Una resolución del ministro de Defensa le restableció a las Fuerzas Armadas la posibilidad de hacer contrainteligencia, tarea que le estaba expresamente prohibida por una medida adoptada en el 2006 por la entonces ministra Nilda Garré. Se argumenta que la determinación precedente estuvo basada en “un criterio doctrinario de fuerte sesgo ideológico”. Siguen vedadas las actividades de inteligencia vinculadas a personas, organizaciones políticas, sociales, sindicales o actividades lícitas ajenas al ámbito de la defensa nacional.

Redacción 4Palabras

Con el argumento de que existe “un contexto internacional atravesado por conflictos, amenazas híbridas y crecientes disputas estratégicas” y que, por ese motivo, “resulta necesario que nuestro país cuente con un Sistema de Defensa preparado para proteger sus capacidades, su soberanía y su estabilidad” el Ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, decidió volver a otorgarle a las Fuerzas Armadas la capacidad de realizar contrainteligencia y dispuso que todo el sistema de inteligencia quede bajo el control funcional de la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto.

Las Fuerzas Armadas argentinas estuvieron impedidas de realizar tareas de inteligencia interior y contrainteligencia desde julio de 2006, cuando la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, a través del decreto reglamentario N° 727/2006 limitó su accionar exclusivamente a amenazas militares externas.

Ahora Presti, siguiendo lineamientos del presidente Javier Milei, decidió dejar sin efecto aquella medida y mediante la resolución 323/2026 determinó que los militares podrán hacer tareas de contrainteligencia. Según el ministerio de Defensa de esta manera “se corrige una situación excepcional que no existe en sistemas de defensa modernos” porque, dice, “ningún país que deba proteger sus capacidades militares separa las funciones de inteligencia y contrainteligencia”.

Para las actuales autoridades de Defensa la medida ahora derogada estuvo basada en “un criterio doctrinario de fuerte sesgo ideológico” que limitó las posibilidades de las Fuerzas Armadas de atender de manera adecuada las posibilidades de posibles amenazas externas.

Lo que ahora se resuelve está en línea con la política que viene desarrollando el gobierno de Javier Milei otorgando cada vez más atribuciones a los militares mientras insiste en los riesgos que puede enfrentar Argentina en materia de seguridad.

Según el ministerio de Defensa de esta manera “se corrige una situación excepcional que no existe en sistemas de defensa modernos” porque, dice, “ningún país que deba proteger sus capacidades militares separa las funciones de inteligencia y contrainteligencia”.

El ministerio de Defensa argumenta que la anterior determinación entrañaba el riesgo de generar “grandes vulnerabilidades frente a operaciones externas de influencia, obtención de información sensible y acciones dirigidas a afectar personal, infraestructura y capacidades militares” de la Argentina.

La resolución se encuadra dentro de “un proceso más amplio de modernización, integración y coordinación del Sistema de Inteligencia Nacional” que, a partir de la resolución estará integrado por la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas y las direcciones generales de Inteligencia del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea”. Señala expresamente que la nueva normativa “fortalece la conducción conjunta y establece mecanismos explícitos de control y coordinación institucional a través de la SIDE” y bajo la supervisión de la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto.

De esta manera, afirma el Ministerio de Defensa, “la Argentina avanza en la modernización de su sistema de defensa y adecua sus capacidades de inteligencia militar a los desafíos del escenario internacional actual”. Se logra así, sostiene, “fortalecer herramientas de prevención, coordinación y protección constituye una condición necesaria para defender la soberanía, preservar la estabilidad y garantizar la capacidad de respuesta del instrumento militar frente a las amenazas del siglo XXI”.

Sin embargo, la comunicación del ministerio de Defensa deja en claro que “la normativa mantiene expresamente las prohibiciones vigentes respecto a actividades de inteligencia vinculadas a personas, organizaciones políticas, sociales, sindicales o actividades lícitas ajenas al ámbito de la defensa nacional;” si bien “plantea una adecuación a la evolución tecnológica actual, donde prima un aumento de las operaciones en el campo de lo cognitivo, en un escenario internacional complejo, que obliga a modernizar permanentemente las capacidades de defensa y protección del instrumento militar”.

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