechos.

No satisfechos, los vecinos reunieron más denunciantes -son más de 120- y apelaron al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde se encuentra actualmente el expediente.

«La Justicia es responsable. Como vecinos autoconvocados, llevaremos otra vez esta situación a consideración de quienes deben resolver en definitiva, la suerte, la salud y los derechos de los vecinos de Villa Allende, afectados por una gestión municipal indiferente que daña más de lo que resuelve», expresaron desde el colectivo Vecinos Autoconvocados Villa Allende.

En sintonía opinaron desde el Movimiento Vecinal Villa Allende: «El proceso judicial aún no ha concluido y seguimos a la espera de una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia. Mientras tanto, seguiremos participando de este debate con respeto, aportando argumentos y promoviendo el diálogo. Creemos que las mejores decisiones se toman escuchando todas las voces, especialmente aquellas que plantean miradas diferentes».

4Palabras