El último informe del INDEC para el mes de marzo muestra una caída de 5,1% en las compras a supermercados, con respecto al mismo mes del año pasado. En tanto, para los autoservicios mayoristas la caída interanual es aún mayor, del 7,2%.  El consumo se contrae a la par que se siguen deprimiendo los ingresos de gran parte de la población a partir de salarios congelados o de haber migrado hacia empleos más precarios en un contexto donde la inflación sigue presente.  También cae la cantidad de personas ocupadas en el sector, un 2,3% y un 7,4% respectivamente.  Esto contrasta con los números que festeja el gobierno que muestran un crecimiento de la actividad económica.  El esfuerzo que se le pidió a la población parece haber tenido como único efecto aumentar las ganancias de unos pocos sectores.  El clima social exhibe cada vez más hartazgo y desesperación.

Esta contracción del consumo se refleja en la recaudación fiscal, que cae poniendo en riesgo el superávit que el gobierno precisa para sostener la política económica y las metas con el FMI.  Esa relación entre consumo y caída de la recaudación es directa por el carácter regresivo de nuestro sistema impositivo que hace depender gran parte de los ingresos de los impuestos al consumo. El gobierno no se muestra interesado en compensarlo con impuestos progresivos al patrimonio o a las ganancias, ni pretende avanzar con retenciones a las exportaciones agropecuarias.  Por lo tanto, su única respuesta es ajustar más a las clases medias, trabajadores y jubilados que ya vienen padeciendo sus políticas económicas.

Discursivamente, el presidente Javier Milei se enreda en una cruzada cultural para desprestigiar a John Maynard Keynes.  Sin embargo, el keynesianismo salvó las democracias liberales de la crisis del capitalismo de la década de 1930, y permitió la instalación de sociedades de consumo con pleno empleo y amplias clases medias.  Fue el fundamento del Estado de Bienestar y en los países donde este ha evolucionado, como en el capitalismo escandinavo, muestra sociedades más igualitarias que articulan inclusión social con medio ambiente.

Los libertarios siguen dando por sentado la ley de Say, según la cual, cada aumento en la producción -oferta- genera un aumento proporcional en la demanda.  Por lo tanto, sólo se precisa beneficiar a los grandes empresarios y la bonanza vendrá sola.  Las objeciones planteadas por Keynes a esa ley permitirían observar que si el crecimiento económico queda acotado a unos pocos sectores que no invierten en diversificar la producción, sino que fugan la ganancia al exterior, no se genera una distribución que motorice el consumo.