Argentina / 14 febrero 2026

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La trampa del asfalto: las rutas nacionales están cada vez peor

El deterioro ya afecta al 29% de la red. En 2025, el Gobierno ejecutó solo el 46% de los fondos específicos del impuesto a los combustibles para priorizar el superávit, encareciendo la logística y poniendo en riesgo la seguridad vial de todos los argentinos.

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Rutas con pozos

El estado de las rutas nacionales en Argentina enciende señales de alarma y genera obstáculos cada vez mayores para la producción y el turismo. Lo que en diciembre de 2023 comenzó como un freno a las nuevas obras, se transformó en un deterioro acelerado de la infraestructura existente. Pozos, grietas, ausencia de marcaciones, falta de luminaria y banquinas devoradas por la maleza son hoy la regla.

Según datos del Instituto Argentina Grande, el retroceso es medible. Desde la asunción de Javier Milei, las rutas nacionales en mal estado pasaron del 23% durante la gestión anterior al 29% actualmente, lo que representa un salto de 6 puntos porcentuales. Al mismo tiempo, los kilómetros de rutas en buen estado cayeron del 54,9% al 47,5%, perdiendo más de 7 puntos de la red vial óptima.

Este escenario no es casual. El informe destaca una “desidia planificada”. Durante 2025, el Estado nacional ejecutó solo el 46% de los fondos con afectación específica derivados del impuesto a los combustibles. En términos concretos, el dinero que los ciudadanos pagan al cargar nafta para mantener las rutas se utilizó para lograr el “superávit fiscal” en lugar de bachear o señalizar.

La falta de mantenimiento no solo impacta en el costo logístico y el flete, sino que tiene un correlato directo en accidentes viales. Aunque no hay cifras oficiales actualizadas, especialistas estimaron que ya en 2024 los siniestros fatales habían aumentado un 25% respecto al año anterior. 

Un informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) identifica las “maniobras bruscas” como la segunda causa de choques (38,6%). El mal estado de la calzada —desniveles y baches— es el principal detonante de estas maniobras que terminan en tragedia. Como advierte la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la inacción actual es financieramente irresponsable: reparar una ruta destruida cuesta 10 veces más que realizar el mantenimiento preventivo a tiempo.

Para el país, el mal estado de las rutas nacionales es una pérdida de competitividad brutal. Una ruta rota es un flete más caro, y un flete más caro es, inevitablemente, un aumento en el precio de la comida que llega a la góndola. La ineficiencia logística es un impuesto oculto que deben pagar todos los argentinos.

Durante 2025, el Estado nacional ejecutó solo el 46% de los fondos con afectación específica derivados del impuesto a los combustibles. En términos concretos, el dinero que los ciudadanos pagan al cargar nafta para mantener las rutas se utilizó para lograr el “superávit fiscal” en lugar de bachear o señalizar.

Luego de dos años de parálisis casi total, el gobierno ensaya ahora una receta conocida: la concesión. Este 6 de enero se firmaron los contratos para la Red Federal de Concesiones, entregando 741 kilómetros de los tramos estratégicos (Autovía del Mercosur y Conexión Alto Delta) a manos privadas.

Las fuentes oficiales celebran la gestión de las rutas 12, 14 y el enlace Rosario-Victoria como un hito de “integración regional”. La pregunta que queda flotando es: ¿Qué pasará con los miles de kilómetros que no son rentables para el mercado? ¿Cuál es el costo de un país que decide que su infraestructura solo vale la pena si genera un dividendo empresarial, mientras el resto del mapa se desmorona en el olvido?

 

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